Yuridia en problemas judiciales: le niegan amparo contra aprehensión
La mexicana podría ser arrestada si alguna autoridad lo solicita
Yuridia está en problemas legales. Crédito: Mezcalent
La cantante Yuridia, quien se diera a conocer en el programa de La Academia, presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, tanto la FGR como diversos juzgados de distrito informaron al juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, quien tramita la demanda de amparo, que por el momento no existe ninguna orden de aprehensión, detención o presentación contra la intérprete, según los acuerdos publicados en las listas judiciales.
Al no existir un acto de autoridad del que deba ser protegida legalmente, Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, negó este lunes la suspensión definitiva a la cantante cuyo nombre completo es Yuridia Francisca Gaxiola Flores.
Estos amparos son conocidos coloquialmente como “buscadores”, pues su propósito es que las autoridades lleven a cabo una búsqueda e informen al quejoso si es o no perseguido por la justicia.
Yuridia amplió su demanda de amparo en días recientes contra otras autoridades y en breve le fijarán la fecha de una nueva audiencia incidental en la que se definirá por segunda ocasión si suspenden o no en definitiva un posible mandato de captura.
Este amparo lo promovió la cantante desde el pasado 27 de septiembre e inicialmente se le concedió la suspensión provisional mediante el pago de una garantía de 3 mil pesos.
Al corroborarse que la FGR y algunos jueces no tenían conocimiento de ninguna orden judicial o ministerial en su contra, se le negó la suspensión definitiva, pues no había acto alguno del que debiera ser protegida.
Por ahora, la intérprete y sus abogados estarán a la espera de que otras autoridades rindan sus informes previos y justificados al juez Mejía Ojeda, para que se corrobore en otros juzgados e instancias gubernamentales si existe un mandamiento privativo de libertad en su contra.
