Tyson Foods suspende sin sueldo a sus gerentes por hacer apuestas entre ellos de cuántos trabajadores de la empresa se enfermarían de COVID-19
La compañía informó que llevará a cabo una investigación independiente dirigida por el exfiscal general Eric Holder
Tyson Foods produce el 20 por ciento de carne de cerdo, vacuno y pollo en Estados Unidos. Crédito: David Ryder | Getty Images
Tyson Foods Inc., ha suspendido a los gerentes de una planta de Iowa acusados de participar en una apuesta sobre cuántos empleados se enfermarían al contraer COVID-19.
La suspensión se produce un día después que la familia de Isidro Fernández, quien trabajó en la planta de cerdos antes de morir por complicaciones de COVID-19 el 26 de abril, presentó una demanda que alega negligencia por parte de la compañía en la planta de Waterloo.
El director ejecutivo de Tyson Foods, Dean Banks, dijo que estaba “extremadamente molesto” por los reclamos. El directivo afirmó que si se confirman las acusaciones “tomaremos todas las medidas necesarias para erradicar y eliminar este comportamiento perturbador de nuestra empresa”.
“Hemos suspendido sin pago, a las personas supuestamente involucradas y hemos contratado a la firma de abogados Covington & Burling LLP para llevar a cabo una investigación independiente dirigida por el exfiscal general Eric Holder”, dijo Banks, según un reporte de la agencia AP.
La planta de Waterloo es la mayor instalación porcina del país y emplea a 2,800 trabajadores. Las instalaciones de Tyson han experimentado brotes de coronavirus causando el cierre temporal de algunas de ellas.
Desde que comenzó la pandemia, según los archivos de la corte, más de 1,000 empleados de la planta de Waterloo han sido infectados con COVID-19. El sitio Business Insider documentó hasta mayo cerca de 4,600 casos y por lo menos 18 muertes registradas. Un conteo realizado por Leah Douglas de la Red de Información sobre Alimentación y Medio Ambiente, señaló que hasta julio por lo menos 10,000 empleados habían contraído COVID-19.
La apuesta
Según los documentos del tribunal, los supervisores de la empresa fueron instruidos por los acusados para negar la existencia de casos confirmados o de pruebas positivas dentro de las instalaciones de la planta de Waterloo en marzo.
La demanda señala que los gerentes transfirieron empleados entre las plantas después de que algunos dieron positivo a las pruebas de coronavirus sin exigirles que se pusieran en cuarentena.
Entre marzo y mediados de abril, los líderes de Tyson se negaron a cerrar la planta. Fue en ese tiempo cuando Tom Hart, el gerente de la planta de Waterloo y demandado, organizó una apuesta en efectivo y el ganador se llevaría todo para que los supervisores y gerentes apostaran cuántos empleados darían positivo en la prueba de COVID-19, según menciona la demanda.
Los empleados se quejaron de la falta de equipo de protección personal y de ignorar las políticas de distanciamiento social y de un rigor en la toma de temperatura con precisión. La demanda señala que los empleados que no hablaban inglés creyeron de manera errónea que podrían regresar al trabajo aún cuando estaban enfermos.
La empresa ofreció $500 dólares en bonos de agradecimiento a los empleados que se presentaron en cada turno programado durante tres meses, según los documentos presentados. El jueves Banks dijo en una declaración que la compañía “ha invertido cientos de millones de dólares para transformar las instalaciones”, incluyendo la planta de Waterloo.
Tyson finalmente suspendió el trabajo en la planta el 22 de abril, 10 días después que más de dos docenas de empleados fueron internados en una sala de emergencia de un hospital.
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El cabildeo
Los documentos de la corte mencionan que en marzo, ejecutivos de alto nivel cabildearon con integrantes del Congreso, funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al presidente Donald Trump, para que se les protegiera de los esfuerzos de mitigación ante la COVID-19.
Además se señala que los directivos presionaron a la gobernadora Kim Reynolds para que emitiera una orden ejecutiva que estableciera que solo el gobierno estatal y no los gobiernos locales tenían la autoridad para cerrar las empresas en el noreste de Iowa, donde se encuentra la instalación de Waterloo, según lo reportó la NPR en abril.
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