Demanda federal contra DeSantis en Florida por enviar migrantes a isla Martha’s Vineyard en Massachusetts bajo supuestos engaños
Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, bajo el que se trasladó a casi 50 migrantes -en su mayoría venezolanos- de San Antonio a la isla en septiembre pasado, es inconstitucional
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia en Las Vegas, Nevada. Crédito: Scott Olson | Getty Images
MIAMI – El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado en un tribunal floridano por el envío de inmigrantes venezolanos desde Texas a una isla de Massachusetts, estado donde ya enfrenta una demanda por ese mismo motivo.
El Southern Poverty Law Center y organizaciones defensoras de los inmigrantes como Florida Inmigration Coalition informaron de que la demanda fue interpuesta en los tribunales federales de Miami este jueves contra el gobernador y el secretario de Transporte de Florida, Jared W. Perdue.
Los demandantes sostienen que el programa de reubicación de inmigrantes de Florida, dotado de $12 millones de dólares y bajo el cual se trasladó a casi 50 migrantes, en su mayoría venezolanos, de San Antonio (Texas) a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado, es inconstitucional.
Florida está “usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración”, alegan.
La demanda argumenta también que el programa es discriminatorio y constituye una muestra de “acoso de inmigrantes patrocinado por el estado por motivos de raza, color y origen nacional”.
“La Constitución es clara: el poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al gobierno federal, no a los estados”, dijo Paul Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center, en un comunicado.
“El programa del gobernador DeSantis y el estado de Florida para usar fondos de los contribuyentes para la ‘reubicación’ de ‘extranjeros no autorizados'” es un intento descarado e ilegal de hostigar a los inmigrantes a nivel estatal”, subrayó.
Cuando se conoció el envío de los inmigrantes a Martha’s Vineyard y estalló la polémica, DeSantis defendió su decisión como una respuesta a la política migratoria del Gobierno del presidente Joseph Biden, que, a su juicio, deja las fronteras de EE.UU. “abiertas” a extranjeros sin permiso para radicarse en el país.
También dijo que los inmigrantes captados en Texas tras solicitar asilo político en la frontera viajaron a Martha’s Vineyard voluntariamente, pero los que abordaron el vuelo pagado por Florida dijeron ante la justicia de Massachusetts haber sido engañados.
Hasta ahora solo ha habido un vuelo de reubicación, con un coste de más de $1.5 millones de dólares, pero DeSantis prometió gastar los $12 millones que el Congreso de Florida asignó a ese programa.
En la demanda colectiva planteada por una organización pro derechos civiles en los tribunales federales de Massachusetts se acusa a DeSantis y otros funcionarios de Florida de violar los derechos de los inmigrantes con “falsas promesas y tergiversaciones” para que abordasen los vuelos.
El organismo de control del Departamento del Tesoro de EE.UU. investiga, por su parte, si el gobernador usó indebidamente dinero relacionado con el alivio federal de COVID-19 para pagar los vuelos.
En Texas, un alguacil abrió una investigación sobre el vuelo desde San Antonio y en Florida el senador estatal demócrata Jason Pizzo planteó una demanda para evitar que DeSantis use más dinero en la reubicación de inmigrantes, pero fue desestimada por motivos técnicos.
Pese a esta polémica y otras por su agenda ultraconservadora, los votantes de Florida le dieron a DeSantis cuatro años más de mandato en las elecciones intermedias celebradas en noviembre.
Las encuestas previas a la cita con las urnas mostraron que la mitad del electorado estaba de acuerdo con la reubicación de inmigrantes en estados y ciudades dominadas por los demócratas que persigue el programa de DeSantis.
El gobernador no ha desvelado aun si competirá por la nominación presidencial republicana en 2024, algo que los analistas dan por seguro en razón de varios indicios, entre ellos un plan para cambiar una ley estatal que, de ser aprobado, le permitirá no tener que renunciar a la gobernación mientras pelea por ser el candidato a la Casa Blanca.
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