Abogados del congresista George Santos pidieron que se mantuviera el anonimato de quienes pagaron su fianza de medio millón de dólares

Los abogados del congresista republicano George Santos, a quien se le imputaron 13 cargos federales en una corte de Nueva York, introdujeron una moción para solicitar que los tribunales mantengan el anonimato de las tres personas que ayudaron a Santos con su multa de medio millón de dólares, la cual le fue impuesta por su caso criminal. Así lo informó el portal de noticias CBS News.

Los defensores de Santos argumentaron que las tres personas que ayudaron al congresista “podrían sufrir de estrés, podrían perder sus trabajos e incluso, Dios no lo quiera, podrían ser perjudicados físicamente“.

La moción de Santos, reseñada por CBS News, indicó que: “No hay dudas de que los fiadores sufrirán alguna forma innecesaria de retaliación si sus identidades y sus empleos son revelados”.

La solicitud de la identidad de los fiadores de Santos fue hecha por medios de comunicación a la juez federal Anne Y. Shields, quien ordenó a Santos responder acerca de este tópico para este lunes a las 5:00 PM. Los medios de comunicación solicitaron esta información citando la Primera Enmienda y el derecho al acceso a la información por parte de la ciudadanía.

“El interés público en esta cuestión no puede ser ignorada. Un congresista estadounidense ha sido acusado de fraude financiero, el cual está vinculado con su elección para la Casa de Representantes de Estados Unidos”, indicó la moción introducida por un consorcio de medios de comunicación.

“La supuesta conducta criminal (de Santos) supone un desafío a la integridad de nuestras instituciones democráticas. Y la decisión de mantener la identidad de sus fiadores en el anonimato y escondida del público solo exacerba ese desafío“, dice la moción.

Asimismo, el Comité de Ética de la Casa de Representantes, que también está investigando a Santos, también solicitó saber la identidad de los individuos que lo ayudaron a pagar la fianza.

Santos actualmente enfrenta 13 acusaciones federales. Siete cargos por fraude, tres cargos por lavado de dinero, un cargo por robo de fondos públicos y dos cargos por hacer declaraciones falsas ante la Cámara de Representantes.

De ser hallado culpable, el congresista podría ser sentenciado a pasar hasta 20 años en prisión solo por las acusaciones más graves.

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