¿Qué dice la demanda federal de la ACLU en Puerto Rico contra la CEE por fecha límite de registro de electores?
Los demandantes se amparan en el Código Electoral del 2020 para sostener que el proceso debe cerrar 30 días antes de la elección y no 45, como alega la CEE
Boricuas esperan en una sala en el centro de inscripción habilitado por un día en el centro comercial San Patricio en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Esther Alaejos | EFE
Nueva York – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico para que los electores tengan hasta el 6 de octubre para registrarse para votar en las elecciones generales del 5 de noviembre, o 30 días antes de los comicios.
La demanda civil presentada el 22 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico es en representación de Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López.
El recurso legal, que solicita una orden de restricción temporal (TRO), así como medidas cautelares preliminares, permanentes y una Sentencia Declaratoria contra Jessika Padilla, presidenta alterna de la CEE, se presentó luego de que el juez Raúl Candelario, del Tribunal de San Juan, declaró no ha lugar un recurso de revisión presentado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Los argumentos del juez para fallar en contra del MVC fueron que la petición se realizó fuera del término que concede el Código Electoral y que extender el plazo de inscripción podría afectar la organización de los comicios en sí.
La CEE cerró los procesos de registro electoral el 21 de septiembre luego de extender el horario de operaciones hasta las 12 de esa noche ante la afluencia de ciudadanos que continuaban llegando a inscribirse.
Los demandantes se amparan en el Código Electoral del 2020 para sostener que el cierre del proceso debe ser 30 días antes de la elección general, que correspondería a la fecha del 6 de octubre, y no 45 días antes, como alega la CEE haciendo referencia a su calendario.
Los abogados de la ACLU citan el “Artículo 5.11. de Fechas Límites para Transacciones Electorales” para defender su argumento. El inciso lee como sigue: “Ciclo Electoral Cuatrienal de la Elección General 2024: (a) A partir de este ciclo, no se autorizará la inscripción, la reactivación, la transferencia y tampoco la reubicación de ningún Elector para la Elección General de 2024 y las sucesivas, a partir de los treinta (30) días previos a esta. (b) Se garantiza el derecho absoluto del elector a votar en el Precinto y la Unidad Electoral de su inscripción cuando el cambio de domicilio a otro Precinto o Unidad Electoral ocurra dentro dentro de los treinta (30) días anteriores a la Votación”.
La CEE alegadamente planteó, durante el proceso judicial de revisión administrativo, que bajo su calendario la fecha establecida para tener la lista final de votantes registrados era el 11 de octubre.
“Esto muestra lo irrazonable de las medidas tomadas por la CEE mientras limitan la fecha de registro a 45 días en lugar de los 30 antes del día de las elecciones establecido por ley”, plantearon los demandantes.
Alegan violación a Primera y Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos
A juicio de los denunciantes, las políticas de registro implementadas por la CEE privan de sus derechos a miles de electores hábiles dejándolos fuera de las listas de esa oficina.
La negativa de la Comisión de extender la fecha además viola la Primera y Decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, argumentaron los peticionarios.
“La Primera y Decimocuarta enmiendas de la Constitución protegen el derecho al voto como uno fundamental. Las garantías de la Primera Enmienda sobre la libre expresión y asociación protege el derecho al voto y a la participación en el proceso político. El derecho al voto es un derecho constitucionalmente fundamental que también está protegido tanto por las cláusulas del debido proceso e igual protección de la Decimocuarta enmienda”, señala la parte demandante.
La “negligencia” de la CEE
“A la luz del texto del Código Electoral de Puerto Rico, las políticas y restricciones de voto, tal como se aplica en la elección general de noviembre de 2024, constituyen una carga severa al derecho al voto. Estos requisitos probablemente evitarán a miles de electores emitir votos durante la elección general debido a la negligencia de la administración de la CEE y su fracaso en implementar eficientemente el Código Electoral del 2020 poniendo en peligro los derechos de miles de votantes”, cuestionan.
En el recurso además se critica la adopción con retrasos significativos y de manera mediocre del sistema de registro electrónico (eRE) en julio de 2022.
La campaña para promover el trámite por la vía digital inició en agosto pasado, detalla el documento.
“La plataforma ha rechazado aplicaciones y documentos, dejando a más de 81,000 solicitantes todavía esperando por confirmación del sistema electrónico de que se han registrado exitosamente. La situación se ha complicado por interrupciones en el sistema eléctrico en las Juntas de Inscripción Permanente (JIPs)—donde los ciudadanos se tienen que registrar en personas—y retrasos que estropearon las registraciones de votantes en la Universidad de Puerto Rico”, enumeraron.
Más se registraron durante la pandemia que en este ciclo electoral
En ese sentido, la demanda añade que, incluso, durante la pandemia por coronavirus, Puerto Rico registró una cantidad mayor de votantes en comparación con los números hasta el 21 de septiembre.
El texto legal además vincula la acumulación de casos a la falta de acción de la CEE cuando tomó la decisión de detener, por los pasados tres años, los esfuerzos de visitas a escuelas secundarias para promover el registro de votantes.
El cierre de las Juntas de Inscripción Permanente y la falta de personal
Otro asunto traído a la atención en la demanda es el cierre de un 80% de las JIPS.
“Luego de las provisiones del Código Electoral del 2020, las JIPs fueron claramente cortadas en un 89% a 10 de las 110 previas”, especifica el recurso.
Los demandantes además mencionan la falta de personal en la CEE para implementar los cambios contenidos en el Código Electoral.
El Diario contactó este lunes al equipo de prensa de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, para solicitar una entrevista sobre este y otros temas, pero no hemos recibido respuesta.
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