Activistas en Puerto Rico y Washington defienden cumbre pro estadidad en la capital federal

Nueva York – Varias organizaciones encabezadas por Puerto Rico Statehood Council (PRSC) y activistas en su carácter personal resaltaron lo que consideran los logros de la Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico en la capital federal realizada la semana pasada para impulsar los resultados del más reciente plebiscito criollo en el territorio.

El PRSC trabajó en coordinación con la administración de la gobernadora Jenniffer González y la oficina de PRFAA (Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C.) para movilizar a simpatizantes de esta opción de estatus en los estados, algunos de los que forman parte de la llamada “delegación extendida”.

George Laws García, director ejecutivo de PRSC, dijo mediante un comunicado que el esfuerzo es importante, ya que el Congreso debe responder a la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños que se han pronunciado en cuatro ocasiones desde el 2012 en contra del estatus territorial y a favor de la estadidad.

En la consulta no vinculante del pasado 5 de noviembre, mismo día de las elecciones generales, un 58.61% de los electores votó a favor de la estadidad; mientras que la libre asociación, obtuvo un 29.57%; y la independencia, el 11.82%.

Según el activista, “la estadidad proveerá representación federal a Puerto Rico, iguales derechos y responsabilidades, así como total protección bajo la Constitución federal. La estadidad también beneficiaría a Estados Unidos al incrementar el gobierno interestatal y reforzar la seguridad nacional. En palabras simples, un Puerto Rico fuerte y próspero será vital para proteger la frontera de EE.UU. en el Caribe y la competitividad económica en un momento de creciente presencia de China en regiones de la Latinoamérica y el Caribe”.

Sobre los resultados específicos de la cumbre mencionó que, adicional a más de 80 reuniones en oficinas congresionales, más de 57 organizaciones y activistas en Puerto Rico y en siete estados enviaron una carta en la que urgen a los líderes del Congreso a impulsar legislación como el H.R. 8393 o “Puerto Rico Status Act”, aprobado en el 2022 en la Cámara de Representantes, y que proponía un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

El comunicado incluye una carta que estadistas enviaron a los principales líderes del Comité de Recursos Naturales de la Cámara y el de Energía y Recursos Naturales del Senado en la que hacen referencia a los resultados de la votación de noviembre y abogan por la introducción y aprobación de legislación que viabilice un proceso vinculante para resolver el estatus de Puerto Rico.

Los suscribientes plantean que a pesar de que el plebiscito del 2024 fue un ejercicio válido de autodeterminación, “el Congreso todavía tiene que tomar acción para implementar un cambio de estatus”.

“Las opciones en la boleta del plebiscito del 2024 eran idénticas a las opciones propuestas en el compromiso legislativo histórico entre grupos de interés federales y locales, la Ley de Estatus de Puerto Rico. El PRSA reconoce la responsabilidad del Congreso de atender este asunto y habilitar el futuro estatus político entre las opciones viables constitucionales y no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación”, expusieron.

Argumentaron que la exclusión del actual sistema de gobierno territorial (Estado Libre Asociado o ELA) fue en reconocimiento a la decisión de los votantes en los plebiscitos previos.

De acuerdo con los estadistas, la Cámara de Representantes ha aprobado tres legislaciones para resolver el estatus de Puerto Rico desde el 1998.

“Sin embargo, ninguna propuesta ha pasado el Senado o se ha convertido en ley para definitivamente resolver este asunto. El fracaso del Congreso para actuar no solo ignora las contribuciones y sacrificios de los ciudadanos estadounidenses que llaman a la ‘Isla del Encanto’ hogar, pero también debilita a EE.UU. al no cumplir con su valor fundacional de gobierno por consentimiento del gobernado. Limita la capacidad de Puerto Rico para alcanzar competitividad económica al mantenerla en un campo de juego desigual, y además pone en peligro la seguridad nacional de EE.UU. al dejar a Puerto Rico débil en un momento de aumento en la presión de China en regiones de Latinoamérica y el Caribe”, plantearon.

Algunos de los líderes y activistas que suscribieron la carta fueron: Irma Rodríguez, presidenta de Puerto Rico Escogió Estadidad; Luz “Lucy” Arce, presidenta de “Retirees for Statehood”; Victor Pérez, director de “Veterans for Puerto Rico Statehood”; María Rivera alcaldesa de la ciudad de Central Falls, en Rhode Island; y Dennis Freytes, coordinador jefe de “Patriots for U.S. Veterans – PR Equal Rights”.

Por su parte, el exrepresentante del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico, José Enrique Meléndez, dijo a El Diario que los esfuerzos en el Congreso recibieron mayor atención de lo que se esperaba.

“La información que yo tengo de la cantidad de oficinas y de la gente con la que se pudo tener contacto en Washington, a través de la cumbre que la gobernadora manejó en Washington, y mis conversaciones con compañeros que fueron, me parece a mí que encontraron un ambiente mucho más receptivo de lo que ellos esperaban. Hay que reconocer y es importante decirlo”, señaló el exlegislador quien cabildeó en Washington por asuntos relativos a la isla durante su estancia en la Cámara.

El abogado argumentó que fue tal el efecto de la cumbre que la misma provocó preocupación en el sector independentista, y llevó a que simpatizantes de esta opción divulgaran una propuesta de orden ejecutiva que impulsa una transición hacia la soberanía en Puerto Rico.

“Eso provocó alguna preocupación en el sector independentista y sacaron este asunto para afuera para buscar la forma de crear la discusión”, consideró sobre el borrador de orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico que generó mayor discusión a partir del viernes pasado.

El analista político además señaló que, en Puerto Rico, los medios no le dieron una “cobertura grande” a la cumbre, por supuestamente ser de “corte izquierda”.

“Eso no pasó. Eso hay que reconocerlo. No cubrieron los medios el éxito de la cumbre, pero si cubrieron desesperadamente (el borrador de orden ejecutiva pro independencia)…”, planteó el también exvicepresidente del Partido Republicano en Puerto Rico.

PRFAA indicó desde sus cuentas en redes sociales que funcionarios del gobierno de Puerto Rico habían mantenido múltiples reuniones en el Capitolio federal como parte de la movilización por la cumbre que inició el 3 de marzo y se extendió hasta el día siguiente.

“Iniciamos el segundo día de la Cumbre de Igualdad y Estadidad con múltiples reuniones en el Capitolio federal. En esta ocasión, nos reunimos en la oficina del congresista Seth Magaziner (D-RI) junto a los representantes Omayra Martínez, Wilson Román, Jorge Navarro, Eddie Charbonier, Luis Jiménez, Wanda del Valle y el alcalde de Utuado, Jorge Pérez, para continuar avanzando el reclamo de igualdad para Puerto Rico”, destacó la oficina encargada de organizar las actividades en virtud de una orden ejecutiva firmada por la gobernadora.

Uno de los cuestionamientos de los opositores a la cumbre fue el gasto en fondos públicos para el traslado y hospedaje de los funcionarios.

Según un estimado del medio Rayos X este miércoles que no es una cifra oficial, la participación de los cerca de 200 estadistas pudo haber costado unos $421,314 o $2,106.57, en promedio, por persona.

Legisladores, alcaldes y jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico formaron parte de la comitiva que se trasladó a Washington D.C. para abogar por la estadidad.

Este número surge de una comparación con gastos previos de funcionarios en viajes similares con base en boletos aéreos, dietas, hospedaje y transportación terrestre.

PRFAA no ha especificado la cantidad de dinero público desembolsado.

En declaraciones a El Vocero previo al evento, el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, José “Pichy” Torres Zamora, dijo que, como era una actividad de carácter oficial, los asistentes podrían solicitar que se le cubrieran los gastos con fondos del gobierno, pero que, de todas formas, debían costear ciertas cosas.

“Una vez el viaje es determinado por el presidente (del partido), que es oficial y autorizado, todos los gastos relacionados con el viaje van contra el fondo de la Cámara -en el caso de la Cámara- o fondos del Senado, o en el Ejecutivo, contra el fondo ejecutivo de la agencia… Lo que te digo que es híbrido (los gastos), es porque la naturaleza de los viajes también provoca que uno tenga otros gastos. Hay quien dice que todo se lo pagan, no todo se lo pagan, nosotros tenemos que pagar ciertas cosas”, declaró el portavoz.

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