Abogado que redactó borrador de orden ejecutiva pro independencia para Puerto Rico dice que programan segundas reuniones con congresistas

Nueva York – Rolando Emmanuelli, redactor del borrador de orden ejecutiva pro independencia para Puerto Rico, que llegó hasta la Casa Blanca, a miembros del gabinete del presidente Donald Trump y al Congreso federal, dijo que programan una segunda reunión con el senador de Utah, Mike Lee.

Personal de la oficina de Lee, quien además encabeza el comité de Energía y Recursos Naturales del Senado que examina asuntos relacionados con Puerto Rico, ya mantuvieron una reunión virtual con miembros del grupo para discutir el contenido de la propuesta de soberanía.

“Por ejemplo, Mike Lee, el senador que es presidente del comité de Energía, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Obviamente, las primeras reuniones son con el ‘staff’. Esa reunión fue muy interesante porque nos hicieron muchas preguntas y quedaron en darnos retroalimentación, y ya nos contactaron de la oficina para tener una segunda reunión”, compartió en entrevista con El Diario.

“Apenas nos escribieron ayer (miércoles) para pedirnos fechas y ver cómo podemos conciliar los calendarios”, agregó Emmanuelli al fungir como portavoz del grupo detrás de la propuesta de orden ejecutiva.

El abogado, especializado en casos de quiebra, añadió que además se reunieron con empleados de la oficina del portavoz de la mayoría republicana en el Senado, John Tune, que representa a South Dakota.

“Quedaron en darnos seguimiento, y estamos esperando para tener una segunda reunión virtual”, dijo.

El grupo también se adjudicó una reunión con el representante republicano de California Tom McClintock en la que el staff supuestamente recibió “con mucho interés los documentos”. “Le hicimos una serie de peticiones y quedaron en contestarnos…”, detalló el entrevistado.

Según el artífice, las cartas con el documento de la orden se enviaron el 24 de febrero, y, a la semana, ya se estaban reuniendo con empleados de las oficinas congresionales.

Como parte de la estrategia, el independentista reveló que planean encuentros presenciales en abril.

Agregó que continuarán presionando para reunirse también con personal de la Casa Blanca desde donde, hasta el momento, ningún representante ha respondido al emplazamiento de los activistas.

Trump acaba de cumplir dos meses como presidente. Sin embargo, no ha hecho mención pública sobre el caso de Puerto Rico ni cuáles son las prioridades en su agenda en términos del territorio.

Para Emmanuelli, lejos de ser desalentador para la iniciativa que representa, lo anterior es reflejo de que se asoma algo grande.

“Contrario a la gente que dice que Puerto Rico no está en el radar, yo pienso que es que están preparando un anuncio sobre Puerto Rico. Eso está en nuestras consideraciones, y, por eso tratamos de sacar este documento para que se tuviera un mapa de ruta, una hoja de ruta diferente a lo que podría presentarse por el PPD (Partido Popular Democrático) o el PNP (Partido Nuevo Progresista)”, anticipó.

Emmanuelli, junto a otros 15 aliados, se ha propuesto avivar el debate del estatus de Puerto Rico a nivel nacional en la coyuntura de la táctica de Trump de firmar órdenes ejecutivas para adelantar su política pública de recorte al gasto público. Muchos de estos decretos han sido impugnados en los tribunales bajo alegatos de inconstitucionalidad.

El abogado sostuvo que la propuesta del grupo de independentistas, contenida en el documento titulado “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia”, es un plan B ante lo que consideran una incapacidad del gobierno local para lidiar con los recortes de fondos que impulsa la Administración Trump, al tiempo que ataja el problema de la dependencia del territorio al financiamiento federal.

Según el puertorriqueño, buscan sacar provecho de los poderes que el presidente ha aplicado en varias instancias, pero para adelantar la discusión de la descolonización de Puerto Rico con una propuesta logística de independencia.

“En un análisis de coyuntura. El momento histórico en el que estamos aconseja a que seamos audaces, porque si no, la situación que le espera a Puerto Rico va a ser terrible”, anticipó.

“Ha habido una respuesta bien positiva de muchos sectores del independentismo, incluyendo el Partido Independentista (Puertorriqueño o PIP) que ha dicho que es una iniciativa interesante que hay que seguirle el rastro”, añadió.

A preguntas de este periódico, Emmanuelli confirmó que fue él quien sugirió optar por una propuesta de orden ejecutiva, además de redactar el documento, que el pasado 7 de marzo se popularizó en redes sociales a raíz de una filtración al tabloide británico Daily Mail.

“La iniciativa que me parece más novedosa es la de orden ejecutiva. Yo me propuse redactar la orden ejecutiva y preparé un borrador. Lo consulté con un profesor de derecho constitucional, el doctor Carlos Rivera Lugo. Trabajamos ese borrador y luego fuimos consultando con diferentes personas que fueron dando sus perspectivas sobre el documento hasta que, finalmente, logramos un grupo que, actualmente, son 16 personas. Luego de que nos sentimos satisfechos con el texto…entonces se envió por correo”, detalló.

Argumentó que el memo que desarrolló el activista soberanista de la diáspora Javier A. Hernández sirvió como base para la redacción de la propuesta de orden.

“Yo no participé en la redacción del memo. Javier me lo muestra a mí porque llevamos años colaborando en estos esfuerzos, y yo le digo que la opción que yo enfatizaría es la orden ejecutiva. Eso no ocurrió (en el caso del memo), pero me dio la idea (para la propuesta de orden ejecutiva)”, relató.

Emmanuelli aseguró que existe consenso en el grupo en cuanto a la estrategia de orden ejecutiva, ya que el documento ata los cabos sueltos en temas como el económico para encaminar una transición ordenada a la independencia en Puerto Rico.

“Nosotros somos independentistas. Creemos que hay que obtener la independencia porque es un derecho, no un privilegio, y como tal, lo que se ha trabajado siempre sobre el tema de Puerto Rico establece unas condiciones básicas para que Puerto Rico pueda encaminarse por sí solo. Entre esas condiciones, está lidiar con el tema de las relaciones bilaterales entre Puerto Rico y EE.UU., la migración, el libre flujo de personas puertorriqueñas, la ciudadanía, los fondos de transición, un tratado de libre comercio. El documento tiene un mérito bien importante, a mi juicio, y es que hemos logrado incorporar y atar todos los cabos sueltos que se discuten siempre aislados sobre este tema en un solo documento, y tiene la logística, cómo se puede hacer para que se dé una transición ordenada y rápida hacia la independencia. En eso, el grupo no tuvo problemas; todo lo contrario”, afirmó.

El activista argumentó que detractores de la propuesta son los mismos que sostienen el statu quo, muchos de los que no presentan alternativas para resolver realmente el problema del estatus.

“Los defensores del statu quo; los partidos tradicionales que han sostenido el régimen colonial están en brote, en una situación de histeria colectiva tremenda. Pero es que el problema en Puerto Rico no aguanta más. Y ellos no presentan ninguna alternativa tampoco”, catalogó.

El entrevistado reconoció que la estrategia de divulgación no se concretó de la forma en la que se había planeado, y que la intención era informar colectivamente sobre la propuesta una vez hubiera algún tipo de progreso.

“No debió ser la manera, porque nuestro interés era trabajar esto de manera sigilosa; enviar las cartas, hacer el trámite en el Senado y en la Cámara de Representantes, y, cuando tuviéramos alguna información que dar, algún dato, progreso, pues hacer el esfuerzo comunicativo. Pero, aquí, lo que realmente nos tiró un balde de agua fría es que sale por este periódico inglés, el Daily Mail, de que supuestamente había un grupo presionando al presidente Trump. Cuando el Daily Mail sale, apenas las cartas han llegado. Es información que creó toda una histeria colectiva, porque fue como si Trump ya tuviera (el borrador) de orden ejecutiva en el escritorio para firmarla, y eso no era cierto”, aseguró.

Emmanuelli añadió que la publicación reconoció en un artículo posterior que la filtración vino del Congreso.

“¿Por qué cuando se enviaron esas cartas no se hizo por ejemplo una conferencia de prensa (para decir) ‘miren, enviamos estas cartas con esta propuesta de orden ejecutiva, etc.’?”, preguntó El Diario.

“Porque entendimos que eso era adelantarles a los opositores de la iniciativa la oportunidad de ir al Congreso y al presidente a cabildear en contra de nosotros, y tratar de matar el proyecto en la raya”, respondió.

Los esfuerzos de los independentistas han sido cuestionados por varias razones. Una, porque, cuando la propuesta de orden ejecutiva circuló en redes sociales, algunos pensaron que se trataba de un documento auténtico de la Casa Blanca, ya que incluso incluía un espacio para la firma de Trump. Por otro lado, varios sectores han puesto en duda la viabilidad de la propuesta, ya que se trata de un borrador de orden administrativa y no un proyecto avalado por el Congreso.

La Constitución de Estados Unidos, mediante la Cláusula Territorial, establece que el Congreso tiene poderes plenarios sobre sus territorios, o, en otras palabras, que el Congreso es la entidad que gobierna a los territorios; en este caso, Puerto Rico.

Sobre esto, Emmanuelli planteó que la discusión general sobre la preeminencia del Congreso obvia los poderes del presidente estadounidense en cuanto al tema del estatus de Puerto Rico y la descolonización.

“La orden no es que vaya por encima del poder del Congreso. Lo que pasa es que la discusión tradicional ha ignorado otros poderes que tiene el presidente, y son precisamente los poderes que Trump está ejerciendo con mayor intensidad. Número 1, el presidente es el que ejerce la diplomacia en los EE.UU. El Tribunal Supremo ha dicho que, en términos de política exterior, EE.UU. habla por una sola voz y esa es la voz del presidente. ¿Qué significa eso? El presidente es el que reconoce los otros países, su soberanía; es a base de la cláusula de los embajadores de la Constitución, y el presidente, en cualquier momento, podría reconocer que Puerto Rico es una entidad o país soberano. Y en ese poder, el Congreso no puede interferir”, alegó.

Por otro lado, Emmanuelli entiende que es posible que el presidente intervenga para dejar sin efecto el Tratado de París de 1898 bajo el que se le puso fin a la Guerra Hispanoamericana. Fue en el contexto de este conflicto que EE.UU. invadió a Puerto Rico.

Mediante el Tratado, firmado el 10 de diciembre, España cedió Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas a EE.UU.

“El presidente puede determinar que un tratado ya no tiene vigencia, y eso ya Trump lo ha hecho con mucha regularidad. Lo hizo con tratados de libre comercio; lo hizo con el tratado de cambio climático (Tratado de París); lo hizo con el tratado actual de México y Canadá; está amenazando con la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), y, en eso, el Congreso no se puede meter. La teoría detrás de eso es que el presidente tiene suficiente poder para decir, ‘sabes qué, el Tratado de París de 1898 que cede a Puerto Rico a EE.UU. ya no tiene razón de ser’, y reconocer a Puerto Rico como una nación soberana, y el Congreso puede participar en eso estableciendo los reglamentos que sean necesarios para tramitar esa voluntad del presidente”, analizó el abogado.

Continuó: “Se ha olvidado siempre el papel que tiene el presidente en este tema, y, para nosotros, es una de las grandes aportaciones de la orden ejecutiva porque reconoce que existe toda esa jurisprudencia que le podría dar un papel de líder al presidente en el proceso de descolonización de Puerto Rico”.

A preguntas sobre si esto sería un precedente dado que Trump no ha hecho eso con ningún territorio, respondió: “No habría precedente, aunque en los casos de Filipinas y Cuba son ilustrativos, y se podrían utilizar como razonamientos analógicos de cómo se tramitó el asunto allí”.

Emmanuelli fue más lejos al anticipar lo que, a su juicio, podría ocurrir con esta discusión en caso de que llegue al Tribunal Supremo federal.

“Y si el Tribunal Supremo tiene que mirar una controversia sobre si el presidente puede anular el Tratado de París, yo me siento bien confiado de que el tribunal le va a dar ese poder, porque el presidente lo ha ejercido de facto, toda la vida, en términos de decir qué tratado yo cumplo o no cumplo, y no se le ha dado espacio al Congreso”, expuso.

“Puerto Rico no es un territorio tradicional, es no incorporado, pertenece a, pero no forma parte de, y eso le puede dar una cualificación bien importante al Tribunal Supremo para decir que, como Puerto Rico no es un territorio incorporado, ese poder del presidente tiene mucha relevancia para definir el destino de Puerto Rico”, apostó.

El portavoz añadió que no colaboraron en la iniciativa de Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), organización de la diáspora con sede en Virginia, que recientemente envió una carta al presidente precisamente para pedirle que anule el Tratado de París.

Dijo que, aunque los tomó por sorpresa la misiva, les agradó.

“Hay que romper un esquema, que, a mi juicio y a juicio del grupo, ha sido erróneo. Nosotros hemos pensado, como puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como EE.UU., que el asunto de la descolonización es que nosotros vengamos, nos pongamos de acuerdo, y vayamos con una sola voz a EE.UU. a pedir algo. Sí, eso podría ser posible, pero qué viabilidad tiene eso, cero; que nos pongamos de acuerdo, es cero. Número 2, que EE.UU. nos haga caso sobre ese tema, también es cero. ¿Qué ha pasado con todos los plebiscitos que ha hecho el PNP sobre la estadidad? A ninguno han obedecido”, señaló.

A las críticas de que el esfuerzo no es democrático porque impone una opción de estatus y una sola vía para adelantar el pedido de descolonización, dijo: “La pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo EE.UU. ha sido democrático con Puerto Rico?, ¿cuándo votamos para la invasión (de EE.UU. a Puerto Rico)?, ¿cuándo votamos para la ley Jones?, ¿cuándo votamos por la Ley de la Mordaza?, ¿cuándo votamos por la ley Promesa o por los miembros de la Junta de Control Fiscal?”.

“Al final del día, los que van a vivir los efectos de cualquier cambio de estatus son los puertorriqueños de calle, más allá de los líderes y estas divisiones políticas, y yo escucho mucho sobre el debate entre estadistas, independentistas y estadolibristas. Pero, ¿de qué manera se ha procurado incluir a la discusión que ustedes traen otras voces, precisamente, del ciudadano común sobre la propuesta, si están o no de acuerdo?, porque, insisto, al final del día son todos los puertorriqueños los que se van a ver impactados con cualquier cambio de estatus”, replicó este medio.

“En el plebiscito (criollo) que se dio sobre estatus en las pasadas elecciones, solamente un partido hizo campaña, que fue el Nuevo Progresista (PNP). El PIP y otros sectores aconsejaron echar la papeleta en blanco. Yo eché la papeleta en blanco. En el caso de la soberanía, porque la libre asociación estaba definida como una modalidad de la independencia, y la independencia, sacó más de un 40%. Si sumas las papeletas en blanco es más del 51%. Aquí ya no estamos hablando de 2%, 3% como se hablaba antes. Ya es un sector significativo de la población”, contestó.

Según los resultados certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) del plebiscito que fue convocado por el entonces gobernador Pedro Pierluisi mediante la Ley 165 del 2020, la opción de estadidad obtuvo un 58.61% de los votos; mientras que la libre asociación, el 29.57% del favor del electorado; y la independencia, el 11.82%.

De paso, Emmanuelli rechazó que los que apoyan opciones soberanas para Puerto Rico sean un grupo minúsculo.

“Nosotros tuvimos un foro sobre este tema, presencial, en la Casa Soberanista; habían más de 100 personas, no cabía nadie más, y la actividad terminó con una ovación de pie. La gente está esperando soluciones, y la acogida que ha recibido esto en los sectores que quieren cambios para Puerto Rico ha sido extraordinaria”, destacó.

Añadió que grupos que simpatizan con la libre asociación han avalado la propuesta.

“Si lees el documento en su conjunto, permite la libre asociación, porque se tiene que hacer un tratado de libre comercio, libre tránsito, etc., y eso es lo que abogan las personas que respaldan la libre asociación. Así que esto aglutina a ese 40% que votó en el plebiscito sin hacer campaña. Si se hubiera hecho campaña, yo estoy seguro que los resultados hubieran sido diferentes”, puntualizó.

¿Qué dice la propuesta de orden ejecutiva pro independencia?

La propuesta de orden ejecutiva plantea que la estadidad para Puerto Rico le impondría una carga financiera mayor e insostenible a EE.UU.

En respuesta, en el documento se recomienda el establecimiento del Fondo de Transición de Puerto Rico que se extendería por un año para reemplazar los $1,370,000 millones proyectados en 50 años, y que le ahorrarían a EE.UU., supuestamente, $617, 800 millones.

“Este plan terminaría con el malgasto al eliminar ayuda indefinida al territorio y la dependencia crónica, proporciona una estrategia de salida clara, y redirige los recursos federales para prioridades nacionales como defensa, infraestructura y programas domésticos”, lee parte del borrador de orden.

Mediante el plan, también se establecería una nueva Comisión Ejecutiva para una transición ordenada. La Comisión Ejecutiva de Transición o ETC debe ejercer sus funciones hasta que se cumplan los propósitos de la orden ejecutiva, y debe transferir, no más tarde del 31 de diciembre de 2026, todas sus operaciones y poderes al nuevo cuerpo político soberano e independiente de Puerto Rico.

En esa fecha, también quedaría sin efecto la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños, pero para los que nazcan a partir de ese momento.

“La doble ciudadanía debe ser reconocida, permitiendo que los individuos que son ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico también puedan ostentar la ciudadanía puertorriqueña”, reza el borrador.

El documento además indica que EE.UU. debe mantener relaciones abiertas y de mutuo beneficio con Puerto Rico una vez sea soberano. En esa línea, debe buscar un trato favorable de otros países a las exportaciones desde Puerto Rico y motivar a que otros países mantengan relaciones abiertas de intercambio con la isla.

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