Portavoz de “Construyamos Otro Acuerdo” teme más aumentos en tarifa eléctrica por cambios en la Junta de Control Fiscal
Ramón Santiago argumentó que, antes de los despidos de Trump, la Junta mantenía la postura de límites a aumentos para el servicio de la deuda de la AEE
Un manifestante en una protesta contra el pago de la deuda de Puerto Rico a los bonistas. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
NUEVA YORK – Ramón Santiago, portavoz alterno de la organización “Construyamos Otro Acuerdo” (COA) en Puerto Rico, teme que los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) que estaría anunciando el presidente Donald Trump próximamente se traduzcan en más aumentos en la tarifa de luz para los residentes en el territorio.
En entrevista con El Diario, Santiago, portavoz de la campaña de Retiro Digno de COA, señaló que, antes de los despidos de seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico a principios de este mes, el organismo federal se había mantenido en la postura de que aumentar los pagos de los abonados por el servicio eléctrico sería insostenible.
“El proceso estaba caminando y había una posición de la Junta bastante firme de mantenerse en su posición sobre la cantidad de pago de la deuda, y con estos pasos todo se ha detenido. La jueza puso todo ‘on hold’, y estamos en espera, lo que le genera sospecha a uno. Ojalá la decisión de Trump termine siendo más favorable a nuestro país, ojalá, pero genera sospecha”, expuso el activista.
Al momento de aprobar en febrero el Plan Fiscal certificado para la Autoridad, la Junta planteó que la entidad no debía imponer aumentos tarifarios adicionales para el servicio de la deuda que no fueran los necesarios para cubrir costos operacionales.
Por otro lado, los bonistas disidentes u objetores al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) buscan que se le pague la totalidad de la deuda en la que incurrió la AEE, equivalente a $8,000 millones, y no la cifra reducida de $2,500 millones.
Estos bonistas, que incluyen a GoldenTree Asset Management, Syncora Guarantee, National Public Finance Guarantee Corporation, Assured Guaranty, y los de Prepa Ad Hoc Group, son los mismos que llevaron ese reclamo hasta el Primer Circuito de Boston y prevalecieron en el verano del año pasado ante la Junta.
Santiago argumentó que, a raíz de la decisión de Trump de despedir a los miembros de la FOMB, se podría agravar la situación para los jubilados de la AEE de impago a sus pensiones.
“Puede haber mayores retrasos en términos de resolver el problema de esa deuda y el problema de las pensiones de los compañeros trabajadores de la AEE. Esperamos equivocarnos, pero puede haber un compromiso mayor del país en términos de pago de deuda, lo cual sería oneroso para el país, porque, aún cuando lo que planteaba la Junta era medicina amarga, esperamos que lo que surja no sea más amargo para el país, y un golpe indirecto a los pensionados o que vengan otro aumento más a la tarifa eléctrica”, alertó Santiago, quien es pensionado del gobierno de Puerto Rico.
“Eso es lo que me preocupa, que se discuta en esos términos y no otras alternativas…, porque es poner a la gente en contra de estos compañeros (pensionados de la AEE) trabajadores. El deseo es que no sea ningún aumento, porque el pueblo no aguanta más aumentos y va contra el desarrollo del país. Yo le pediría a todo el mundo creatividad para poder atender la obligación que tienen con esos compañeros trabajadores y pagarle sus pensiones”, continuó el portavoz de COA, entidad creada en el 2019 para batallar contra la reducción en las pensiones de los empleados del gobierno central.
Sobre las razones de Trump para los despidos, Santiago dijo que no le convence el argumento de lograr ahorros y detener el despilfarro de dinero de los puertorriqueños.
En casi una década de operaciones en la isla desde que fue configurada a través del referido estatuto federal, tan solo en firmas de consultoría y asesoramiento legal, FOMBR ha pagado unos $2,000 millones con fondos del pueblo de Puerto Rico.
“Mi opinión es que buscaron las razones mucho más simpáticas para que la gente procesara la destitución de los miembros de la Junta, porque yo creo que, si uno le pregunta a la gente, mucha de la opinión que tienen es que la Junta gasta mucho de nuestro dinero, porque no es dinero federal, de nuestro dinero. Personalmente, a mí me sonó simpático…, pero hay que ver a quién nominan y cuáles son sus visiones”, analizó.
Para Santiago, las personas que sean nombradas deben estar comprometidas con el desarrollo económico del territorio más allá del asunto de la reestructuración de la AEE y de lograr que Puerto Rico reingrese al mercado de bonos.
“Lo más que me interesa es saber cuál es su compromiso con el desarrollo de este país y en crear las condiciones reales para que haya crecimiento económico; que tengan respeto a los derechos adquiridos de los pensionados y de otros sectores. Si plantean candidatos con esa visión, felices de la vida. Lo técnico lo trabajamos”, emplazó.
Laura Taylor Swain, la jueza que preside el caso de la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el 2016 en el Congreso, paralizó los procesos relacionados con la reestructuración de la quiebra AEE y le solicitó un informe a la Junta sobre el potencial impacto de los despidos.
En julio pasado, trascendió que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un aumento en la tarifa base energética para el pago de las pensiones de los exempleados de la AEE.
El aumento sería de 1.88 centavos por kilovatio-hora para el año fiscal 2025-2026.
La deuda que mantiene la AEE con su sistema de retiro mantiene en jaque los pagos mensuales para más de 12,500 pensionados desde hace años.
La corporación dejó de aportar al bote desde 2014.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien funge como miembro exoficio de la Junta, dijo ayer que la Administración Trump considera varios candidatos para ocupar las posiciones de Andrew G. Biggs, Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas.
“Son muchos más. Se han discutido muchos más nombres. Gente de aquí y gente de afuera. Obviamente, como parte de los requisitos de la Junta, algunos de los miembros tienen que ser residentes bona fide de Puerto Rico, así que hay varios nombres de varios boricuas, pero también hay gente… hay nombres de afuera”, declaró González tras una conferencia de prensa en Fajardo.
La primera ejecutiva, sin embargo, no se expresó sobre los nombres que han transcendido públicamente y que estarían bajo la consideración de Trump.
“Mi experiencia ha sido, con los nombramientos de la Junta, que esto se va a convertir diariamente en ‘es fulano, es mengana, será mengano’. Y yo no voy a caer en el juego de bingo, aquí, sobre si es o no es, o si está frío o está caliente. Cuando el presidente (Donald Trump) emita los nombres, trabajaremos con lo que nombre”, agregó, según citó El Nuevo Día.
“Prefiero confiar en trabajar con el que sea que vayan a nombrar, porque yo voy a dar la batalla para que sea lo mejor para Puerto Rico y no necesariamente para los bonistas”, puntualizó.
El Diario contactó ayer a personal de prensa de la Junta para indagar sobre cómo están operando sin el número de integrantes que se supone tenga el organismo bajo PROMESA. También preguntamos si tenían información de potenciales nominados.
El director de comunicaciones de la Junta, Matthias Rieker, indicó: “En este momento, no tenemos más noticias ni comentarios que compartir”.
“El nombramiento de los miembros de la Junta de Supervisión es competencia del Congreso y la Casa Blanca”, añadió, al tiempo que adjuntó dos comunicados anteriores que confirmaban el despido de los seis integrantes.
Hay al menos dos puertorriqueños que hasta este miércoles sonaban públicamente para formar parte de la Junta.
Uno es el abogado y analista político René “Chile” Comas. A Chile Comas se le vincula con el Partido Popular Democrático (PPD).
La segunda es Zoraida Buxó, exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación en Puerto Rico, y más recientemente, excabildera por la estadidad en el Senado de EE.UU. bajo la Administración de Pedro Pierluisi, del mismo Partido Nuevo Progresista (PNP) que preside la gobernadora.
En medio de la campaña de Trump a la presidencia, Buxó endosó al republicano en un mitin en Pennsylvania.
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