Gobierno exige datos de SNAP para continuar financiación a estados demócratas, ¿cuáles serían los afectados?
Un total de 23 entidades han demandado al gobierno por la solicitud de información de SNAP
El programa SNAP beneficia a 1 de cada 8 estadounidenses que tienen problemas para garantizarse alimentación básica. Crédito: AP
La administración federal anuncio este martes que planea retener fondos de gestión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a estados demócratas que se niegan a compartir datos de beneficiarios, intensificando un conflicto legal que afecta a 42 millones de estadounidenses dependientes de esta ayuda alimentaria.
La medida entraría en vigor a partir de la próxima semana, a menos que esos estados decidan entregar sus listados con las personas que reciben ayudas sociales al gobierno federal.
En el anuncio, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una reunión de gabinete que la medida es inminente debido a que estos estados se niegan a entregar la información solicitada por el departamento a su cargo, que incluye los nombres y el estatus migratorio de los beneficiarios de la ayuda.
Aseguró que esta cooperación es necesaria para erradicar el fraude en el programa, luego que el gobierno federal denunció que había alrededor de 1 millón de personas que recibían los beneficios del programa SNAP, de manera ilegal.
Legalmente los estados y el gobierno federal se reparten el costo de funcionamiento del SNAP, pero el gobierno federal tiene la responsabilidad de pagar el costo total de los beneficios. Sin embargo, un portavoz del USDA explicó luego de la conferencia de la secretaria Rollins, que la agencia se centra en los fondos administrativos, no en los beneficios que reciben las personas.
¿Por qué los estados no quieren entregar datos de sus beneficiarios SNAP?
En respuesta, los estados demócratas interpusieron a finales de noviembre una demanda para bloquear esta solicitud, alegando que verifican la elegibilidad de los beneficiarios del programa y que nunca comparten grandes cantidades de datos confidenciales del programa con el gobierno federal.
En total, son 22 estados y el Distrito de Columbia los que presentaron demandas previamente por la solicitud de información, presentada inicialmente en febrero. Como consecuencia, un juez federal con sede en San Francisco prohibió, de manera provisional la exigencia de la administración federal, para recopilar la información de esos estados.
La semana pasada, el gobierno federal envió a los estados una carta insistiendo en el cumplimiento de esta medida, pero las partes acordaron darles a los estados hasta el 8 de diciembre para responder.
“Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos”, dijo el Departamento de Agricultura en su comunicado de este martes.
De hecho, este organismo tiene esta facultad, ya que una ley federal permite al USDA retener parte del dinero que reciben los estados por administrar SNAP si existe un patrón de incumplimiento de ciertas regulaciones federales.
Pero “nunca hay autoridad para retener los beneficios del SNAP y, en este caso, tampoco hay autoridad para retener el financiamiento administrativo”, dijo David Super, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, experto en la operación del Programa SNAP.
La administración insiste en que necesitan datos para detectar el fraude
Aproximadamente 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos, o 1 de cada 8, habitantes en el país dependen del SNAP para comprar alimentos básicos. El beneficio mensual promedio es de aproximadamente $190 por persona, o un poco más de $6 al día.
Sin embargo, Rollins aseguró que con la información que otros 28 estados, principalmente republicanos y Guam han otorgado, detectaron que 186,000 personas fallecidas siguen recibiendo la ayuda, mientras que otras 500,000 reciben el beneficio en más de un estado y 226,000 han incurrido en casos fraudulentos o de skimming.
Los expertos dicen que si bien hay fraudes en un programa de $100,000 millones de dólares al año, hay un problema más grave para prevenir que el crimen organizado robe las tarjetas de beneficios o conseguirlas con identidades falsas, no las malas acciones de los beneficiarios.
“Les pedimos a todos los estados que, por primera vez, entregaran sus datos al gobierno federal para que el USDA pudiera colaborar con ellos para erradicar este fraude y asegurar que quienes realmente necesitan cupones de alimentos los reciban”, dijo Rollins, “pero también para garantizar que el contribuyente estadounidense esté protegido”.
Sin embargo, el USDA no ha publicado datos detallados, ni siquiera sobre cuánto de los beneficios obtenidos por error o fraude se están utilizando.
Solo Carolina del Norte, que tiene un gobernador demócrata, entregó la información.
¿Qué estados se niegan a entregar la solicitud del USDA?
Los estados que se han opuesto a la solicitud y han presentado demandas para bloquearla, incluyen:
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Hawaii
- Illinois
- Kansas
- Kentucky
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- Washington
- Wisconsin
- Washington D.C.
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