LUMA Energy: no hay vuelta atrás, afirma la gobernadora de Puerto Rico sobre demanda para cancelar contrato a la empresa

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que no hay vuelta atrás en su decisión de iniciar un proceso judicial para cancelar el contrato de LUMA Energy, compañía encargada de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, porque sus directivos prometen y prometen, y no cumplen.

“No hay opciones con LUMA. Hemos agotado todos los recursos con ellos, con los directivos a nivel de las matrices, con los directivos a nivel local. Nos prometen, prometen y prometen y nunca cumplen. ¿Qué vamos a hacer?, darle cinco años más para que sigan cogiendo de bobo al pueblo de Puerto Rico. Eso no es lo que prometimos”, dijo la gobernadora ayer en una entrevista por Noticentro por WAPA.

González argumentó que su Administración intentó negociar y resolver las disputas con LUMA sin éxito.

“Dimos todos los pasos; se cumplieron todos los elementos de agotar los recursos para poder arreglar esta relación, y la realidad es que LUMA nos salió un contrato limón”, agregó.

El alcance de las dos demandas contra LUMA

Este jueves, la gobernadora, mediante un mensaje en video, anunció que presentó dos demandas. La primera fue ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.

El recurso para un interdicto preliminar busca que se declare nula la Carta-Extensión que suscribió el gobierno de Puerto Rico con la empresa, el 30 de noviembre de 2022, para extender la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA.

“Esa carta otorgó a LUMA un control indefinido – sin término de tiempo – sobre la operación del sistema de transmisión y distribución, alterando sustancialmente las condiciones del Acuerdo Suplementario. Con ello, se despojó al gobierno de Puerto Rico de la facultad regulatoria originalmente diseñada en los primeros contratos para proteger el interés público y se subordinó la continuidad del contrato a una sola voluntad del operador privado”, indicó la primera mandataria en su discurso.

El pleito también le solicita al tribunal que provea los remedios necesarios para asegurar una transición ordenada y garantizar la continuidad del servicio.

El segundo es uno de certificación intrajurisdiccional radicado ante el Tribunal Supremo.

El fin es que el máximo foro atienda “con urgencia” los asuntos de derecho y de alto interés público del caso, ya que se trata de un servicio esencial para los ciudadanos.

“Mi objetivo es claro: restaurar el marco legal que le permita al Gobierno recuperar su capacidad resolutoria, establecer métricas de desempeño exigibles y encaminar una transición ordenada hacia un modelo de operación del sistema de transmisión y distribución de energía que sí responda al bienestar de nuestro Pueblo”, especificó González.

Ayer mismo, el juez superior del Tribunal de San Juan Arnaldo Castro Callejo pautó para el 22 de diciembre, a las 9:30 a.m., una audiencia para establecer si concede el remedio preliminar.

Castro Callejo denegó la solicitud de entredicho provisional presentado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contra LUMA Energy.

“En cuanto a lo que nos ocupa en esta etapa, se pide que se expida una orden de entredicho provisional y un interdicto preliminar para que se entregue la información y documentos listados en la demanda. Esto, de modo que se pueda llevar a cabo una transición urgente e inmediata de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, o de lo contrario se expondría al pueblo a daños enormes e irreparables que afectarían su salud, vida y propiedad. Examinada la solicitud, denegamos la expedición de la solicitud de entredicho”, determinó el juez en la resolución que cita El Nuevo Día.

En su mensaje, González sostuvo que LUMA le mintió al Gobierno y al Pueblo, ya que, a pesar de que, desde el 1 de junio de 2021, las autoridades han cumplido con todas sus obligaciones contractuales y presupuestarias, el sistema eléctrico no ha mejorado.

“Todo este periodo, se le han asignado a LUMA más de $3,250 millones en presupuestos operacionales, además de más de $800 millones en pagos de transición y de servicios, para un total que supera los más de $4,000 millones, según aprobado por el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal (FOMBPR)”, expuso la funcionaria.

“Si añadimos que entre los años fiscales 2022 y 2025 LUMA recibió cerca de $900 millones adicionales sobre los presupuestos aprobados, significa que en los pasados seis años fiscales se le han asignado recursos cercanos a $5,000 millones. Aun así, LUMA no ha cumplido contigo. Por eso es imprescindible hablar de estos pagos con transparencia: cada dólar público invertido debía traducirse en resultados concretos para ti, para nuestras familias y nuestros comercios”, añadió la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Sin embargo, los datos demuestran que, pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que LUMA prometió y que nos mintió”, puntualizó.

González señaló que el gobierno de Puerto Rico acordó el contrato bajo la creencia de que LUMA contaba con las capacidades y calificaciones necesarias para brindar el servicio que merecen los puertorriqueños.

“El gobierno de Puerto Rico contrató a LUMA creyendo esta licitación, un proceso de licitación, donde presentaron sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas que le hacían merecedora de la confianza del pueblo de Puerto Rico. También representaron que poseían una experiencia superior a los demás competidores en la obtención y manejo de fondos federales, y que podían obtener con agilidad los reembolsos que permitirían acelerar la reconstrucción del sistema. Esa experiencia no la hemos visto en acción ni en los pasados 5 años de contratación, ni en los 11 meses que lleva mi Administración”, cuestionó.

La gobernadora hizo particular énfasis en la incapacidad de LUMA para administrar y poner en ejecución miles de millones en fondos federales para la reparación de la red.

“Puedo destacar que LUMA ha tenido disponible cerca de $11,000 millones en fondos federales asignados por FEMA para obra permanente y de mitigación, lo que representa más del 70% de la totalidad de fondos asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico. Estos fondos son la mayor inversión en infraestructura energética en la historia de Puerto Rico”,

“De esos $11,000 millones que yo luché mientras estuve en el Congreso de los Estados Unidos, LUMA solo ha logrado recuperar alrededor de $550 millones en reembolsos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), lo que representa el 5% de los fondos disponibles. Esto es inaceptable”, detalló.

“Y me detengo aquí porque ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolsos y eso no fue verdad.

González recordó su intervención en el verano pasado para que la AAPP presentara una Notificación de Disputa Técnica. En ese aviso, se identificaron seis áreas específicas de incumplimiento por parte de LUMA en cuanto a sus obligaciones contractuales. Lo anterior activó el proceso de resolución de disputas. Según el acuerdo contractual o Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA), cualquier controversia en ese congtexto debía ventilarse en los tribunales de Puerto Rico.

“En lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su curso, LUMA abandonó el proceso pactado y acudió al tribunal federal de Título III para paralizarlo. Como resultado, esas controversias quedaron detenidas y sin resolverse eso para ti, en el foro que el propio OMA establecía, dejando al Pueblo sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos”, indicó la primera ejecutiva quien insistió en que decidieron demandar luego de un análisis profundo.

La respuesta de LUMA

En respuesta a las demandas, LUMA emitió unas declaraciones escritas en las que señalan que exploran sus opciones legales.

Aunque reconocieron que, aún queda mucho por hacer, manifestaron estar comprometidos con mejorar el sistema.

“Desde 2021, los miles de puertorriqueños comprometidos que forman parte de LUMA han estado trabajando para mejorar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico con un solo objetivo en mente: brindarles a nuestros casi 1.5 millones de clientes el sistema eléctrico que esperan y merecen. Estamos orgullosos del progreso medible que hemos logrado, pero aún queda mucho por hacer”, compartieron.

“Aunque aún no hemos recibido un aviso de cancelación o terminación, el cual evaluaremos para explorar nuestras opciones legales, seguimos firmemente comprometidos con la transformación energética de Puerto Rico”, añadieron.

Los encargados del consorcio entienden que la Administración González está procediendo bajo motivaciones políticas, las mismas que llevaron al fracaso del modelo público bajo la AEE.

Recalcaron en su argumento de que la AEE no ha financiado adecuadamente a la empresa.

“Lamentablemente, la misma política que llevó al fracaso de la AEE ha resurgido, por lo que no sorprende que la AAPP haya expresado su intención de invalidar el contrato de LUMA, sin considerar el progreso real y medible que se ha logrado para estabilizar el sistema, incluyendo el despeje de vegetación, el reemplazo de postes eléctricos, la instalación de nuevos transformadores e interruptores (breakers), el mantenimiento de subestaciones, el reemplazo de líneas de transmisión dañadas y la inversión de más de 2,400 millones en proyectos financiados con fondos federales. Aun ante la falta de financiamiento adecuado por parte de la AEE, todos estos esfuerzos están ayudando a revitalizar y fortalecer la red eléctrica tras décadas de abandono y mala administración. Esto se suma a más de una década de una quiebra sin resolver que ha impuesto sobre el pueblo de Puerto Rico la carga financiera de las mejoras al sistema eléctrico que no están cubiertas por fondos federales”, abundaron.

A juicio de los operadores de LUMA, el pleito para declarar nulo el contrato envía un mensaje “preocupante” a las empresas que quieran invertir en Puerto Rico y podría retrasar aún más la modernización de la red eléctrica.

“Los intentos de invalidar el contrato en este momento o de cambiar los términos de un contrato legalmente vinculante envían un mensaje preocupante a cualquier empresa que esté considerando hacer negocios o invertir en Puerto Rico. Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, atrasar el tiempo de restauración y retrasar mejoras financiadas con fondos federales”, anticiparon.

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