Estados Unidos destruye dos embarcaciones y mata a cinco en el Pacífico en medio de cuestionamientos por legalidad
Cinco personas murieron en el nuevo ataque contra una presunta narcolancha, confirmado por la Administración Trump en el Pacífico
El Comando Sur del Ejército de EE.UU. destruyó dos lanchas en el Pacífico Oriental. Crédito: Gobierno de EE.UU. | Cortesía
Bajo la Operación Lanza del Sur, el gobierno del presidente Donald Trump confirmó dos nuevos ataques a presuntas narcolanchas en el Pacífico Oriental, donde murieron cinco personas.
“El 18 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, informó en X el Comando Sur. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico”.
Se confirmó la muerte de cinco personas, nombradas como “narcoterroristas”, pero sin presentar evidencia al respecto, como han exigido senadores en resoluciones rechazadas en el Senado por republicanos.
“Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda”, indicó el Comando. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
Los ataques contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas”, como indica la Administración Trump, comenzaron el 2 de septiembre y, desde entonces, se ha habido 28 bombardeos contra 29 buques, 11 en el Caribe y 18 en el Pacífico Oriental.
El 16 de septiembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, proporcionaron información a miembros del Congreso sobre los ataques, particularmente el primero, ocurrido el 2 de septiembre, tras acusaciones de que hubo una orden de Hegseth para ejecutar bombardeos y “matar a todos” los tripulantes.
“De acuerdo con la política de largo tiempo […] la política del Departamento de Defensa, por supuesto, no vamos a publicar un video completo, sin editar y de altamente secreto de eso al público en general”, expresó Hegseth el 16 de septiembre a tras reunión con senadores.
Hegseth ha defendido las decisiones basadas en la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la “guerra contra el narcoterrorismo”, pero enfrenta una batalla ante el Congreso para proporcionar detalles de las investigaciones que sustentan los ataques y, principalmente, cuál es la base legal para ejecutar tales acciones.
Implicaciones legales
Aunque la Administración Trump defiende los ataques a embarcaciones en mar abierto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha expresado violaciones a leyes internacionales y los derechos humanos con las ejecuciones extrajudiciales.
En el mismo tenor se han pronunciado expertos de Amnistía Internaciona y Human Rights Watch (HRW), alertando sobre una escalada de acciones militares sin control.
“Los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales según el derecho internacional de los derechos humanos”, indicó HRW.
Dan Restrepo, experto del Center for American Progress y ex miembro del equipo de Seguridad Nacional del gobierno de Barack Obama, indicó que hay una preocupación sobre la ampliación en los poderes presidenciales ante decisiones militares, incluida una posible escalada militar en Venezuela.
“Hay un esfuerzo en marcha para ampliar la letalidad de la autoridad presidencial”, indicó en un evento virtual con varios expertos en diplomacia y seguridad nacional. “En esencia, el presidente de Estados Unidos, al etiquetar a alguien como enemigo de Estados Unidos, puede usar fuerza letal cuando, donde y como quiera”.
¿Es posible detener esta escalada militar?
Si bien la Constitución no ofrece una carta abierta al presidente en turno para acciones militares en cualquier país, una decisión del Congreso permitiría acotar tales políticas.
“La mejor manera de prevenir nuevos abusos por parte de la actual Administración [Trump] es que el Congreso intensifique sus esfuerzos y reafirme su autoridad mediante la supervisión y la legislación”, indicó Dan Herman, director senior de Responsabilidad Democrática en el CAP.
Agregó que hay una posibilidad por parte de organismos internacionales para generar presión sobre acciones de EE.UU.
“Las instituciones internacionales, así como los socios y aliados de EE.UU. deben utilizar toda su influencia para dejar claro que este comportamiento ilegal y peligroso no será tolerado a nivel internacional”, insistió.
Hasta ahora, sin embargo, pocos de los grandes aliados estadounidenses se han expresado en contra de la Operación Lanza del Sur.
A mediados de noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, consideró que los ataques contra presuntos barcos dedicados al tráfico de drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico Oriental, violan el derecho internacional.
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