AEE deberá restituir a LUMA Energy cientos de millones en fondos federales de FEMA que habían sido paralizados

La Resolución y Orden del NEPR emitida el jueves solicita que, en un periodo de 15 días calendario, LUMA presente un plan de implementación

Trabajadores de LUMA Energy reparan líneas eléctricas en San Juan averiadas tras el paso del huracán Ernesto. Crédito: Alejandro Granadillo | AP

07 Feb 2026, 11:50 AM EST

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NUEVA YORK – LUMA Energy, compañía privada encargada de la red eléctrica en Puerto Rico, celebró la decisión del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que le ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a dirigir a la entidad cientos de millones en fondos a través de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) para reactivar 289 proyectos.

LUMA, que se encuentra enfrentada con la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón en un pleito judicial para anular el contrato o Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA), dijo que los proyectos fueron detenidos “unilateralmente” el año pasado como resultado de la paralización de los fondos.

“Nos complace recibir la notificación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ordenando a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a reactivar los proyectos de FEMA para la reconstrucción de la red eléctrica que unilateralmente fueron desactivados el año pasado. En su rol de regulador, el NEPR reconoce la importancia de dar paso al progreso que tiene como meta fortalecer el sistema eléctrico y mejorar el servicio eléctrico en todo Puerto Rico”, indicó LUMA mediante declaraciones escritas este viernes.

De acuerdo con los números del consorcio, ya se habían invertido más de $119 millones antes de que las partidas fueran interrumpidas.

“Estos proyectos incluyen trabajos de despeje de vegetación, líneas de transmisión, almacenamiento de energía, luminarias, mejoras a subestaciones, entre otros trabajos en los que ya se habían invertido sobre $119 millones antes de ser paralizados. Estos proyectos incluyen 63 con fondos de la ley federal Stafford (Ley Robert T. Stafford de Asistencia de Emergencia y Ayuda en Casos de Desastre) para reconstruir los daños causados por los huracanes del 2017, y 11 proyectos de mitigación para prevenir daños futuros. Esta decisión reafirma que nuestra propuesta añade valor a nuestros clientes y estamos enfocados en reiniciar los trabajos, tras casi un año de paralización, para que puedan ser obligados por FEMA y comenzar su construcción lo antes posible”, puntualizó LUMA.

La Resolución y Orden del Negociado emitida el jueves solicita, en el caso de LUMA, que en un periodo de 15 días calendario, presente un plan de implementación que identifique la cantidad estimada específica de fondos que la empresa propone conciliar, así como cualquier ajuste relacionado con la Sección 406 de Mitigación de Peligros (HM) de la Ley Stafford bajo el Programa Asistencia Pública de FEMA (PA).

En el caso de la Autoridad, el Negociado le solicitó modificar la lista de Proyectos Consolidados para incluir los que cumplen con los criterios para la reactivación inicial “en función de la preparación técnica, los costos incurridos, el estado de presentación del DSOW (Alcance detallado de los trabajos) y la alineación con el marco de priorización de LUMA”.

Según la oficina encargada de regular la industria energética en Puerto Rico, la información solicitada es necesaria para evaluar viabilidad, establecer el cronograma de las acciones y el tiempo estimado que requieren LUMA y Genera PR para completar cualquier conciliación de mitigación o duplicación de fondos.

“Esta evaluación es necesaria para garantizar que los proyectos inactivos prioritarios que abordan los daños documentados en el marco de la asignación de fondos de FEMA puedan incorporarse de manera que se maximice el uso de los fondos federales disponibles, se cumpla con los requisitos aplicables de FEMA y se minimice el riesgo de costos no reembolsados, activos no reparados y la exposición futura de los contribuyentes a costos asociados con trabajos que, en última instancia, podrían no ser aprobados ni reembolsados por FEMA”, especifica el texto del NEPR.

El Negociado explica que, como parte de sus labores de supervisión, es responsable de evaluar las implicaciones en el sistema de las estrategias de reconstrucción y modernización presentadas para su revisión y determinar si las iniciativas se ejecutan de manera coherente con el marco del Plan Integrado de Recursos (IRP) y el Plan de Acción Modificado.

El NEPR argumenta que, no abordar de manera adecuada el asunto, puede aumentar los riesgos operativos y generar futuros gastos que, en última instancia, pagarían los consumidores.

“Las iniciativas de modernización que no se evalúan e implementan de manera coherente con el IRP pueden requerir modificaciones posteriores del sistema o inversiones correctivas, lo que podría resultar en costos que no sean totalmente recuperables a través de fondos federales y que, en última instancia, podrían afectar a los consumidores, en contra de la responsabilidad de la Oficina de Energía de proteger a los consumidores y garantizar un servicio eléctrico justo y razonable”, expone el documento.

La decisión de la oficina se centra en los fondos bajo el programa FAAST (FEMA Accelerated Obligation Strategy o Estrategia de Obligación Acelerada).

FAAST es una iniciativa que desarrolló FEMA junto a COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) diseñada para acelerar la obligación de fondos bajo la Sección 428 de Stafford para reconstrucción de infraestructura crítica tras los huracanes. Bajo la estrategia se agrupan varios proyectos en paquetes de financiamiento.

La Sección 428 de la referida ley autoriza a FEMA a utilizar procedimientos alternativos (PAAP) para las obras permanentes de Asistencia Pública.

Agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el Departamento de Educación (DE) se han visto beneficiadas.

En el 2020, FEMA asignó, aproximadamente, $10,700 millones bajo el programa FAAST considerando activos como transmisión, distribución, edificios, subestaciones, telecomunicaciones, generación e infraestructura hídrica.

“Esta metodología resultó en una asignación del 91% para los activos de transmisión, distribución (“T&D”), subestaciones, edificios y telecomunicaciones, un 8% para los activos hídricos (hidroeléctricas, dragado, riego) y un 1% para los activos de generación (activos de generación heredados)”, especificó el NEPR.

En el caso de Genera PR, ninguno de los 11 proyectos bajo su tutela fue desactivado.

De 571 proyectos activos a 282 en LUMA

“Sin embargo, la cartera de proyectos de LUMA sí se vio afectada puesto que se redujo el número de proyectos de T&D (Transmisión y Distribución) activos de 571 a 282, dejando 289 proyectos como inactivos, con aproximadamente $402 millones en costos incurridos.

“Considerando estos impactos, el NEPR reconoce además que la asignación reflejada en la Lista Consolidada de Proyectos se desvía sustancialmente de la asignación original de FAAST establecida por FEMA con base en los daños documentados relacionados con el desastre”, lee el escrito.

“El NEPR considera necesario evaluar si el marco de asignación actual aborda adecuadamente los daños documentados y respalda la confiabilidad continua del sistema eléctrico, de conformidad con su obligación legal de proteger a los consumidores y garantizar un servicio eléctrico justo y razonable”, señalan los miembros del Negociado.