Autoridades en Puerto Rico pagaron más de $150 millones bajo PAN a personas fallecidas, revela informe de la Oficina de la Contralora
El Departamento de la Familia aseguró que han recuperado más de $90.3 millones de los pagos indebidos a través de medidas correctivas
Alimentos destinados a damnificados por los sismos de enero de 2020 en Puerto Rico. Crédito: Carlos Giusti | AP
NUEVA YORK – El Departamento de la Familia (DF) en Puerto Rico pagó más de $150 millones de dólares en beneficios del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) a personas fallecidas, entre 2017 y el 2024, reveló un informe de la Oficina de la Contralora esta semana.
Los datos publicados el jueves por la contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, arrojaron que la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita a DF, hizo los pagos indebidos entre el período del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2024.
El Informe de Auditoría OC-26-12 especificó que la ADSEF realizó 988,617 pagos en beneficios del PAN por $150,663,786 a 38,618 participantes, cuyo número de Seguro Social se identificó en el Registro de Defunciones como personas fallecidas.
“El análisis realizado por los auditores para los años del 2017 hasta 2024 reveló que se efectuaron pagos a beneficiarios fallecidos antes del cierre de sus casos, que algunos casos permanecieron activos aun después del fallecimiento de los participantes, y que se realizaron pagos a unidades familiares sin ajustar oportunamente la composición del núcleo tras la muerte de alguno de sus miembros”, resumió Vega Fournier por medio de un comunicado.
La contable añadió que también se identificaron “fallas significativas” en la supervisión de instituciones de residencia transitoria autorizadas a manejar beneficios del PAN. En específico, se registraron transacciones con fondos para la compra de artículos no elegibles, tales como bebidas alcohólicas, ropa, artículos electrónicos, gasolina, entre otros gastos no relacionados con alimentos.
La auditoría también determinó que la ADSEF no suministró 36 informes trimestrales requeridos para evaluación, mantuvo la autorización de instituciones que incumplieron con la entrega de informes por períodos prolongados y no verificó adecuadamente el uso de los fondos.
La Contralora de Puerto Rico explicó que los pagos no autorizados ocurrieron debido a deficiencias en los procesos de validación de información y a debilidades en los controles internos.
La contralora señaló que, por tratarse de fondos federales, el Departamento de la Familia utiliza el sistema conocido como Intercambio Estatal y Territorial de Hechos Vitales (STEVE) para el intercambio electrónico de datos sobre nacimientos y defunciones.
El servicio se supone que facilite el intercambio de registros entre las diferentes oficinas tanto en estados y territorios como Puerto Rico.
“Actualmente, el Departamento de la Familia y Departamento de la Salud y su oficina de Registro Demográfico, tienen un acuerdo para que puedan acceder a la plataforma del sistema ‘State and Territorial Exchange of Vital Events’ (STEVE), el cual es un sistema de intercambio de datos que maneja el Registro Demográfico del Departamento de Salud que permite a los estados y territorios obtener información confiable de los récords vitales (nacimientos y defunciones),” resaltó Vega Fournier.
El informe incluyó la respuesta de los encargados de ADSEF a la “opinión adversa”. Los comentarios se refirieron a los huracanes Irma y María (2017), los sismos en el suroeste de Puerto Rico (2020) y la pandemia del COVID-19 como eventos extraordinarios que afectaron significativamente la capacidad operacional de la agencia y la continuidad de los procesos administrativos. También asociaron el incumplimiento con restricciones presupuestarias, reducción de personal y otros factores estructurales.
La contralora ordenó a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, instruir a la División de Integridad para que realice las investigaciones correspondientes de los casos de participantes fallecidos a los que la ADSEF les realizó pagos del PAN, y a las instituciones que utilizaron los fondos del PAN para realizar compras que no estén relacionadas con alimentos. El Departamento también debe buscar asesoramiento legal para cualquier gestión de recobro.
En declaraciones citadas por El Nuevo Día, Roig Fuertes indicó ayer que habían recuperado más de $90.3 millones de los pagos indebidos como parte de las medidas correctivas.
“De esos $60 millones (restantes), ya están en proceso de recuperarse otros $38 millones adicionales que están en planes de pago y en distintas acciones concretas. De los otros $22 millones, que representan el 14%, esos son los que estamos en el proceso de investigar para poder identificar si, en efecto, hubo fraude o quién es la persona que lo cometió y poder actuar”, precisó la funcionaria.
La secretaria añadió que el Plan de Acciones Correctivas está en curso desde inicios de 2025.
La jefa del Departamento aclaró que sostuvo que, de los 38,618 casos examinados, 16,970 participantes no utilizaron los beneficios y 5,330 presentan discrepancias que no permiten confirmar el fallecimiento.
“Recibimos con la mayor seriedad los señalamientos contenidos en el informe de la Oficina de la Contralora. La prioridad inmediata sigue siendo asegurar que se tomen todas las acciones correctivas necesarias con agilidad y responsabilidad”, afirmó la secretaria del Departamento de la Familia.
Según Roig Fuertes, los $150,663,786 que la Oficina detectó representaron menos del 0.8% de los más de $19,500 millones que ADSEF desembolsó bajo el PAN en el período auditado.
Los datos divulgados por la Oficina del Contralor sobre el PAN
- El desglose de la entidad apuntó a que 385 de los 38,618 participantes, se le realizaron 10,700 pagos por $1,623,280, del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024. La evaluación concluyó que 351 (256 95) casos estaban cerrados y 34 continuaban activos.
- Del 4 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2024, la ADSEF realizó 4,035 pagos de beneficios por $435,579 a 256 casos de únicos beneficiarios (88%) que habían fallecido antes del cierre de sus casos. De acuerdo con el archivo del Registro Demográfico, los beneficiarios fallecieron del 6 de febrero de 1991 al 12 de noviembre de 2022. Mientras los casos fueron cerrados del 22 de febrero de 2017 al 31 enero de 2024.
- Para el 30 de septiembre de 2024, 34 casos de únicos beneficiarios continuaban activos, a pesar de que habían fallecido del 15 de febrero de 1990 al 21 de agosto de 2022. Del 4 de enero de 2017 al 22 de agosto de 2024, se emitieron 3,332 pagos de beneficios por $437,035.
- Del 4 de enero de 2017 al 20 de agosto de 2024, la ADSEF realizó 3,333 pagos por $750,665 a 95 unidades familiares en las que había fallecido algún integrante, antes de proceder con los ajustes o el cierre de los casos.
- Para el 30 de septiembre de 2024, la ADSEF implementó acciones para reducir los beneficios correspondientes a las personas fallecidas.
PAN versus SNAP
El PAN es una subvención en bloque que aplica desde los 80 en Puerto Rico y es financiada por el gobierno de Estados Unidos. El fin es reducir los altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza en la isla.
Para ser elegible al programa, la persona debe residir en el territorio; ser ciudadano estadounidense o extranjero calificado residente y cumplir con límites estrictos de ingresos y activos.
El PAN viene a ser una asignación similar a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), pero reducida.
En Puerto Rico, unos 1.2 millones de residentes se benefician del programa, lo que es equivalente, aproximadamente, a la mitad de la población (40%), por lo que el PAN representa una importante salvaguarda nutricional y económica.
Más del 90% de los participantes del PAN tenía, en 2018, ingresos mensuales por debajo del umbral de pobreza federal o ingresos de menos de $20,780 anuales para una familia de tres, expuso un análisis de 2020 del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).
“Puerto Rico debe establecer los niveles de elegibilidad y los beneficios manteniendo el costo del programa dentro de los límites fijos del financiamiento federal; esto significa que, al calcular los niveles de elegibilidad y los beneficios, no le es posible considerar las necesidades alimentarias de la población y mucho menos la forma de remediarlas”, planteó la entidad.
Las autoridades en Puerto Rico tampoco pueden aumentar las partidas en casos de desastres naturales como huracanes, sino que dependen del Congreso.
Debido a lo anterior, diversas organizaciones y funcionarios dentro y fuera de la isla llevan abogando por años por una transición de PAN a SNAP para Puerto Rico, proceso que también debe aprobar el Congreso.
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