USCCR aún no nombra a nuevo Comité Asesor de P.R.; reporte final sobre derechos civiles y Casos Insulares fue publicado en febrero

NUEVA YORK – El Comité Asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos (USCCR) se mantiene inactivo desde febrero pasado debido a que la entidad no ha vuelto a nombrar a sus miembros.

Boletín semanal sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete gratis aquí.

“El Comité Asesor de la Comisión de Derechos Civiles federal, lo que llaman el cargo, venció a principios de febrero y, por lo tanto, esos puestos tienen que ser otra vez nombrados por el pleno de la Comisión de Derechos Civiles en Washington (D.C.), y eso no ha ocurrido”, indicó a El Diario Andrés Córdova Phelps, expresidente del comité.

En entrevista, el profesor de Derecho en la Universidad Interamericana añadió que la comisión “tiene pendiente en su agenda nombrar al nuevo comité asesor de Puerto Rico”.

“Han sometido las solicitudes las personas que están interesadas en ejecutar esos cargos, pero no ha habido acción por parte de la Comisión de Derechos Civiles. ¿A qué responde?, desconozco. No te puedo comentar, porque no sé”, argumentó el también presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua (JEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La USCCR cuenta con 56 comités consultivos: uno en cada uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios. Por ley del Congreso, los comités, que son bipartidistas, examinan temas de derechos civiles dentro de su jurisdicción. Como parte de sus gestiones, los miembros realizan sesiones informativas públicas y paneles en los que recaban testimonios que luego son plasmados en informes con recomendaciones.

Estos reportes posteriormente son referidos a entidades locales, estatales y federales.

En el caso de Puerto Rico, el comité fue el primero de ese tipo en el territorio.

Entre el 21 de enero 2022 y el 20 de enero pasado, el Comité Asesor de Puerto Rico examinó el impacto de la doctrina de los Casos Insulares del Tribunal Supremo en los derechos civiles de los puertorriqueños.

El primer informe del comité de Puerto Rico como parte del estudio “Los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado y su Efecto sobre los Derechos Civiles de los Residentes de Puerto Rico” fue publicado el 12 de febrero de 2024.

Entre los subtemas abordados figuran el derecho al voto a nivel federal, la discriminación racial y nacional y el acceso a programas públicos federales.

Para Córdova Phelps, la reactivación del comité asesor es importante, ya que sirve como herramienta para que puertorriqueños se inserten más en la discusión a nivel federal de los asuntos que les afectan.

“Yo creo que es muy importante. No solamente por esta discusión, sino porque tenemos una necesidad de participar en los procesos a nivel federal para que nuestra voz se oiga. Independientemente de cuál sea el tema que el comité asesor en su día vaya a tomar, es importante que los puertorriqueños participen y tengan voz en ese proceso”, afirmó.

Doctrina del Territorio No-Incorporado y sus efectos en los derechos civiles

El educador detalló que la versión para comentarios del último informe se presentó en septiembre pasado y en enero se sometió el documento final.

Lo más relevante, según Córdova Phelps, es que el contenido confirma el impacto diario en los derechos civiles de los puertorriqueños de las políticas del gobierno federal con base en la doctrina de Casos Insulares.

“Yo creo que el planteamiento de que los derechos civiles de los puertorriqueños, de los ciudadanos americanos en Puerto Rico están obviamente afectados diariamente por la práctica del gobierno federal utilizando los Casos Insulares como piedra fundacional para esa política, y el trato dispar en una multiplicidad de áreas, en programas, en anticipación a la toma de decisiones de los intereses de los puertorriqueños desde las perspectivas políticas como económicas, sociales, y, en ese sentido, hay un llamado para que la jurisdicción federal en todos sus ramas, la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial, tome nota que esa doctrina racista y verdaderamente violatoria de los derechos civiles y constitucionales de los puertorriqueños tiene que cambiar”, expuso el experto.

Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones de la Corte Suprema tomadas a finales del el siglo pasado que establecieron un marco legal que legitima la gobernanza desigual y discriminatoria en los territorios adquiridos por EE.UU. después del 1898 y que no han sido incorporados.

La jurisprudencia definió y diferenció entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado” con la intención de que estas últimas no se convirtieran en estados. A los Casos Insulares se les considera la justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios como Puerto Rico de manera discriminatoria

Bajo la jurisprudencia del Supremo, a los habitantes de los territorios no incorporados no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.

Parte del problema, reflexionó el licenciado, es que hay políticos en el Congreso que no comprenden a cabalidad el impacto de esta doctrina.

“Yo creo que los funcionarios de gobierno que manejan los asuntos relacionados con Puerto Rico están bien claros y conscientes de eso, claro que sí. Lo que ocurre es que hay una capa de políticos electos que cambian cada dos o tres años que obviamente desconocen la situación muy peculiar de los territorios y esa capa política es la que obviamente tiene el poder para hacer los cambios necesarios”, consideró.

Entre los hallazgos del informe final del Comité Asesor de Puerto Rico, que incluye varios memorandos, resalta la relación colonial con el gobierno de EE.UU.

En esa dirección, la recopilación cita a Rafael E. Rodríguez Rivera, abogado en la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., quien indicó ante el organismo que el hecho de que Puerto Rico sea un territorio en sí constituye su posición como colonia y que las colonias “nunca se han hecho para que tengan todos los beneficios, se han hecho para responder a los intereses de la metrópoli”.

Puerto Rico en el limbo

Varios panelistas coincidieron en que, el hecho de que Puerto Rico sea un territorio no incorporado, ha dejado a la isla en un estado de limbo, lo que ha sido excusa para que el Congreso federal no aborde el tema de los derechos civiles ni el estatus político definitivamente.

“Aún siendo ciudadanos americanos, los residentes de Puerto Rico no tienen muchos derechos civiles garantizados incluyendo el derecho al voto federal ni tienen representación en el Congreso con poder del voto, algo que resulta en un trato desigual entre los ciudadanos que viven en los estados y los que viven en la isla”, lee parte de los hallazgos.

Los panelistas además coincidieron en que el Tribunal Supremo no es el vehículo ideal para resolver los problemas causados por la Doctrina de la No-Incorporación, que dictamina que la Constitución de EE.UU. no aplica de manera plena y automática en los territorios.

“La Doctrina de la No-Incorporación trata a los residentes del territorio como ‘menos que’ y se ha usado como una excusa para la continuación del estatus colonial por bastante tiempo, lo cual indica que es uno de los obstáculos principales para lograr la descolonización”, reza otra parte del escrito.

Los expertos también plantearon las “contradicciones” con la ciudadanía estadounidense que aplica a los residentes de Puerto Rico.

Por ejemplo, el académico Sam Erman explicó que la Corte Suprema nunca ha tomado una posición oficial sobre este asunto o no ha respondido si el nacimiento en un territorio no-incorporado de EE.UU. garantiza la ciudadanía bajo la Constitución.

El informe final del comité concluyó que el estatus no resuelto de Puerto Rico, además de ser una “anomalía constitucional”, “constituye un déficit democrático” que socava la integridad de la gobernanza de EE.UU. y su credibilidad a nivel internacional.

“La contradicción es evidente: mientras Puerto Rico sirve como un activo estratégico en la planificación de la seguridad nacional, sus ciudadanos permanecen excluidos de derechos fundamentales de representación. Este desequilibrio es insostenible y erosiona tanto la legitimidad interna como la posición internacional. Cerrar la brecha entre el análisis y la acción requiere voluntad política, rendición de cuentas del Congreso y respeto por los mandatos democráticos expresados mediante procesos electorales legales”, señala el escrito.

En el documento de 155 páginas se aduce que, hasta que el Congreso no confronte esta contradicción, el futuro político de Puerto Rico seguirá siendo “rehén de intereses en competencia, en lugar de estar guiado por principios democráticos”.

“La base para resolver el futuro de Puerto Rico descansa en el mandato democrático de los ciudadanos de EE.UU. que residen en la isla, expresado a través de elecciones y referendos regulados por la ley local, y requiere, en última instancia, el reconocimiento congresional de esa voluntad”, añade el compendio.

Las recomendaciones del informe incluyen acción congresional sobre el estatus; inicio de un proceso vinculante para resolver el asunto; respeto a la legitimidad electoral; defensa de la validez de los plebiscitos celebrados conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico; una investigación sobre violaciones a los derechos civiles y alineación de las prioridades de seguridad nacional con los principios democráticos.

A esto, Córdova Phelps añadió, en su carácter personal, que el Congreso tiene la faculturad de derogar los Casos Insulares.

“Esta es una opinión muy mía. Yo no hablo aquí por el comité asesor pasado. Hablo en mi calidad de ciudadano. Yo creo que el Congreso de EE.UU. tiene facultad para derogar los Casos Insulares mediante resolución congresional. Eso ni va al Presidente”, aseguró. “El asunto de la no-incorporación es uno de los poderes plenarios del Congreso. El Congreso es el que tiene los poderes plenarios (sobre Puerto Rico)”.

“Los congresistas siempre han buscado la facilidad política de pasarle la papa caliente o al tribunal o al Ejecutivo. La realidad es que el Congreso es el que tiene la autoridad”, finalizó.

Sigue leyendo:

• Expertos alertan sobre impacto en territorios como Puerto Rico de nuevas órdenes ejecutivas de Trump contra la ciudadanía por nacimiento
• Estatus territorial de Puerto Rico limita derecho al voto, confirma nuevo memo de comité asesor de USCCR
• Presidente de comité asesor de Puerto Rico de la USCCR: doctrina de Casos Insulares del Supremo es racista y discrimina contra los boricuas
• Memo de comité asesor de Puerto Rico en USCCR: Congreso debe actuar para atender disparidad en programas como SSI y Medicaid