Trump pide a la Corte Suprema reactivar las deportaciones de migrantes a terceros países

El Gobierno de Trump sostiene que las garantías para alegar riesgo de persecución o tortura dificultan las deportaciones y provocan problemas logísticos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, fotografiado el lunes 29 de junio de 2026 en Washington.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, fotografiado el lunes 29 de junio de 2026 en Washington.  Crédito: Mariam Zuhaib | AP

La Administración de Donald Trump pidió este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita continuar deportando rápidamente a migrantes hacia países distintos de aquellos de los que proceden, después de que tribunales inferiores bloquearan la política por considerar insuficientes las garantías ofrecidas a los afectados.

El Departamento de Justicia presentó una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal horas después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, permitiera que entrara en vigor una decisión que impide al Gobierno realizar estas expulsiones sin dar antes a los migrantes una oportunidad efectiva para plantear sus temores sobre el país de destino.

El fiscal general Todd Blanche había anunciado previamente que el Gobierno recurriría de inmediato a la Corte Suprema para intentar mantener vigente la política.

Garantías antes de la expulsión

El caso plantea qué procedimiento debe seguir el Gobierno cuando pretende enviar a una persona a un país que no es aquel del que procede.

Los tribunales inferiores determinaron que los migrantes deben recibir una notificación suficiente y una oportunidad significativa para explicar si consideran que podrían ser perseguidos o sometidos a tortura en el país al que Estados Unidos pretende enviarlos.

La decisión afecta a una política migratoria que la Administración Trump comenzó a utilizar en 2025 para trasladar a personas a terceros países, incluso cuando no podían ser enviadas directamente a sus países de origen.

El Gobierno sostiene que los requisitos impuestos por los tribunales dificultan la ejecución de las deportaciones y generan problemas operativos. Entre ellos, la Administración menciona dificultades para organizar vuelos y casos en los que las expulsiones han tenido que ser canceladas.

La disputa judicial no gira únicamente en torno al destino de los migrantes, sino también al momento en que deben poder presentar sus objeciones y a las garantías que deben recibir antes de ser trasladados fuera de Estados Unidos.

Más de 25,000 envíos

La política ha permitido el traslado de más de 25,000 migrantes a terceros países, según datos citados por organizaciones de derechos humanos. Entre los destinos utilizados se encuentran México, Uganda y otros países con los que la Administración estadounidense ha establecido acuerdos.

Los tribunales han cuestionado que algunas de estas expulsiones se hayan realizado con poco aviso y sin ofrecer a los afectados una oportunidad efectiva para demostrar que podían enfrentar riesgos en el país de destino.

Con información de EEF.

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