Defensora del Pueblo denuncia discriminación y malos tratos a inmigrantes en cortes

La oficina de Letitia James confirmó quejas de hispanos a los que se les negó servicio de traducción en la Corte de Sucesiones de Queens, y se les impidió presentar casos por su estatus migratorio

Defensora del Pueblo denuncia discriminación y malos tratos a inmigrantes en cortes
Angelica Velez, 34, originaria de Ecuador, y su familia han sido discriminados por ser latinos.
Foto: Mariela Lombard / El Diario NY

Entre febrero y junio pasado Angélica Vélez se sintió “discriminada, humillada y maltratada” en la Corte de Sucesiones de Queens, a la que acudió a acompañar a su madre quien estaba en el proceso de solicitar ser la tutora legal de su hijo discapacitado de 23 años, con el fin de poder tomar decisiones por él en medio de una demanda contra la Ciudad. La ecuatoriana asegura que en ese tribunal las agredieron verbalmente porque su madre no hablaba inglés.

El caso de discriminación contra esta hispanas es uno de los que han aumentado desde que Donald Trump asumió la Presidencia, según datos manejados por la defensora del pueblo Letitia James, quien reveló en exclusiva a El Diario las denuncias.

“Yo estuve ahí más de 10 veces y como mi mamá, quien estaba en proceso de hacerse ciudadana no habla inglés, nos trataron todo el tiempo como gente de segunda clase”, aseguró Vélez, de 33 años y quien es veterana de la Marina. “Además nos dieron información falsa, porque decían que se necesitaba por ley que quien fuera guardián o tutor hablara inglés y que además fuera ciudadano o residente, lo que es falso”.

“Una vez estuve tratando de obtener información con el abogado de mi mamá, pero alguien de la seguridad me empezó a gritar muy feo. Me dijo que si estaba ciega, que si no sabía leer, que no podía acercarme a una mesita donde puse unos papeles y luego otro supervisor blanco llegó y me empezó a alzar la voz y empezó a jadear como si me fuera a golpear tratando de intimidarme”, recordó la ecuatoriana. “Eso allá es un desastre, no saben respetar a la gente, no saben dar información y si así nos trataron a nosotros, que somos ciudadanos y residentes, no quiero ni pensar cómo tratan a quienes son indocumentados, pues hasta en la audiencia una secretaria del juez, que estaba tomando los detalles del caso grabados, nos hizo sentir incómodas y maltrató a mi mamá por no hablar inglés y tampoco le dieron intérprete”.

Las denuncias de Vélez llegaron a oídos de la oficina de James, quien tras escuchar múltiples reportes similares en las Cortes de Sucesiones de Nueva York condujo un sondeo que confirmó que en esos tribunales no están prestando un servicio adecuado de traducción y se le está dando información errónea a inmigrantes que interponen casos para ser tutores de personas con deficiencias cognitivas.

En el caso de la madre de Vélez, en vez de lograr ser la tutora de su propio hijo, al final terminó teniendo 5 guardianes y cotutores, tras haber sido víctima de todo tipo de situaciones incómodas.

Indocumentados llevan la peor parte

La investigación de la Defensoría del Pueblo también determinó que muchos empleados de las cortes estaban evitando, de manera ilegal, que quienes no fueran ciudadanos o residentes y quienes no hablaran inglés presentaran solicitudes para ser tutores o guardianes legales.

“Nuestro sistema de justicia fue creado para proteger a los individuos no para hacerlos sujetos de daños más grandes”, aseguró la Defensora del Pueblo, agregando que su preocupación ha aumentado especialmente en momentos en que los inmigrantes son objeto de amenazas y ataques por parte del Gobierno Federal. “Este patrón de negarse a proporcionar servicios de traducción vitales y exigir la ciudadanía para prestar el servicio es a la vez inmoral e ilegal”.

La funcionaria se quejó directamente con el juez Lawrence K. Marks, administrador principal del Sistema de Tribunales del Estado, quien recibió las denuncias con mucha preocupación y se comprometió a que las Cortes de Sucesiones no sean lugares de discriminación.

“El sistema unificado de cortes estatales está comprometido con su objetivo dual, sin restricciones, de garantizar acceso a la corte y justicia igualitaria, bajo la ley, y ha establecido políticas y suministrado recursos significativos para garantizar que esos objetivos se cumplan”, advirtió el juez, agregando que ya impartió directrices específicas para que hechos como los que vivió la familia Vélez no ocurran en los tribunales y que se elimine de los formularios la casilla de “ciudadano” al ser llenados.

“Las Cortes de Sucesiones me aseguraron que discutirán sus preocupaciones con el personal de las cortes y se asegurarán de que se utilicen todos los recursos disponibles”, dijo el magistrado.

Entre tanto, la Oficina de Acceso al Idioma también fue avisada de las preocupaciones de la Defensora del Pueblo, y aseguró que está comprometida a trabajar con las cortes para garantizar que el personal reciba entrenamiento apropiado y así pronto se provea interpretación y traducción confiable y consistente a todos.

El juez Marks también explicó que aquellas personas que no sean ciudadanas ni residentes tienen el derecho de ser guardianes legales y recalcó que tomará medidas para asegurar que todos los empleados de las cortes de sucesiones entiendan la aplicación de estas políticas.

“Me complace que el Juez Administrativo Principal haya sido receptivo a nuestras preocupaciones y seguiremos monitoreando la situación para asegurar que a ninguna persona se le niegue el acceso a nuestro sistema legal simplemente debido a sus habilidades lingüísticas o su estado migratorio”, aseguró la Defensora del Pueblo tras conocer la respuesta de Marks sobre su denuncia.