Juez federal ordena mordaza en caso de asesinato de Keishla Rodríguez por el que se acusa a Félix Verdejo y a compinche
La orden del juez federal Pedro Delgado Hernández instruye a los acusados y sus abogados, así como a los fiscales y los empleados del Tribunal Federal a no hablar sobre las incidencias del caso
PUERTO RICO – El juez federal Pedro Delgado Hernández emitió este viernes una orden de mordaza sobre todas las partes involucradas en el proceso judicial que se sigue contra el boxeador Félix “El Diamante” Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz Martínez, acusados de asesinar a la joven Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.
Delgado Hernández sometió hoy la orden en la que instruyó tanto a los acusados y sus abogados, como a los fiscales federales y todo empleado del Tribunal Federal con conocimiento del caso a no hablar con los medios de comunicación ni el público en general, incluyendo mediante mensajes en las redes sociales.
La orden tendrá vigencia desde hoy, viernes, hasta que finalice el juicio, añadió el magistrado.
Del mismo modo, Delgado Hernández ordenó a Verdejo Sánchez a entregar, no más tardar del 14 de mayo, su información financiera a modo de que el tribunal pueda determinar su estatus financiero, si no puede costear su defensa y si debería mantener los abogados asignados por la corte.
Además, el magistrado Delgado Hernández aprobó a los abogados José R. Aguayo y Gary Edward Proctor como los representantes legales de Cádiz Martínez. Proctor, con base en Baltimore, Maryland, se especializa en defensa criminal y en casos de pena capital.
Un gran jurado federal dio paso, el jueves, a la radicación de cuatro cargos criminales en contra de Verdejo Sánchez. De acuerdo con el pliego acusatorio, Verdejo Sánchez y su cómplice, Cádiz Martínez, cometieron los delitos por los que se le acusan tras una “planificación sustancial y con premeditación” para causar la muerte de la mujer, quien estaba embarazada.
Verdejo Sánchez enfrenta cargos por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, un cargo por el asesinato de un niño que no había nacido y un cargo por uso y portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.
Mientras, Cádiz Martínez enfrenta tres cargos por cometer un carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona y un cargo por el asesinato de un niño no había nacido.
Estos cargos se desprendieron de la denuncia que presentó el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y que desembocaron en el arresto de Verdejo Sánchez el domingo. En ese documento, las autoridades revelaron que un testigo cooperador, Cádiz Martínez, reveló que Verdejo Sánchez lo contactó y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de la víctima. Verdejo Sánchez y Rodríguez Ortiz tenían una relación sentimental hace más de una década.
Luego, el 29 de abril, Verdejo Sánchez contactó a la víctima y “arregló para encontrarse cerca de la residencia de ella. Verdejo y el testigo condujeron para la reunión en la guagua Dodge Durango negra”, agregó la denuncia federal. La víctima llegó a la reunión en su vehículo, que era un Kia Forte color gris y se montó en el vehículo de Verdejo Sánchez. Ahí, el boxeador golpeó a la mujer de 27 años en la cara, le inyectaron una sustancia comprada en un punto de drogas y, posteriormente, la lanzan a la laguna San José desde el puente Teodoro Moscoso tras amarrarla.
Cádiz Martínez participó ayer, jueves, de la vista inicial en la que la jueza Camille Vélez Rivé también le denegó la libertad bajo fianza debido a la naturaleza de los cargos en su contra, porque representa un peligro para la población general y porque podría darse a la fuga.
La magistrada Vélez Rivé atenderá, el 11 de mayo, vistas de fianza y detención tanto para Verdejo Sánchez como para Cádiz Martínez.
Más tarde en la noche del jueves, el abogado Edwin Prado confirmó, en una entrevista en el programa Jugando Pelota Dura, de TeleOnce, que Cádiz Martínez le consultó lo que ocurrió y que representó al coacusado en las negociaciones con la Fiscalía Federal.