Jueza de NY encabeza audiencia este miércoles sobre Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE en Puerto Rico; boricuas marcharán para evitar más aumentos en factura de luz y recorte de pensiones
La jueza federal de Nueva York Laura Taylor Swain concluyó que el valor de la reclamación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asciende a $2,388 millones, una cifra muy por debajo de los $8,500 millones que exigían los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Han sido varias las manifestaciones de los puertorriqueños contra la privatización del sistema eléctrico en la isla. Crédito: RICARDO ARDUENGO | Getty Images
NUEVA YORK – La reducción en el pago a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como parte del Plan de Ajuste de la Deuda de la corporación pública podría traducirse en una baja en el propuesto aumento en la factura de luz para abonados, anticiparon expertos.
La jueza federal de Nueva York Laura Taylor Swain concluyó que el valor de la reclamación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asciende a $2,388 millones, una cifra muy por debajo de los $8,500 millones que exigían los acreedores de la Autoridad.
La decisión de la jueza de quiebras manda un mensaje de que los bonistas de la corporación no tienen los derechos ni la prioridad de pago que alegan.
Directivos de la Junta de Control Fiscal como su presidente David Skeel plantearon que la reducción es necesaria para que la AEE pueda suministrar electricidad a personas y negocios de Puerto Rico a precios razonables.
“Las proyecciones actualizadas sobre el consumo de energía desarrolladas por la AEE, Luma Energy LLC y Genera PR reflejan costos más altos y así como otros factores entre los que figuran hogares y negocios que continúan cambiando a electrodomésticos de mayor eficiencia energética y que añadiendo paneles solares en los techos. Los resultados impactan en el análisis de sostenibilidad de la deuda del Plan Fiscal”, detalla el documento de Certificación del Plan Fiscal para la AEE divulgado el 23 de junio.
“La Junta enmendará el Plan de Ajuste para reestructurar más 10,000 millones de dólares de deuda y otras reclamaciones contra la AEE antes de las reclamaciones de pensiones. Permitirá emitir contrapartidas por un valor aproximado de 2,500 millones de dólares a los acreedores. Dadas las proyecciones actualizadas, esta reducción del Plan de Ajuste actualmente presentado es necesaria para que la AEE pueda suministrar electricidad esencial a las personas y a los negocios de Puerto Rico a tarifas sostenibles. La Junta aún no ha determinado el cargo revisado para pagar la deuda heredada de la AEE”, agrega el texto.
El documento no hace referencia a partidas para los pensionados de la corporación pública.
Sin embargo, fuentes ligadas a la discusión del Plan de Ajuste de la deuda han alertado en los pasados meses de un posible nuevo aumento en la factura de luz de alrededor de un 30%.
El incremento sería para poder pagar las pensiones de los empleados jubilados de la AEE y la deuda de la corporación a través de un sistema de “pay go” que se basa en los ingresos de la corporación.
A juicio del abogado John Mudd, la postura de la Junta, organismo creado bajo la ley federal PROMESA para manejar las finanzas del territorio desde el 2016, podría traducirse en una reducción en el monto del propuesto aumento en la factura de luz.
“Obviamente que van a bajar por lo menos 20-30% de lo que iban a pagar, por lo que lo que te van a aumentar a la tarifa será menos. ¿Cuánto? No sabemos esto todavía, porque no han presentado el plan de ajuste nuevo. Ahora, eso no quiere decir que es lo que van a pagar, pero es lo que intentan pagar”, declaró Mudd a Metro PR durante el fin de semana.
El 16 de junio, la Junta le indicó a Swain, a través de una moción, que le entregaría el plan fiscal certificado de la AEE no más tarde del 23.
En el mismo documento, la entidad le solicitó a la Corte extender la fecha límite para suministrar el reporte del estatus del plan del 21 al 28 de junio, o sea mañana, miércoles.
“La Junta se reunirá y consultará con los objetores tan pronto como sea posible luego de que el Plan Fiscal de PREPA sea certificado”, avisó la Junta en un comunicado.
En la audiencia que se realizará próximamente, entre otras cosas, se discutirá el contrato de la empresa Genera PR, a pedido de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Genera PR es la compañía que mediante un proceso de alianza público privada asumirá la generación de energía eléctrica en la isla. La transición se da a dos años de que Luma Energy pasara a administrar el suministro y transmisión de energía eléctrica mediante un contrato de este tipo y en medio de cuestionamientos ciudadanos de apagones y retrasos en la reconstrucción de la red y el impulso de proyectos de energía limpia.
“La verdad es que el 28 es un ‘injunction’ (interdicto) donde la unión dice que el contrato de Genera es ilegal y están pidiendo un injunction para la ejecución de ese plan”, añadió Mudd sobre la cita judicial.
El 16 de junio, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) impugnó el contrato de Genera PR para la privatización de la generación de la electricidad en la Autoridad bajo el argumento de que crea un monopolio privado en el sector energético de la isla.
Por otro lado, en las últimas horas, la Asamblea Legislativa en el territorio busca llegar a un acuerdo que permita la aprobación de un presupuesto balanceado para que la Junta lo certifique. La expectativa del senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, es enviar a más tardar este martes el convenio de presupuesto. Sin embargo, las diferencias por el pedido de más fondos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios retrasan el proceso.
El calendario de la Junta establece que la legislatura tenía hasta el pasado 14 de junio para aprobar un presupuesto. Sin embargo, el senador aseguró que el ente federal se ha mantenido abierto a negociar.
“Ante este escenario hay dos posibles interpretaciones de hasta qué fecha tenemos para aprobar un presupuesto final que sea certificado por la junta. Conforme al calendario previamente establecido por la junta, la fecha es el 27 de junio. Según el proceso presupuestario de Puerto Rico tenemos hasta el 30 de junio. Mi inclinación es que debemos de enviar a la junta un presupuesto certificarse en o antes del 27 de junio”, declaró el senador a El Vocero.
Por otro lado, sectores religiosos, comerciales y comunitarios marcharán mañana a partir de las 4 p.m. desde el Capitolio (sede de la Legislatura de Puerto Rico) hasta La Fortaleza (residencia del gobernador) para pedir que no se apruebe el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE con aumentos en la factura y recorte a las pensiones.
Organizaciones como el Centro Unido de Detallistas (CUD), una de las que participará en la movilización, anticiparon el cierre de más de 20,000 negocios en la isla en caso de que se le dé paso al acuerdo fiscal.
“Marcharemos a Fortaleza para insistir que los aumentos en los costos de energía afectarían directamente nuestra capacidad para mantener abiertos nuestros negocios. Estos aumentos podrían representar el cierre de más de 20,000 negocios y el despido de miles de trabajadores. Los comerciantes no aguantamos un aumento más y peor aún si es uno que es por los próximos hasta 50 años. Estos aumentos ponen en peligro la estabilidad económica de nuestro país”, advirtió Edna Diaz, vicepresidenta del CUD según citada por Primera Hora.
Lizzette Gabriel, representante de la Iglesia Metodista, añadió que el Plan impactará los servicios sociales que ofrecen iglesias como la suya a poblaciones vulnerables.
“En muchas denominaciones tenemos servicio social donde alcanzamos y ayudamos a otras personas por medio de alimentación, cuido de niños, cuido en centros dirigidos a adultos mayores. También ofrecemos las facilidades para que se reúnan grupos de apoyo de rehabilitacion, por ejemplo a personas que son alcohólicas. Son servicios continuos que muchas veces nadie ve, pero que hacemos en las comunidades. Y si aumentan el costo de la luz, muchos de estos servicios gratuitos estarían en riesgo”, explicó Gabriel.
“Es importante que todo los sectores, no solo las iglesias, nos unamos a esta marcha y a esta lucha que tenemos como país. Este es un evento de aglutinación multisectorial que lleva un reclamo para que se detenga un proceso que afecta a todo el que conviva en la isla y ser parte de esta iniciativa es una responsabilidad que tenemos desde la perspectiva cristiana porque Cristo nos llama a luchar contra todo aquello que atente contra la justicia social y este aumento va en detrimento de nuestra ciudadanía”, añadió la religiosa.
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