Demandan a Florida por ley SB 1718 contra inmigrantes
La Ley SB 1718 en Florida enfrenta su primer demanda federal por parte de organizaciones federales, que acusan que dicha norma es "inconstitucional" y "xenofóbica", además de criminalizar a los inmigrantes
Varias organizaciones civiles en defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles presentaron una demanda en contra de la Ley SB 1718 en Florida, la cual busca impedir a indocumentados asentarse en el estado.
La acción había sido anunciada hace un par de semanas, pero este lunes grupos como el Southern Poverty Law Center, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, hicieron efectivo el proceso legal.
“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionadas’ por el Gobierno federal desde entonces”, destacan los demandantes.
Agregan que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso.
“[Además de] que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”, se acusa.
Los demandantes de la ley que entró en vigor el 1 de julio pasado –y fue promulgada por el republicano Ron DeSantis en mayo– señalan que la norma es “inconstitucional, xenofóbica” y “criminaliza” a la comunidad inmigrante en un estado donde “la quinta parte de la población nació en el extranjero”.
También consideran que representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”, no solo para los inmigrantes, y es “discriminatoria”.
Esta “ley dañina” está diseñada para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante, es “inconstitucional y socava nuestra democracia”, señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez, abogado de Southern Poverty Law.
La ley contempla varias disposiciones, como prohibir las licencias de conducir que otros estados otorgan a inmigrantes indocumentados, así como exigir a empresas de más de 25 empleados a aplicar el sistema E-Verify.
Con información de EFE