Un total de 10 solicitantes de asilo lograron entrar a Estados Unidos sin cumplir con la exigencia de la cita, según sus abogados
Dos organizaciones en defensa de migrantes y los 10 solicitantes de asilo demandaron al Gobierno de EE.UU. por rechazar a los solicitantes en puertos de entrada sin tener cita previa, por lo que se les permitió la entrada al país
Diez solicitantes de asilo que demandaron al Gobierno de Joe Biden por no considerar sus peticiones presentadas en puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos sin tener una cita previa lograron ingresar al país, informaron sus abogados.
El pasado 27 de julio la organización Al Otro Lado, Haitian Bridge Alliance y el grupo de 10 solicitantes de asilo ubicados en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, presentaron una demanda colectiva contra la Administración Biden por rechazar a las personas que solicitan asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos sin tener una cita previa.
En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Al Otro Lado dijo que los 10 solicitantes pudieron entrar al país.
La Administración Biden impuso una norma en mayo pasado que obliga a los solicitantes de asilo a obtener una cita en la aplicación CBP One para poder presentar sus casos en los puertos de entrada del país.
La medida ha sido criticada por las barreras que enfrentan muchos solicitantes que no pueden acceder a la aplicación. Nicole Ramos, directora de Al Otro Lado, calificó la medida de “ilegal”.
“La ironía es que el Gobierno rechaza a las personas dejándolas varadas en campamentos y albergues en ciudades fronterizas mexicanas que son tan violentas que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos limita los viajes de sus empleados a estas regiones”, manifestó a EFE la activista al presentar la demanda.
La querella legal sostiene que la política del Gobierno de devolver a los solicitantes de asilo que no tienen una cita por CBP One viola la ley de Estados Unidos, la propia orientación del Gobierno, los derechos de los solicitantes al debido proceso y las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional, que prohíbe al Gobierno devolver a los refugiados a países donde enfrentan persecución o tortura.
Aunque los solicitantes lograron ingresar a Estados Unidos, la querella contra la medida que exige las citas sigue su curso en una corte federal en San Diego, California.
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