Nueva York busca que el exalcalde de Blasio pague la factura de los agentes de policía de su campaña política

La ciudad de Nueva York está instando a un juez a obligar al exalcalde Bill de Blasio a pagar una multa sustancial que se le impuso por utilizar fondos públicos para financiar los gastos de viaje de los agentes de policía que lo acompañaron durante su campaña presidencial de 2019.

La Junta de Conflictos de Intereses, encargada de interpretar y hacer cumplir el código de conflictos de la ciudad para los empleados públicos, ordenó a de Blasio reembolsar $319,000 dólares a las arcas públicas por gastos de viaje, alojamiento y alimentación incurridos en 31 viajes de campaña desde Iowa a Carolina del Sur, según informó “thecity.nyc.”

Además, se impuso una multa récord de $155,000 dólares, la mayor en la historia de la Junta de Conflictos de Intereses.

De Blasio, quien anunció su candidatura demócrata a la Casa Blanca en mayo de 2019 y se retiró en septiembre del mismo año debido a las pésimas cifras de apoyo, se ha visto envuelto en una batalla legal con la Junta por la orden de pago.

Las facturas que pagaría de Blasio

El verano pasado, la Junta aclaró que si bien la ciudad estaba obligada a cubrir los salarios y las horas extras de los agentes de policía durante la campaña electoral, todos los demás gastos fuera de la ciudad eran responsabilidad del equipo de campaña.

A pesar de la directiva, de Blasio, que ejerció como alcalde de 2014 a 2022, no ha cumplido con la orden de pago. En cambio, impugnó la decisión de la Junta en septiembre, solicitando al juez Shahabuddeen Ally de la Corte Suprema de Manhattan, que preside el caso, que rechazara la orden.

En su demanda, de Blasio sostiene que la orden de la Junta excede su autoridad al regular las actividades políticas de un alcalde, afirmando que infringe la autonomía del alcalde en el manejo de la ciudad.

El quid del argumento de de Blasio reside en la prerrogativa del alcalde de decidir si una candidatura presidencial se alinea con su rol, enfatizando la autonomía para tomar tales decisiones de forma independiente.

Esta maniobra legal intensifica el debate sobre los límites de la autoridad del alcalde y hasta qué punto las pautas éticas deben aplicarse a los funcionarios de la ciudad.

En respuesta, la Junta de Conflictos de Intereses contrarresta la postura de de Blasio, caracterizándola como una “visión escalofriante de una alcaldía imperial” y afirmando su naturaleza errónea.

La Junta implora al tribunal que desestime el reclamo de de Blasio, mencionando que su argumento esencialmente postula que las reglas de ética aplicables a los trabajadores de la ciudad no se extienden a él. Esto, según la Junta, constituye una estratagema antidemocrática para proteger al exalcalde de la rendición de cuentas.

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