George Santos anticipa su expulsión del Congreso en medio de sus presuntas violaciones de la ley federal

El representante George Santos, republicano de Nueva York, se prepara para lo que cree que es una expulsión inevitable del Congreso, en un nuevo episodio de este drama político.

Santos, actualmente envuelto en un escándalo tras un informe del Comité de Ética, afirma que “lo llevará como una insignia de honor”.

El informe de 56 páginas del Comité de Ética, publicado a principios de este mes, sacudió la carrera política de Santos, revelando “evidencia sustancial” de violaciones de la ley federal.

Las acusaciones incluyen la canalización de importantes sumas de dinero a través de fondos de campaña y negocios para indulgencias personales, que van desde procedimientos cosméticos de alta gama hasta suscripciones a contenidos para adultos.

El representante Michael Guest, presidente del comité y republicano de Mississippi, presentó rápidamente una resolución para la expulsión de Santos, considerando que las conclusiones eran más que suficientes para tal acción punitiva.

La medida provocó una feroz respuesta de Santos, quien desafió a Guest a presentar la resolución como “privilegiada”, intensificando el enfrentamiento en la Cámara.

Santos, sin inmutarse por su inminente expulsión, arremetió contra sus colegas en X, antes Twitter, organizado por la personalidad de los medios conservadores Monica Matthews. Se lanzaron acusaciones de adulterio, resaca y presunto uso indebido de las tarjetas de votación, pintando un vívido cuadro de lucha interna dentro del Congreso.

El representante de Nueva York criticó el informe como “un golpe de la oposición política” y se abstuvo de abordar directamente las acusaciones, considerándolas “calumniosas”. Santos, quien enfrenta 23 cargos federales, se declaró “no culpable” y enfatizó su preocupación de que su defensa pueda ser utilizada en su contra en la batalla legal en curso.

En un acalorado intercambio en un “Space” de la red social X, el representante Robert García, un demócrata de California, confrontó a Santos, instándolo a renunciar. García enfatizó la inminente expulsión, a lo que Santos respondió con firme desafío, afirmando: “No le tengo miedo”.

La discusión subrayó la división cada vez más profunda que rodea el mandato de Santos y planteó dudas sobre los principios del debido proceso dentro del Congreso.

Cabe recordar que Santos está acusado de participar en diversas actividades delictivas, que incluyen:

• Informes fraudulentos de recaudación de fondos: Santos, durante el ciclo electoral de 2022, supuestamente conspiró para presentar informes materialmente falsos a la FEC en nombre de su campaña. El propósito de estos informes falsos era engañar a la FEC, a un comité nacional del partido y al público, inflando las cifras de recaudación de fondos de la campaña. Esta manipulación tenía como objetivo garantizar que Santos calificara para un programa administrado por el comité nacional del partido, que brindaría apoyo financiero y logístico a su campaña. Para lograrlo, Santos informó falsamente que miembros de la familia hicieron contribuciones significativas a la campaña, aunque no lo habían hecho.
• Fraude con tarjetas de crédito: Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, se alega que Santos ejecutó un plan fraudulento para robar la identidad personal y la información financiera de los contribuyentes de la campaña. Cargó repetidamente las tarjetas de crédito de estos contribuyentes sin su autorización, transfiriendo fondos a su campaña, a otros candidatos y a su cuenta bancaria personal. Para enmascarar la verdadera fuente de estos fondos y eludir los límites de contribuciones de campaña, Santos atribuyó falsamente algunas contribuciones a sus familiares o asociados, sin su consentimiento.

A medida que se avecina la resolución de la expulsión, la saga de Santos se desarrolla en el contexto de una era cambiante en el debido proceso político.

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