Center for American Progress y otras 60 organizaciones piden acceso de Puerto Rico a créditos fiscales de energía limpia en Ley de Reducción de Inflación (IRA)
Por medio de una carta el 9 de enero enviada al subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo; el de Comercio, Don Graves; y a la titular de Energía, Jennifer Granholm, las entidades piden que se actúe sobre la laguna en la ley que excluye a los territorios de los incentivos
NUEVA YORK – Center for American Progress (CAP) y otras 60 organizaciones pidieron al Departamento del Tesoro, Energía y Comercio, que se incluya a Puerto Rico y a los demás territorios de Estados Unidos
en los créditos federales por energía limpia como parte de la Ley de Reducción de Inflación (IRA).
Por medio de una carta con fecha del 9 de enero, los grupos emplazaron al subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo; el de Comercio, Don Graves; y a la titular de Energía, Jennifer Granholm, para que actúen sobre la laguna en la ley que excluye a los territorios de los incentivos.
“Importante, ‘el pago electivo’, también conocido como ‘pago directo’, le permite a las entidades exentas de impuestos, ya sea gubernamentales o sin fines de lucro beneficiarse de créditos fiscales directos para energía limpia por primera vez. Adicional, la transferibilidad permite a los desarrolladores de proyectos de energía limpia que carecen de capacidad tributaria vender sus créditos de energía limpia”, inicia la misiva.
Territorios no son elegibles para créditos fiscales de inversión (ITC)
“Nosotros los que suscribimos, le agradecemos al Departamento del Tesoro por clarificar que los gobiernos de los territorios generalmente son elegibles para reclamar el pago electivo. Sin embargo, estamos profundamente preocupados que los territorios estadounidenses no serán elegibles para créditos fiscales de inversión (ITC / Crédito fiscal a la inversión ) 30C, 45W, 48, 48 C y 48E, los créditos fiscales para inversión en energía limpia, almacenamiento de energía, microrredes, vehículos eléctricos comerciales, infraestructura de carga, actualizaciones en la red asociadas con interconexión de comunicación solar, y más”, añaden los activistas.
Las organizaciones añadieron que la reglamentación, tanto del Tesoro como del Servicio de Rentas Internas (IRS), se queda corta en proveer paridad en los territorios, donde estos créditos para energía limpia tendrían particular impacto e importancia debido a la vulnerabilidad de la red eléctrica ante desastres naturales.
“Adicional, proveer igual acceso a beneficios para almacenamiento de energía y microrredes se fundamenta en el compromiso del Departamento de Comercio y el Departamento de Energía para asegurar la recuperación económica de Puerto Rico y la seguridad energética mientras ayuda a alcanzar las metas de energía limpia”, recordaron.
Las organizaciones piden que el Tesoro y el IRS clarifiquen que el ITC debe ser determinado sin importar la Sección 50(b)(1) para entidades que reclamen el pago electivo o transferibilidad donde la propiedad sea predominantemente utilizada en un territorio.
El reclamo de los grupos sobre IRA se da luego de que el subsecretario de Hacienda de Puerto Rico, Ángel Pantoja, reveló que una laguna en la ley IRA impide que los residentes en la isla accedan al crédito contributivo federal de hasta $7,500 por la compra de un vehículo eléctrico.
El plan de la Administración Biden para impulsar energía renovable en Puerto Rico
Bajo la agenda de la Administración Biden y el “Estudio PR100” se busca avanzar en la modernización de la red eléctrica y la transición a fuentes de energía renovable.
El “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100)” es un trabajo investigativo de dos años dirigido por el Grid Deployment Office (GDO) del Departamento de Energía federal y varios laboratorios para analizar a fondos las alternativas para transicionar a la energía renovable.
PR100 ha sido financiado principalmente mediante un acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El estudio forma parte de un portafolio amplio de asistencia técnica en procesos de planificación de la red eléctrica de Puerto Rico, según el memorando de entendimiento (MOU) entre el DOE, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), FEMA, y el gobierno de Puerto Rico.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 del 2019) establece que la isla debe satisfacer sus necesidades de electricidad con energía 100% renovable en el 2050. Lo anterior incluye cumplir con metas intermedias de 40% para el 2025 y 60% para el 2040.
Alcance de la Ley de Reducción de Inflación (IRA)
IRA, firmada por Biden en agosto de 2022, ha sido descrita por la Administración como la legislación más significativa en la historia de Estados Unidos para afrontar la crisis climática y reforzar la seguridad energética en el país.
“Va a reducir los costos de energía para los hogares y negocios, creará trabajos para los estadounidenses y y ofrecerá un futuro limpio, seguro y saludable para nuestros hijos y nietos. Los ahorros, trabajos y otros beneficios provistos por esta legislación alcanzará a las comunidades en Puerto Rico”, apostó el Gobierno de Biden.
Entre otras cosas, través de la medida, se busca cubrir entre un 50% y 100% el costo de instalar nuevos aparatos en hogares de ingresos bajos y moderados.
“Solo en las rebajas por los nuevos artefactos, los ahorros en facturas de electricidad serán de al menos $350 por año”, estimó la Casa Blanca.
No es la primera vez que la entidad lidera una carta a las autoridades en Washington D.C. sobre las deficiencias de IRA.
En marzo del año pasado, Center for American Progress junto a otras 20 organizaciones medioambientales y de promoción de asuntos relativos a Puerto Rico en la capital federal, enviaron una misiva al Departamento del Tesoro sobre el mismo tema.
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