Acuerdo de conformidad: El último mecanismo de Dani Alves para evitar ir a juicio
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que el juicio contra Dani Alves, por agresión sexual, se celebre íntegramente a puerta cerrada
Del 5 al 7 de febrero está fijado en España el juicio contra el exfutbolista brasileño Dani Alves por una presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona a finales del 2022.
La defensa del jugador sigue trabajando para librar al futbolista de sentarse en el banquillo del juzgado en el que posiblemente será “el juicio del año”.
Pero su pudo conocer en medios de España que Inés Guardiola, actual abogada del brasileño, estaría detrás de un acuerdo de conformidad. Al parecer, la letrada estaría negociando que el jugador reconociese la culpa e indemnizase a la víctima a cambio de reducir considerablemente la condena.
Un acuerdo al que sería posible llegar hasta justo antes de dictarse la sentencia, que es una moneda al aire a la que ninguna parte suele querer llegar.
Su propuesta se enmarcaría en aceptar cuatro años de cárcel, lo que dista mucho de los doce que solicita la víctima (la pena máxima para este tipo de delitos: agresión sexual con penetración). “Se barajaban los años de condena y la responsabilidad civil, muy por encima de los $150,000 dólares que fijó en el último momento la juez instructora”, apunta Navarro.
Piden que el juicio de Dani Alves sea a puerta cerrada
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que el juicio contra Alves, por agresión sexual, se celebre íntegramente a puerta cerrada con el fin de preservar la intimidad de la víctima, una petición a la que se han sumado la defensa y la acusación particular.
Según han informado fuentes jurídicas a EFE, la Fiscalía y la acusación particular han coincidido en plantear esa medida excepcional, a la que no se opone la defensa, a la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que entre el lunes y el miércoles de la semana próxima juzgará a Dani Alves, acusado de violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.
En su petición, el ministerio público mantiene que el juicio a puerta cerrada es una medida “indispensable” para proteger el derecho a la intimidad de la víctima, así como el “respeto” a la misma, que pretende evitarle los “graves perjuicios” que pudiera causarle un proceso en el que se permita la entrada al público y a los medios.
También la acusación particular ha planteado argumentos similares, mientras que la defensa, que ya pidió la nulidad del proceso contra Alves, esgrimiendo las filtraciones a la prensa de la instrucción el caso, no se ha opuesto a la petición para preservar el proceso de la exposición mediática que cree lo ha contaminado desde el principio.
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