Doctrina de “Casos Insulares” de la Corte Suprema de EE.UU. discrimina contra ciudadanos puertorriqueños en la isla, plantea informe de Comisión de Derechos Civiles
La doctrina de territorio no-incorporado trata a los residentes en Puerto Rico como ‘menos que’, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses, señala el documento divulgado esta semana
Edificio que alberga el Tribunal Supremo en Washington D.C. Crédito: David Ake | AP
Nueva York – Revocar los “Casos Insulares” sería solo una de varias soluciones para acabar con la discriminación a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico bajo el sistema territorial o de territorio no incorporado, planteó la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, en su testimonio ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos (USCCR).
“Revocar los Casos Insulares no sería la única solución dado que no resuelve la discriminación política como la incapacidad para votar a nivel federal, que solo está reservado para los estados. Por otro lado, la descolonización no requiere la revocación de los Casos Insulares”, expuso la estadista.
El testimonio de González, única representante electa en Puerto Rico para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, forma parte de los argumentos incluidos en un memorando divulgado por la entidad federal el 12 de febrero.
El memorando es un seguimiento a la audiencia pública que se realizó en San Juan, capital de la isla, el 10 de mayo de 2023, para examinar el impacto de la doctrina de los Casos Insulares decididos por la Corte Suprema de EE.UU. que afectan los derechos civiles de los puertorriqueños en la isla.
El documento fue aprobado unánimemente por medio del voto de los 9 miembros del comité consultivo el pasado 24 de enero.
Básicamente, el texto preliminar recoge las opiniones y argumentos presentados por varios funcionarios, así como otras partes y grupos interesados en el tema de la descolonización de Puerto Rico.
La publicación divulgada por el comité consultivo es la primera desde que fue establecido en 2022, y es el primer memorándum en español de la Comisión.
Se espera que la Comisión presente un informe final con las sugerencias de sus miembros.
En resumen, el documento confirma lo que varios sectores dentro y fuera de la isla han estado planteando por años: que las decisiones del Supremo bajo la doctrina discriminan a los puertorriqueños que viven en el territorio.
“Los Casos Insulares han establecido una justificación constitucional para la consolidación de normas diferentes y desiguales que han determinado la indefinida relación entre los territorios y Estados Unidos. Los casos también han establecido un marco político y racial que trata a los habitantes (de los territorios) de manera desigual y sin representación con derecho a voto, sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos”, expone el reporte.
A esta cláusula se le conoce como la Cláusula Territorial.
“El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al trrritorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos, y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual”, lee la disposición constitucional.
Puerto Rico en un limbo por estatus territorial
El informe revela que varios panelistas coincidieron en el hecho de que Puerto Rico sea un territorio no incorporado mantiene a la isla en un estado de limbo, lo que ha servido como excusa para que el Congreso de EE.UU. no atienda los derechos civiles de los boricuas o el estatus político en su totalidad.
“Como ciudadanos estadounidenses, los residentes de Puerto Rico no tienen muchos derechos civiles garantizados, incluyendo el derecho a votar a nivel federal, tampoco tienen representación en el Congreso con derecho al voto, lo que resulta en un trato desigual entre los ciudadanos que viven en los estados y los que viven en la isla”, indica el informe.
Los participantes del foro al que hace referencia el documento además concurrieron en que la Corte Suprema no es el vehículo ideal para resolver los problemas causados por la Doctrina de Territorio No-incoporado.
“La doctrina de no-incorporación trata a los residentes en el territorio como ‘menos que’ y ha sido utilizada como una excusa para la continuación del estatus colonial por mucho tiempo, lo que indica que es uno de los principales obstáculos para alcanzar la descolonización”, establece el texto.
Contradicciones de la ciudadanía estadounidense en el caso de los puertorriqueños
El expediente también cita al profesor de ciencias políticas de la Universidad de Connecticut, Charles R. Venator Santiago, sobre las contradicciones de la ciudadanía estadounidense en el caso de los puertorriqueños a tenor con los Casos Insulares.
El académico argumentó que, aunque la Corte Suprema trata a P.R. como un territorio externo (extranjero en el sentido doméstico), el Congreso determinó que haber nacido en la isla después del 1940 es equivalente a haber nacido en EE.UU.
“En otras palabras, ciudadanos por nacimiento en un territorio externo, una contradicción”, sostuvo el experto.
Eliminar Casos Insulares ayudaría a reducir disparidades
Los participantes de la audiencia están de acuerdo en que la eliminación de los Casos Insulares podría reducir las “disparidades sociales y eliminar las contradicciones dañinas” bajo las que el Congreso y la Corte Suprema tratan a Puerto Rico.
“Llamar a la revocación de los Casos Insulares podría ser un acción importante tomada por la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. que podría promover el reconocimiento hacia la igualdad de Puerto Rico”, destaca el informe.
Otras recomendaciones incluidas en el texto son: apoyar la resolución de la Cámara de Representantes 314 que reconoce las decisiones de la Corte Suprema que discriminan contra los puertorriqueños; sugerir que la isla reciba igual trato bajo el programa TRICARE Prime; y que el comité considere una declaración que indique que los Casos Insulares son una forma de discriminación contra los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico.
George Laws García, director ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), destacó el valor del documento para evidenciar las injusticias que enfrenta la isla bajo el sistema de gobierno actual.
“Este memo representa otra pieza significativa de evidencia de las inherentes injusticias que Puerto Rico enfrenta como territorio de EE.UU., y la necesidad de todos los estadounidenses de estar alertas y tomar acción para que los ciudadanos en Puerto Rico puedan decidir su estatus político futuro fuera del colonialismo territorial”, indicó mediante declaraciones escritas enviadas a El Diario de Nueva York este viernes.
Laws García, quien fue otro de los deponentes en la audiencia de la Comisión en Puerto Rico, añadió que en los pasados plebiscitos criollos realizados en la isla, los boricuas han reclamado acción en cuanto al tema territorial.
“No solo los votantes en Puerto Rico han rechazado el estatus territorial actual y favorecido la estadidad en tres ocasiones en la pasada década, sino que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado se han introducido soluciones legislativas bipartidistas, y ahora la Comisión de Derechos Civiles está escuchando directamente de los residentes de la isla sobre la necesidad de que el Congreso termine con el estatus territorial que viola las libertades civiles de todos los ciudadanos estadounidenses que viven en la isla…”, planteó.
Cabe señalar que las recientes legislaciones para resolver el estatus presentadas en el Congreso, que sí tienen carácter vinculante, no han completado el proceso legislativo para convertirse en ley. Aunque la pieza legislativa a la que hace mención Laws García fue aprobada por los demócratas en diciembre de 2022, las nuevas versiones en la Cámara y en el Senado aún no bajan a comité, proceso previo a cualquier votación en el pleno de los cuerpos legislativos.
Casos Insulares datan desde el 1900
Los Casos Insulares datan desde el 1900 con el de Downes vs. Bidwell (1901) hasta el de Estados Unidos vs. Vaello Madero, en el 2022.
Una de las opiniones más notorias que menciona el informe de la Comisión es precisamente el de Downes versus Bidwell.
El demandante alegó que Puerto Rico dejó de ser un país extranjero en relación con Estados Unidos desde la invasión de 1898, por lo tanto, una tarifa del 15% no puede ser cobrada por bienes en la isla dado que la Constitución establece que impuestos y tarifas serán uniformes en todas las partes de EE.UU.
En ese caso, la Corte Suprema decidió que la tarifa era válida, ya que Puerto Rico pertenece a, a pesar de que no es parte de, Estados Unidos.
“Para sostener este razonamiento, fue creada una distinción legal por la Corte Suprema con base en su interpretación de la cláusula territorial”, señala el reporte.
En cuanto al caso EE.UU. versus Vaello Madero, el máximo foro estableció que no es inconstitucional que el Congreso federal le niegue a Puerto Rico acceso al Seguro Social Complementario (SSI).
El tribunal decidió que el Congreso puede negar beneficios como este a los residentes de Puerto Rico con base en el estatus fiscal del territorio en su conjunto.
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