Puerto Rico: Representante Cori Bush y concejales de Chicago se suman a llamado contra Ley 22 y piden cerrar laguna legal que beneficia a extranjeros millonarios
Cada vez son más los sectores políticos en Estados Unidos que piden acción para evitar que beneficiarios de la Ley 22 en la isla evadan su responsabilidad tributaria
La representante demócrata de Missouri, Cori Bush. Crédito: Jacquelyn Martin | AP
Nueva York – Cori Bush, representante demócrata de Missouri en el Congreso de Estados Unidos, se sumó esta semana al llamado de otros miembros de esa colectividad para acabar con la laguna legal en la Ley 22 que le permite, principalmente, a estadounidenses multimillonarios establecerse en Puerto Rico, no pagar ciertos impuestos y evadir los federales.
Al tiempo que pidió cortapisas contra los beneficiarios de la “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, parte del Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60), Bush abogó por avanzar en un proceso de descolonización para Puerto Rico, territorio de Estados Unidos por más de un siglo.
“San Luis y yo nos levantamos hoy en solidaridad con el pueblo puertorriqueño. Puerto Rico se ha visto afectado durante mucho tiempo por su condición de territorio de Estados Unidos. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como Ley 22. Esta política le permite a las personas que se mudan a Puerto Rico no pagar impuestos locales sobre sus dividendos, ganancias de capital y ciertas inversiones. Como era de esperarse, los ricos se han beneficiado de esta política, mientras el pueblo puertorriqueño tiene que lidiar con los daños”, expuso la congresista este martes desde el pleno de la Cámara.
“Debido a la Ley 22, Puerto Rico puede perder un estimado de $4,500 millones en ingresos por impuestos entre el 2020 y el 2026, y ya estamos viendo los alquileres disparados y un incremento en el desplazamiento”, añadió.
“Esto tiene que acabar. El Congreso tiene que cerrar la laguna legal de la Ley 22, acabar con la injusticia del colonialismo y presentar legislación de autodeterminación para la gente de Puerto Rico”, puntualizó en el mensaje de 1 minuto.
El Diario contactó a personal de la oficina de la legisladora para recabar mayor información sobre su intención detrás del discurso en el pleno de la Cámara, pero aún no hemos recibido respuesta.
Delia Ramírez y “Chuy” García también se han pronunciado contra la Ley 22
Otros dos demócratas en la Cámara, que tampoco son de origen puertorriqueño, también se han pronunciado desde el hemiciclo para alertar sobre los efectos nocivos de la Ley 22 que facilita el traslado de extranjeros a Puerto Rico bajo exenciones fiscales a cambio de que inviertan en la isla y generen empleos.
Uno de estas fue Delia Ramírez, representante por Illinois, quien denunció el desplazamiento de los locales por la llegada de los extranjeros que, como parte de las disposiciones del estatuto, deben establecerse en la isla y permanecer como mínimo 183 días al año.
En su mensaje en diciembre pasado, Ramírez manifestó que la Ley 22 está creando mayor crisis en la isla al incentivar la gentrificación de los menos pudientes que no pueden competir con extranjeros multimillonarios en la adquisición de propiedades.
“Debido a la Ley 22 y las lagunas en las leyes de impuestos federales, Puerto Rico es el único lugar donde un estadounidense rico, sin vínculos con la isla, se puede mudar y evadir el pago de impuestos federales, impuestos que representan fondos esenciales para programas de rescate gubernamental e infraestructura crítica en nuestros distritos”, declaró desde la Cámara de Representantes.
“Y, mientras estos estadounidenses buscan refugio fiscal en Puerto Rico, están aumentando el costo de la renta en un 600%, privatizando tierras que le pertenecen a la gente, robándole a los puertorriqueños vivienda asequible, y provocando la segunda gran migración que la isla ha visto”, continuó la congresista.
En entrevista con este periódico en enero pasado, Ramírez insistió en el impacto colateral de la ley en los ingresos fiscales del gobierno federal.
“Si no te importa Puerto Rico en la manera en que me importa a mí, te debería importar la cantidad de estadounidenses que no quieren pagar impuestos en tu distrito y cómo eso está afectando la inversión en educación en tu distrito, el cuidado de salud y la solvencia en los programas sociales. Eso no se está pagando porque lo que está pasando en Puerto Rico, estamos dejando que pase”, planteó
José “Chuy” García, otro representante de Illinois, también se expresó en diciembre pasado sobre los efectos de la Ley 22.
“Me levanto hoy para llamar la atención sobre la Ley 22 en Puerto Rico y hacerme eco de las preocupaciones de muchos, incluyendo mis constituyentes debido a esta laguna legal. Debido a la Ley 22, Puerto Rico es el único lugar en el mundo donde un ciudadano del territorio continental puede moverse y no pagar un centavo en impuestos federales a las ganancias de capital o impuestos sobre la renta sin renunciar a su ciudadanía”, denunció García.
“La Ley 22 fue vendida como una inyección económica ante la sombra de la recesión, pero eso no fue lo que pasó. Millonarios y multillonarios están acudiendo a la isla para evadir el pago de impuestos. Una industria artesanal de profesionales de impuestos y contables han emergido para apoyar a estos evasores de impuestos. Magnates de criptomonedas, especuladores de bienes raíces e influencers de internet como Logan Paul son parte de una nueva generación de ‘gentrificadores’ aumentando los costos y desplazando a puertorriqueños”, agregó el demócrata al tiempo que destacó la pesquisa que encabeza el IRS a presuntos evasores.
El IRS le sigue la pista a evasores de impuestos bajo Ley 22
Desde el año pasado, la Oficina de Rentas Internas (IRS) investiga a unos 100 recipientes de los decretos contributivos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC).
El IRS busca determinar si beneficiarios de estos decretos han mentido sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
En el caso de Bush, la legisladora también firmó una carta, en noviembre pasado, junto a otros 12 demócratas en la que piden que la agencia recaudadora de impuestos divulgue la información de la investigación solicitada por un grupo de activistas dentro y fuera de la isla.
Concejo Municipal de Chicago pide enmendar el Código Fiscal de Estados Unidos
Al llamado por parte de representantes demócratas en el Congreso en contra de la Ley 22, se sumaron recientemente líderes del Concejo Municipal de Chicago como Jessie Fuentes. El grupo adoptó una resolución en la que piden enmiendas al Código Tributario de EE.UU.
Aunque el proceso se completó el 24 de enero pasado, no fue hasta esta semana que se divulgó el documento correspondiente a la iniciativa.
El material en poder de El Diario indica que, a través de la resolución, se le pide al Congreso en Washington clarificar el Código Tributario estadounidense para prevenir el mal uso de los incentivos fiscales en Puerto Rico y el impacto económico negativo a su gente.
“Cualquier enmienda al código fiscal debe preservar el intento original de promover el crecimiento en Puerto Rico mientras se previene el potencial mal uso y se atienden los impactos económicos negativos a la población”, lee el texto enviado a los principales líderes del Congreso.
Por medio del documento, se pide la colaboración entre los gobiernos federales, estatales y locales, así como de las autoridades en Puerto Rico para asegurar que las políticas fiscales sean justas, transparentes y efectivas. También se insta al impulso de campañas educativas para informar al público sobre el uso apropiado de incentivos contributivos y las potenciales consecuencias del mal uso.
Precisamente, grupos como “Losing Puerto Rico” proponen que se presente legislación en la capital federal a los fines de resolver la laguna legal que creó la sección 933 del Código de Rentas Internas, que establece que los ingresos obtenidos de fuentes de Puerto Rico están exentos del impuesto sobre la renta de los EE. UU.
El objetivo final de un proyecto de ley de este tipo podría ser que se le cobre impuestos a los beneficiarios de los decretos bajo Ley 22 o que la exención contributiva aplique únicamente a los residentes naturales de Puerto Rico y sus descendientes.
