CPD y “PR No Se Vende” apelarán decisión del IRS de no divulgar información sobre pesquisa por evasión fiscal de beneficarios de Ley 22
El 28 de marzo pasado, el IRS indicó mediante carta al Centro para la Democracia Popular y a las organizaciones puertorriqueñas agrupadas bajo “PR No Se Vende” que no brindarían información sobre el curso de la investigación, luego de que la coalición presentará una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA)
Vista del Capitolio y otras estructuras en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – El Centro para la Democracia Popular (Center for Popular Democracy / CPD) y las organizaciones puertorriqueñas agrupadas bajo “PR No Se Vende”/ “Not Your Tax Haven” planean apelar la decisión del Servicio de Rentas Internas (IRS) de no divulgar información sobre la pesquisa por presunta evasión fiscal a beneficiarios de decretos contributivos bajo la Ley 22 en la isla.
Hace poco más de un 1 año, la coalición presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act – FOIA) con el fin de que la dependencia federal, adscrita al Departamento del Tesoro, brindara una actualización sobre el curso de las auditorías que iniciaron en el 2021 a pedido de líderes del Congreso de Estados Unidos.
Sin embargo, unos tres años después no se tienen datos claros sobre el estatus de las indagaciones y los posibles resultados.
El 28 de marzo pasado, el IRS contestó al CPD en una carta, pero la misma no incluía información sobre el curso de la pesquisa, lo que para los representantes de la organización es inaceptable.
“Nosotros buscamos y ubicamos 3,306 páginas en respuesta a su solicitud. De las 3,306 páginas localizadas en respuesta a su solicitud, estamos adjuntando 0 páginas. Estamos aguantando las 3,306 páginas”, fue la respuesta de la dependencia.
IRS solicitó cuatro prórrogas ante la solicitud de FOIA
Tanto Figueroa como Marlyn Goyco- García, gerente organizadora nacional de la entidad para Puerto Rico y Nueva York, coincidieron en que, luego de que el IRS sometiera cuatro solicitudes de prórrogas para cumplir con el requerimiento, la respuesta debió contener al menos datos sobre el número de auditorías culminadas.
“Vamos a seguir viendo cuáles son nuestras opciones para el proceso, porque eso no es una contestación aceptable después de un año y cuatro prórrogas”, adelantó en entrevista con El Diario, Iris Figueroa, estratega política sénior del CDP.
“Podemos apelar la decisión sobre la solicitud de FOIA, y decir que no es aceptable que no nos hayan dado nada, que pudieron haber provisto alguna información”, añadió Figueroa al tiempo que especificó que la apelación será dirigida a la oficina de FOIA en el IRS.
Fiigueroa argumentó que la coalición no solicitó información confidencial sobre los investigados.
“Como parte de esas prórrogas y del proceso, nos iban pidiendo que hiciéramos el pedido más específico, y nosotros no tuvimos problema con eso. Desde un principio nosotros no estábamos buscando información personal de impuestos de nadie; estábamos buscando con el FOIA lo que se hace con cualquier otro departamento. (Solicitamos) Comunicaciones del proceso de auditoría de la agencia”, señaló sobre el trámite.
“Cuando se hace una auditoría a una agencia de gobierno…siempre hay un plan de trabajo, una guía de preguntas o del enfoque de la investigación. Deben llevar un conteo del número de investigaciones abiertas que tienen, de cuántas han terminado, de cuántas han resultado en cargos, etc. Y toda esa información la pueden dar sin tener que identificar a individuos”, continuó.
Posibles cargos criminales contra beneficiarios de Ley 22 en Puerto Rico
Figueroa sospecha que la negativa del IRS en proveer una actualización de los procesos responde al avance en la investigación que podría traducirse en cargos criminales.
“El IRS indicó el verano pasado que pensaba traer cargos criminales contra 100 individuos beneficiarios de la Ley 22. Ellos hicieron ese anuncio público y no volvimos a ver más nada. Entonces, una posible sospecha es que ellos estén en negociaciones sobre esos casos, y por eso es que no están compartiendo información. Pero, no sabemos. Por eso, precisamente, es que vamos a continuar con el proceso para que nos den la información”, puntualizó.
El IRS además contestó la carta enviada en noviembre del 2023 por un grupo de representantes demócratas liderados por Nydia Velázquez en la que los legisladores le piden a la entidad agilizar la divulgación de información sobre la pesquisa bajo FOIA.
En esa misiva en particular, la oficina recaudadora de impuestos tampoco especificó sobre el rumbo de la evaluación. Sin embargo, señalaron que los archivos en cuestión estaban bajo revisión, así como cualquier retención prevista por la ley.
¿Qué es la Ley 22?
La Ley 22 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico fue aprobada en el 2012 en la legislatura de Puerto Rico.
A los extranjeros cobijados bajo estos decretos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se les exime del pago de impuestos por ingresos, dividendos, intereses y ganancias de capital si se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión y permanecen al menos 183 días al año.
La ley, sin embargo, ha llevado a la evasión de impuestos a nivel federal por parte de algunos de los estadounidenses receptores de las exenciones fiscales. El IRS investiga a unos 100 beneficiarios que habrían mentido sobre su estancia en la isla para no cumplir con el pago de impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
¿Qué ha dicho el IRS sobre la investigación a los beneficiarios de Ley 22?
En una entrada en su sitio web con fecha de 14 de julio de 2023, el IRS confirmó que está “persiguiendo a evasores de impuestos millonarios”.
“El IRS está trabajando para garantizar que los contribuyentes de altos ingresos paguen los impuestos que deben. Antes de la Ley de Reducción de la Inflación, más de una década de recortes presupuestarios impidieron que el IRS siguiera el ritmo del conjunto de herramientas cada vez más complicado que los contribuyentes más ricos usan para ocultar sus ingresos y evadir el pago de su parte. El IRS ahora está tomando medidas rápidas y agresivas para cerrar esta brecha”, lee parte del aviso en irs.gov.
“En los últimos meses, nuestro equipo de Investigación Criminal ha cerrado una larga lista de casos en los que contribuyentes adinerados han sido condenados por evasión de impuestos, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. En lugar de pagar impuestos, estos evasores gastaron el dinero adeudado al gobierno en apuestas en casinos, vacaciones y la compra de artículos de lujo. Por ejemplo, en un solo caso se ordenó a la persona que pagara más de $6 millones en restitución”, añaden desde el IRS.
Bajo el encabezado “Estrategia de fraude en Puerto Rico”, el IRS señala lo siguiente: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
Este martes, El Diario le solicitó declaraciones al Departamento del Tesoro con respecto al curso de la investigación del IRS y la negativa de suministrar información sobre la misma a través de FOIA. Hasta el momento no hemos recibido respuesta.
Aparte de los alegatos de evasión fiscal, el programa de incentivos ha sido cuestionado dentro y fuera de la isla por agravar la crisis de vivienda al crear una burbuja inmobiliaria que ha aumentado el costo de alquiler y compra de propiedades que no le permite a los locales competir en igualdad de condiciones con los extranjeros adinerados; además de propiciar el desplazamiento de comunidades en la isla.
En ese sentido, Goyco- García explicó que la intensificación de la campaña contra los beneficiarios de la Ley 22 responde a una acumulación de denuncias sobre el alcance y el efecto del estatuto.
“Yo creo que ha sido el acumulativo de muchas cosas. Obviamente, la falta de información pública por parte del gobierno local. En el 2021, el IRS había anunciado su primera campaña de auditoría que había sido solicitada por el Congreso, y este trabajo pues tiene dos vertientes. Están las personas que se mudan a Puerto Rico y no pagan contribuciones, y obviamente, han exacerbado el costo de la vivienda. Pero también personas que alegan que viven en P.R., y que en realidad no están cumpliendo con el requisito de residencia, y por ende, también están evadiendo contribuciones federales”, expuso.
CPD no favorece que se legisle en el Congreso contra la Ley 22
Las entrevistadas insistieron en que la mejor manera de solucionar este problema es derogando la Ley 22 a nivel local, y no legislando en el Congreso posibles vía para atender la laguna fiscal del estatuto.
“Esto es una ley local establecida por la legislatura que se otorga y se fiscaliza a través de las agencias en P.R. Nosotros lo que le estamos pidiendo al Congreso es que asuman su responsabilidad en cuanto al IRS y las contribuciones federales que estas personas han dejado de pagar en sus estados y a nivel federal. Pero nosotros hemos sido muy cuidadosos más allá de solicitar el refuerzo (desde el Congreso), porque históricamente cuando el Congreso legisla sobre asuntos locales, pues no nos ha ido súper bien. Nuestra visión de la coalición y en las conversaciones que hemos tenido con decenas de congresistas es que esto podría sentar un precedente súper nefasto que perpetuaría el colonialismo en Puerto Rico. Así que nosotros, más allá de decirles, ‘esta parte es responsabilidad de ustedes, manéjenla’, no se metan a hacer algo que puede terminar más adelante en repercusiones para los puertorriqueños”, alertó.
“Yo creo que hay algunos activistas, y quizás es bien intencionados, ‘hay una legislación problemática y queremos que alguien la arregle; vamos a los federales…”. Si queremos que el gobierno de P.R. tenga autonomía, tiene que ser a través del gobierno de P.R. que se cambien las cosas que necesitan ser cambiadas”, secundó Figueroa.
Cabe señalar que ninguna de las legislaciones para enmendar o derogar la ley han avanzado en el trámite legislativo. Goyco-García tiene una teoría sobre las razones de la inacción.
“Estos son personas que han proactivamente financiado campañas políticas; ellos les donan a los políticos de este país…Esto son personas que aportan a las campañas políticas. Es un grupo pequeño, pero es un grupo bien poderoso”, planteó.
Cuestionan la poca transparencia en la fiscalización por parte del DDEC
Las activistas además cuestionaron la poca transparencia por parte del DDEC en términos de los procesos de fiscalización de los decretos. Hasta principios de año, el DDEC supuestamente había revocado unos 400 incentivos de unos 5,000 otorgados.
“Mira si es cuestionable que el DDEC diga que está haciendo su trabajo, cuando en el 2021 ellos dijeron que habían revocado 300 y a esta fecha no sabemos quiénes son, porque lo único que te da la página web es una lista de nombres y la fecha en que se otorgó el decreto; no te indican la fecha en que se revocó el decreto, la procedencia de estos beneficiarios, si han cumplido o no. Hay que creerle por fe, porque ellos dijeron, ‘revocamos estos decretos’, pero no presentaron evidencia de la revocación”, señaló Goyco-García.
La entrevistada añadió que, como parte de la solicitud de información al DDEC, se le requirió datos sobre la deuda recobrada por exención del pago de impuestos al Departamento de Hacienda a los beneficiarios a los que se les revocó el contrato.
“A la par con la estrategia federal, hemos corrido con la estrategia paralela a nivel local; hemos hecho dos requisitos de información al Departamento de Desarrollo Económico…Una vez se revocan estos decretos, entras en incumplimiento con ese contrato que tienes con el Gobierno, y lo que sea que tú debiste haber estado pagando en contribuciones, tienes que devolvérselo al Gobierno. Eso es un contrato con el que tú incumpliste, por ende todos los beneficios que te otorgó el decreto quedan inmediatamente revocados. Lo que sea que tú le debas al gobierno de P.R., a las arcas, tendrías que pagarlo”, expuso.
Sobre este particular, en marzo pasado, trascendieron los hallazgos de la evaluación de la Contraloría de Puerto Rico que apuntan a deficiencias en la fiscalización tanto de los decretos bajo la Ley 22 como los de la Ley 20 o Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, que establece que los Ingresos por Servicios de Exportación o EIS se gravan a una tasa impositiva reducida del 4 %.
Entre otras cosas, el reporte, que cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de enero de 2022, arrojó que el DDEC no requirió a uno de los negocios la creación de tres empleos directos, no solicitó la declaración jurada de la fecha de comienzo a otro, falló en pedir los informes anuales contributivos a otros dos y tampoco requirió ocho planillas de contribución sobre ingresos a cuatro accionistas.
Sobre el argumento del DDEC en el sentido de que es erróneo señalar que los beneficiarios de Ley 22 no pagan ningún impuesto, Goyco-García respondió: “Como el DDEC ha fallado en su responsabilidad de poder compartir esta información, eso es otra cosa que hay que creerle por fe. Lo que sí podemos decir es que el Departamento de Hacienda ha hecho unas proyecciones en su informe de gastos tributario. Hizo un primer informe en 2017, que comprendía de 2017 a 2023, y ahora este verano publicó el segundo informe que cubre del 2023 al 2026. En este último informe, el Departamento lo que proyecta es que P.R. dejaría de devengar 4.5 billones (4,500 millones) solamente por concepto de esta ley”.
La portavoz de CPD además señaló que no se puede perder de vista los efectos colaterales de la ley como la proliferación de alquileres a largo plazo y el impacto en el inventario de viviendas en la isla.
“Hay una realidad que tenemos que cuestionar, P.R. pasó de tener de unos 1,000 alquileres a corto plazo en el 2014 a unos 25,000 alquileres a corto plazo en el 2024. Estas son personas que llegan para comprar las propiedades ‘cash’, lo que hace que aumente la especulación (en el mercado de bienes raíces) a un nivel en el que los locales no podemos competir. La mediana en P.R. es de $22,000”, argumentó.
Otro asunto que preocupa a Figueroa y a Goyco-García es el contenido de un reciente informe divulgado por la entidad que apunta a que algunos beneficiarios estarían burlando las disposiciones de la Ley 22 para que los inversionistas residentes donen $10,000 a organizaciones sin fines de lucro en la isla.
Creación de organizaciones sin fines de lucro por parte de beneficiarios de Ley 22
Según los denunciantes, algunos de estos millonarios han creado sus propias organizaciones para mantener el dinero corriendo en su pequeño círculo.
“Hay un requisito que los obliga a donar $10,000 dólares a organizaciones sin fines de lucro, pero no te dice que tienen que ser ONGs previamente establecidas en P.R. Así que esto lo que ha resultado es que ellos crean sus organizaciones, burlan el requisito donándose entre ellos mismos, y utilizan los fondos para hacer eventos súper lujosos…”, expuso Goyco-García.
La entidad se creó para “empoderar a puertorriqueños de bajos ingresos para que escapen de la pobreza”.
Sin embargo, según la investigación de la coalición, la fundación donó un 6 % de la totalidad de sus ingresos en el 2021 a organizaciones locales.
“En años recientes, el grupo ha logrado recaudar $800,000. En 2021, ellos donaron aproximadamente $47,000, lo que es solo el 6% de sus ingresos anuales hacia organizaciones locales. En contraste, invirtieron más de $275,000 en la celebración de un torneo de golf en el que adinerados participaron”, contrastó el CPD en un comunicado previo.
