Activistas puertorriqueños de 15 estados y la isla se reúnen con 34 congresistas sobre la Junta, Ley 22 y soberanía alimentaria
Los representantes de los grupos que participaron esta semana de la jornada “Reclamando nuestro territorio” (Reclaiming our Land) además insistieron en sus reservas con el “Puerto Rico Status Act”, legislación que establece las pautas para la realización de un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación
Algunos de los activistas que participaron en la jornada de abogacía en el Congreso federal "Reclamando nuestro territorio". Crédito: The Puerto Rican Alliance | Cortesía
Nueva York – Bajo el lema “Reclamando nuestro territorio” (Reclaiming our Land), una coalición de organizaciones de puertorriqueños realizaron una jornada de abogacía en el Congreso federal esta semana en la que mantuvieron reuniones con legisladores con el fin de que eliminen la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), actúen para garantizar que los beneficiarios de la Ley 22 dejen de evadir impuestos e incentiven la soberanía alimentaria.
Los representantes de los grupos además insistieron en sus reservas con el “Puerto Rico Status Act”, legislación que establece pautas para la realización de un plebiscito con aval congresional entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.
Los puertorriqueños, procedentes de 15 estados y la isla, estuvieron liderados por Power4PuertoRico.
El fin general de los más de 60 activistas que llegaron esta semana hasta el Capitolio federal es que los líderes del Congreso adopten una agenda que priorice la justicia económica para Puerto Rico y deje sin efecto políticas que provocan “daño real” a los habitantes del territorio y los de la diáspora.
Para llamar la atención sobre sus reclamos, los asistentes realizaron un plenazo o evento al ritmo de plena frente al edificio Longworth de la Cámara de Representantes.
En la delegación se encontraban Daniela Velázquez y Jessie Fuentes, concejales de St. Louis (Missouri) y Chicago (Illinois), respectivamente. También estuvieron presentes los alcaldes de Loíza y Comerío, Julia Nazario y Josian Santiago, respectivamente.
El evento contó además con la representación de miembros de Latino Justice PRLDEF, Puerto Rican Cultural Center, Alianza for Progress, Boricuas Unidos en la Diáspora, Puerto Rican Alliance, Vamos, Losing Puerto Rico, National Puerto Rican Agenda, LULAC Florida, El Otro Puerto Rico y La Mesa Boricua de Florida.
Las actividades incluyeron reuniones con 34 miembros del Congreso, entre estos, el senador demócrata de Illinois, Richard Durbin; los representantes demócratas de Illinois, Jesús “Chuy” García y Delia Ramírez; el representante demócrata de Florida, Maxwell Frost; y el representante demócrata de Pennsylvania, Dwight Evans.
De lado republicano, algunas de las reuniones fueron con el representante Texas, Troy Nehls, y con el senador de Kansas, Jerry Moran.
Algunos de los activistas también se reunieron con asesores del líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky.
Los participantes emplazaron a los puertorriqueños a pedir a los legisladores en el Congreso eliminar la Junta creada bajo la Ley PROMESA aprobada en el Congreso en el 2016. Las organizaciones consideran que el tiempo de la Junta pasó, y mientras el organismo permanezca vigente no se puede hablar de verdadera democracia.
“Bloquear legislación local en favor de la suya solo ha resultado en la privatización de las instituciones públicas y los servicios, así como un aumento en el costo de vida y en las utilidades que sobrepasa el de NYC…”, lee una entrada de Power4PuertoRico en sus redes sociales.
¡La Junta se tiene que ir!
“¡La Junta se tiene que ir! El Congreso tiene que desmantelar la Junta de Control Fiscal colonial que crearon bajo PROMESA. La Junta opera en la ‘dimensión desconocida de responsabilidad’, como dijo la jueza Sonia Sotomayor. Es inherentemente antidemocrática y está afectando a millones de puertorriqueños. Mientras se aplican recortes de austeridad a los servicios esenciales como la Universidad de Puerto Rico, la Junta gasta cientos de millones de fondos públicos en servicios cuestionables con corporaciones llenas de conflictos de intereses”, expuso Fuentes.
El impacto de la Ley 22 en Puerto Rico
El impacto de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico” y la necesidad de atender la laguna fiscal que permite que estadounidenses que se relocalizan en la isla evadan impuestos federales fue otro de los asuntos discutidos.
“El Congreso debe legislar para requerirle a los individuos pudientes que se benefician de la Ley 22 en Puerto Rico, o de cualquier legislación sucesora o programa de reducción fiscal que estén sujetos a impuestos federales”, plantearon los activistas.
Para Velázquez, la legislación bajo la que se exime a inversionistas extranjeros del pago de impuestos por dividendos, intereses y ganancias de capital si se mudan a la isla y permanecen al menos 183 días al año afecta la seguridad y estabilidad de los locales.
“La laguna fiscal que le permite a estadounidenses adinerados moverse a la isla y esencialmente vivir sin pagar impuestos socava la seguridad y la estabilidad de comunidades puertorriqueñas. Esta ley además priva a las comunidades estadounidenses de los ingresos fiscales necesarios para servicios esenciales. Nosotros estamos viendo un influjo de mega ricos que están comprando propiedades por toda la isla mientras muestran desprecio por la cultura y las comunidades que están desplazando”, señaló la concejal.
Representantes como Chuy García, Ramírez y Cori Bush (Missouri) han utilizado su tiempo en el hemiciclo para enviar mensajes en repudio a la legislación local, que, a su juicio, ha aumentando el costo y alquiler de las viviendas y ha agravado los desplazamientos de locales.
Soberanía alimentaria en Farm Bill
En cuanto a soberanía alimentaria, los activistas pidieron que la legislación que se incluya en la reautorización de Farm Bill vaya dirigida a incentivar a los productores locales; y que sea culturalmente receptiva y con lenguaje apropiado.
Los solicitantes recordaron que la mayoría de lo que se consume en la isla proviene del exterior, por lo que el sistema carece de sustentabilidad para mantenerse por sí solo.
“Nosotros necesitamos invertir en nuestros agricultores y construir fuentes de alimentos cultivadas localmente para crear seguridad alimentaria para la gente de Puerto Rico. Invertir en nuestros agricultores es invertir en nuestra salud también. Nosotros no podemos arriesgar la vida de los puertorriqueños en más de los mismos estantes vacíos del supermercado cada vez que un desastre natural bloquea el acceso a un cantidad inmensa de productos importados que se consumen en la isla”, argumentó Zacha Muñiz, presidenta de la organización Agroempresarias de Puerto Rico.
Opuestos a “Puerto Rico Status Act”
En el caso de las nuevas versiones de Puerto Rico Status Act (3231 en el Senado y 2757 en la Cámara), los manifestantes insistieron en que ninguno de los proyectos incluye detalles “críticos” sobre el alcance de las alternativas de estatus para que los electores en la isla realicen un voto informado.
“Los miembros del Congreso deben quitarle el apoyo a cualquier legislación o proceso de estatus que falla en ser abierto con la gente de Puerto Rico en asuntos críticos como idioma, impuestos y las restricciones marítimas asfixiantes de la Ley Jones”, plantearon.
Erica González, directora de Power 4 Puerto Rico, destacó que la movilización es prueba de que, los miembros de la diáspora, que sí pueden votar en las elecciones federales, son claves en la exposición y discusión de los problemas que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla.
“Los votantes puertorriqueños en Estados Unidos se preocupan profundamente por la justicia social y económicas en las comunidades puertorriqueñas en los 50 estados, y están invirtiendo equitativamente en la prosperidad y el bienestar de sus familias qe viven en la isla. Esa es la razón por la que hemos creado la colación de líderes boricuas de la diáspora para abogado bajo una sola comunidad, hablar con una sola voz y exigir con el fin de acciones e inacciones congresionales que continúan perpetuando la codicia colonial, el desplazamiento y la inseguridad alimentaria en Puerto Rico”, indicó la activista.
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