Grupos boricuas protestarán este miércoles frente a corte en NYC para que cancelen la deuda de la AEE
Los miembros de 10 organizaciones, algunas con sede en la isla, se manifestarán en contra de más aumentos en la tarifa de luz mientras se realiza una audiencia en el tribunal del Distrito Sur de Manhattan en el caso por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
Una manifestación en Puerto Rico en contra del pago de la deuda pública. Crédito: Carlos Giusti | AP
Nueva York – Miembros de 10 organizaciones, algunas con sede Puerto Rico, se manifestarán este miércoles en el exterior de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan en contra de más aumentos en la tarifa eléctrica para los boricuas como parte del Plan de Ajuste de Deuda que se contempla para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La convocatoria al evento, enviada por The Bori Collective, señala que la movilización está pautada para iniciar a las 2 p.m. frente a Daniel Patrick Moynihan Courthouse, en el 500 de Pearl St.
La manifestación se realizará al tiempo que se lleva a cabo una conferencia de estatus como parte del litigio por la reestructuración de la deuda de la Autoridad bajo Título III de la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico).
Una sala en el tribunal federal de Hato Rey será habilitada para los litigantes que se encuentran en la isla.
Desde el 2018, la AEE se encuentra en el proceso de reestructurar su deuda para pagarle a los bonistas.
En junio del año pasado, la jueza del caso, Laura Taylor Swain, estimó en $2,388 millones la reclamación de los principales acreedores de la corporación en lugar de los $8,500 millones que inicialmente reclamaban.
Taylor Swain está llamada a confirmar o rechazar el plan. La Junta de Control Fiscal (FOMBPR), ente creado en el 2016 como resultado de PROMESA para administrar las finanzas del territorio, es el organismo que presenta el plan de ajuste.
La última versión del PAD incluye aumentos en la tarifa eléctrica por al menos tres décadas para cumplir con el pago a los bonistas y el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE , lo que se anticipa tendría un impacto económico en cadena que afectará no solo a los abonados residenciales, sino a los dueños de negocios.
Los grupos que se manifestarán mañana consideran que la deuda simplemente es “impagable”, y que los boricuas no tienen que responder por los malos manejos administrativos de los gobiernos de turno.
“El sistema eléctrico de Puerto Rico es el menos confiable en Estados Unidos, con la gente experimentando regularmente apagones que pueden durar días o incluso semanas en algunas áreas. La red necesita miles de millones de dólares de inversion para repararla y llevarla a una condición aceptable. Aumentar las tarifas eléctricas y desviar miles de millones de dólares para pagarle a bonistas va a resultar en cierres de negocios, despidos, y más personas abandonando Puerto Rico, y una red que va a continuar fallando”, planteó Hope Ghazala de Diaspora Pa’lante Collective.
Pedido a autoridades legislativas en Nueva York
Los grupos además emplazaron a las autoridades legislativas del estado de Nueva York a aprobar la llamada “ley de Champerty” en la próxima sesión para detener prácticas financieras depredadoras.
Precisamente, en mayo pasado, la senadora Liz Krueger y la asambleísta Jessica González-Rojas anunciaron su interés de presentar un proyecto de ley revisado sobre esta doctrina ( S.5623/A.5290 ).
Este proyecto de ley enmendado incorporará las opiniones de varios grupos de interés, como inversores y funcionarios en la capital federal.
La doctrina Champerty prohíbe la compra de valores u otros instrumentos financieros con el único propósito de litigar. La doctrina Champerty forma parte de la ley judicial de Nueva York desde hace años.
El proyecto de ley eliminaría la salvaguardia del estatuto en Nueva York que permite la compra de reclamaciones “con la intención y el propósito de demandar” por reclamaciones superiores a $500,000 dólares.
La medida busca evitar los comportamientos irresponsables con respecto a reclamaciones de deuda, con el fin de reducir estos litigios y apoyar reestructuraciones ordenadas.
“GoldenTree especuló con los bonos de Puerto Rico, comprándolos con descuento cuando la AEE ya estaba en bancarrota y ahora agresivamente litiga para recibir el máximo pago posible”, señalo Jeremiah Cedeño de The Bori Collective en el comunicado.
“Los procesos de bancarrota existen precisamente para reducir o eliminar las deudas que no pueden ser pagadas. Sería inconcebible para esta corte priorizar en las ganancias de Golden Tree y dejar a Puerto Rico sin los recursos que necesita para reconstruir su sistema eléctrico”, puntualizó Cedeño.
En marzo pasado, la jueza escuchó las múltiples objeciones de ciudadanos y grupos al Plan de Ajuste de la Deuda.
Como parte de los procesos, la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y varias organizaciones comunitarias instalaron un campamento diurno por las dos semanas que duró esa fase del litigio.
La expectativa era que, tras las audiencias y la evaluación de la jueza del material y los testimonios que desfilaron en la corte, finalmente se determinaría la confirmación o rechazo de un plan.
Decisión del Primer Circuito de Boston sobre gravamen de bonistas
Sin embargo, el caso tomó un nuevo giro a mediados del mes pasado cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos revocó una decisión previa de la corte de Título III, y estableció que los bonistas tienen un gravamen sobre los ingresos netos presentes y futuros de la Autoridad.
El informe de MicroJuris especifica que la conclusión se basó en una interpretación del preámbulo del “Trust Agreement”, documento que originó los bonos, y precedentes legales tanto locales como federales.
La decisión estableció que el gravamen abarca únicamente los ingresos netos, excluyendo los ingresos brutos previos al pago de los gastos operacionales.
El 22 de marzo de 2023, la sentencia parcial de la corte determinó que el gravamen de los bonistas se limitaba a los fondos depositados en ciertas cuentas de fondos subordinados, y que no estaban asociados a los ingresos de la AEE.
¿Qué se discutirá en la audiencia del miércoles en Nueva York?
Mañana, precisamente se abundará sobre esta controversia, según confirmó a El Diario, Zoé Negrón Comas, una de las abogadas del Bufete Emmanuelli que representa a los miembros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), en el litigio por la quiebra.
“Como resultado de la decisión del tribunal del Primer Circuito de Boston quedó en el aire cómo va a continuar la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda…Por un lado, los bonistas disidentes del caso, tienen la propuesta de que se tiene que reiniciar por completo el juicio de confirmación del Plan que se celebró en marzo con toda la evidencia nueva a base de lo que recibió el Circuito. Por el otro lado, está la Junta de Control Fiscal diciendo que lo único que hace falta es reabrir temporeramente el récord de la vista que ya se celebró para evaluar el gravamen conforme a lo que dispuso el Primer Circuito”, explicó la abogada.
El planteamiento general de Negrón y sus colegas es que no se deben reiniciar los procesos, entre otras cosas, por el gasto de dinero público que implicaría.
“En caso de que la jueza determine que este es el paso a seguir, nos estaríamos reservando cualquier derecho para presentar evidencia sobre lo que ha salido a relucir últimamente respecto a los déficits presupuestarios que proyecta LUMA Energy, la compañía que está manejando la transmisión y distribución (en la AEE), porque parte de la controversia de la confirmación es si hay suficiente dinero para pagar con base de cómo está la utilidad ahora mismo. En ese escenario, tenemos esa reserva”, planteó la licenciada.
Aparte de The Bori Collective y Diaspora Pa’lante Collective, el evento de este miércoles fue organizado por Center for Popular Democracy, No More Rate Increases Puerto Rico, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, El Puente, Sierra Club de Puerto Rico, Churches United For Fair Housing (CUFFH), New York Communities for Change (NYCC) y Boston Boricuas.
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