Nydia Velázquez encabeza carta a Departamento de Justicia federal para pedir observadores en elecciones de Puerto Rico
La movida de la representante boricua en el Congreso y cuatro colegas se da luego de que puertorriqueños enfrentaran escollos para inscribirse para votar
La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez. Crédito: Manuel Balce Ceneta | AP
Nueva York – Cinco representantes liderados por la boricua de Nueva York Nydia Velázquez le pidieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante una carta, que envíe observadores a las elecciones generales en Puerto Rico para garantizar que los derechos de los votantes sean salvaguardados.
La movida de los congresistas se da luego de que decenas de puertorriqueños enfrentaran escollos para poder inscribirse para votar para las elecciones generales del próximo 5 de noviembre, y un juez de San Juan decidiera no extender la fecha de registro hasta el 6 de octubre.
Los congresistas plantearon en la misiva que, ante los “obstáculos sin precedentes” que han enfrentado los puertorriqueños a su derecho al voto, el gobierno federal debe intervenir.
“Los votantes en Puerto Rico enfrentan obstáculos sin precedents en el ejercicio de su derecho fundamental al voto, y ellos merecen todo el apoyo del gobierno federal para remediar esta situación insostenible. Nosotros reiteramos la necesidad de que el Departamento envíe observadores electorales federales para la próxima elección general en la isla y realizar una auditoría sobre el uso de fondos HAVA (The Help America Vote Act of 2002) por parte de la CEE. Haciendo lo correcto ahora necesariamente significará proteger su frágil democracia”, lee parte de la carta con fecha del 25 de septiembre.
En particular sobre los fondos de la “Ley Ayude a América a Votar”, los legisladores le pidieron a la Comisión de Asistencia Electoral de los EE.UU. (EAC) examinar detalladamente los estados financieros y cuentas de la CEE para identificar cómo han usado los $6.9 millones que recibieron en fondos federales.
La ley fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos con el fin de implementar reformas al proceso electoral tanto en estados como territorios. A través de HAVA, se busca mejorar los sistemas de votación y el acceso a los procesos electorales mediante nuevos estándares mínimos en cuanto a administración electoral.
“Debido a que este ciclo electoral ya ha sido estropeado por alegaciones de fraude, irregularidades, e intentos de diluir el derecho al voto de una proporción considerable del electorado local (ciudadanos estadounidenses por nacimiento) el gobierno federal debe hacer lo correcto por la gente de Puerto Rico que, en en este contexto, significa defender su derecho fundamental a votar bajo las salvaguardas y garantías consagradas en las enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución”, especificaron los representantes.
Representantes cuestionan el Código Electoral de 2020
La carta además cuestiona el impacto del Código Electoral de 2020 o Ley 58 por dejar en control del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) la CEE y limitar la participación de partidos minoritarios.
A juicio de los suscribientes, el nuevo Código Electoral incluye provisiones que han impactado severamente la participación y el registro de votantes, y han provocado la privación de los derechos de los electores.
“Hasta el 31 de julio de 2024, solo 55,147 nuevos votantes se habían registrado— una baja de 63% comparado con el promedio de nuevas registraciones por las pasadas tres elecciones”, señalaron los congresistas.
En la misiva, se enumeran varias instancias en las que la CEE presuntamente ha actuado de manera negligente y ha hecho un “colosal” mal manejo de los procesos.
El texto menciona, por ejemplo, el proceso de voto adelantado en la Unidad 77 en las pasadas elecciones del 2020. En ese caso, 184 maletas que contenía cientos de boletas no contabilizadas ni supervisadas fueron detectadas.
“Una auditoría de la Oficina del Inspector General de Puerto (OIG) luego halló que la CEE había certificado 838,559 papeletas, cuando tenía 894,958 en inventario físico, reflejando un déficit de 56,399 papeletas (nótese que la elección del 2020 por la gobernación fue decidida por menos de 20,000 votos)”, exponen los representantes.
En incidentes más recientes, la carta se refiere a los hallazgos de una misión de observadores Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).
“Algunos de los hallazgos de UNIORE hacen eco a los levantados por ACLU-PR (Unión Americana de Libertades Civiles) en el 2020. Durante el día de la primaria (2 de junio de 2024), escasez de personal fue identificado en los centros de votación, el mal funcionamiento de las máquinas para votar electrónicamente era generalizado, y en muchos centros de votación apenas había protección del secreto del voto. Luego de la primaria, la UNIORE observó que el proceso de conteo de votos fue extremadamente lento, especialmente en esos centros de votación que experimentaron interrupciones de electricidad y el cierre de las máquinas de votación electrónica. Los observadores además alertaron que las papeletas y otros materiales electorales fueron dejados desatendidos o pobremente organizados, lo que levanta preocupación sobre la pureza y transparencia del proceso de votación”, continúa la misiva.
La CEE y los casi $7 millones en fondos federales HAVA
Para los demócratas, lo anterior es “inaceptable” y levanta más preguntas que respuestas. El asunto se agrava ante la realidad que la CEE maneja $6,951,336.73 en dinero federal bajo HAVA, insistieron.
“Mientras la lista de malos manerjos es inaceptable en sí misma, es peor considerando que la CEE tenía $6,951,336.73 en efectivo federal para septiembre 30 de 2023 con el propósito de cumplir con las provisiones de HAVA. El Congreso promulgó este estatuto federal en 2002 en respuesta a problemas de dilución de votantes que surgieron durante las disputadas elecciones presidenciales en EE.UU. en el 2000. Puerto Rico, por su parte, ha estado recibiendo fondos HAVA desde 2003. Sin embargo, la última vez que la EAC auditó la CEE fue en el 2017, antes de la aprobación el Código Electoral del 2020. En vista de estos nuevos hallazgos, EAC debe conducir inmediatamente una auditoría exhaustiva del uso por parte de la CEE de los fondos HAVA”, emplazaron.
El documento fue enviado a la fiscal general adjunta de Derechos Civiles Kristen Clarke, y a Brianna Schletz, inspectora general de la Comisión de Asistencia Electoral de los EE.UU. (EAC).
Además de Velázquez, la carta fue firmada por los demócratas Raúl Grijalva (Arizona), Grace Meng (Nueva York), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), y Delia Ramírez (Illinois).
Demanda de la ACLU contra la CEE
Precisamente, este lunes, la ACLU presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en nombre de cuatro ciudadanos en la que alegan que la CEE violó los derechos de los puertorriqueños al haber cerrado el periodo para registro electoral el 21 de septiembre en lugar de 30 días antes de las elecciones (6 de octubre) como dispone el Código Electoral.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), uno de los dos partidos emergentes en el territorio, presentó un recurso judicial que buscaba extender la fecha límite de inscripción bajo ese mismo argumento.
Sin embargo, el juez Raúl Candelario, del Tribunal de San Juan, declaró no ha lugar la solicitud de revisión de la colectividad. Calendario respaldó el argumento de la CEE y del comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, en el sentido de que extender el plazo de inscripción podría afectar a la preparación de los comicios.
El pleito llegó al tribunal luego de que los comisionados electorales en la CEE y la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera disintieran en reunión de Comisión sobre la fecha límite de inscripción.
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