Concejo Municipal impulsa paquete de leyes para humanizar procedimientos carcelarios en NYC

Para miles de internos, abogados y defensores de derechos humanos, la cárcel de Rikers Island, en Nueva York, es sinónimo de “infierno”, “dolor” y “deshumanización”, por la cultura de violencia, que denuncian, impera en los diferentes pabellones de ese penal, cuyas instalaciones están programadas para ser clausuradas en el 2027.

Pero para familiares de reclusos que no pudieron volver a ver nunca más con vida a sus seres queridos luego de haber sido privados de la libertad, Rikers es un lugar donde las autoridades carcelarias no solo tratan a los internos “como si no fueran seres humanos”, y la gran queja es que, de paso hacen lo mismo con ellos.

Desde el 2022 han muerto 33 presos en medio de diferentes circunstancias, y familias enteras que sufren desde afuera el encierro, denuncian que procedimientos básicos de comunicación de incidentes o información de situaciones graves, no se aplican dignamente ni tienen “mínimas dosis de humanidad ni compasión”. Hace apenas un mes, Anthony Jordan se convirtió en el recluso 33 en morir bajo custodia del Departamento de Correccionales.

Así lo manifestaron de manera pública este viernes parientes de internos que han muerto bajo custodia del Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York (DOC), durante una audiencia convocada por el Comité de Justicia Penal del Concejo Municipal, que está impulsando un paquete de varios proyectos de ley, que buscan que el Departamento de Correccionales modifique sus procedimientos.

Los promotores de las iniciativas legislativas criticaron serias fallas en procesos de comunicación y trato cotidiano, y advirtieron que a través de la aprobación de nuevas normas, pretenden imprimir humanidad en los procesos implementados por el personal carcelario en el manejo de situaciones con reclusos y familiares, al igual que en los protocolos que se ponen en marcha cuando se dan casos como fallecimientos de internos, intentos de suicidio y lesiones serias.

Los proyectos de ley abordan la notificación de muertes y lesiones graves en Rikers Island (Int. 423 e Int. 412), el abuso y el acoso sexual en las cárceles de la ciudad (Int. 735-A e Int. 1061), las políticas de visitas de Rikers (Int. 420, Int. 1026 e Int. 1023), evaluaciones de salud mental (Int. 1036), planes de visitas de niños y garantizar un trato digno a población transgénero y no binaria.

“Yo estaba hablando por teléfono con mi hijo, en Rikers, cuando lo apuñalaron, pero lo único que oí fue el caos de fondo. No supe qué pasaba hasta que otro de sus amigos que estaba dentro con él me llamó y me dijo que lo sacaron de allí sangrando y que no podía respirar. Tenía mucho miedo. Entonces corrí a Rikers Island con mi familia para saber dónde estaba mi hijo y la guardia con la que hablé fue muy irrespetuosa”, comentó la latina, Joanne De la Paz, recordando aquel doloroso momento.

“La guardia nos dijo: “Lo que sea que le haya pasado, ya pasó”, y añadió: “Si estuviera muerto, lo sabrías”. Seguimos discutiendo y finalmente dijo que deberíamos comprobarlo en el Hospital Bellevue”, agregó la joven madre, al tiempo que urgió al Concejo Municipal a que apruebe el paquete de leyes para que ninguna familia más sufra situaciones similares.

“Nadie debería ser enviado a un lugar tan violento como Rikers. Voy a seguir luchando para que lo cierren, pero también hay cambios más pequeños que este Concejo Municipal puede hacer ahora mismo para asegurar que cuando las personas resulten heridas en la cárcel, como mi hijo, los miembros de la familia estén al menos informados para que podamos estar allí para ellos”, lamentó la mujer.

Actualmente no existen leyes que exijan que se notifique a los contactos de emergencia o a los abogados cuando una persona bajo custodia del DOC sufre lesiones graves, es hospitalizada o intenta suicidarse, y los familiares afirman que muchas veces se enteran de esos incidentes cuando otros internos les avisan.

La concejal Carlina Rivera, miembro del Comité de Seguridad Pública, aseguró que el objetivo de las iniciativas de ley que están siendo analizadas en el seno del órgano legislativo buscan implementar reformas urgentes para que escenas como las vividas por muchas familias de internos no se repitan.

Familiares de internos exigen el cierre inmediato de Rikers. Foto Edwin Martínez.

“Lo que buscamos es que todas estas cosas que estamos escuchando hoy aquí, y ese dolor que sienten no pase otra vez. En medio de la brutalidad continua, es hora de tomar medidas correctivas, lo que no se puede hacer sin rendir cuentas al público”, dijo la concejal Carlina Rivera, promotora del paquete de leyes, advirtiendo que hay que normatizar las operaciones del Departamento de Correccionales para que se garantice la dignidad de reclusos y parientes.

“Desde que esta administración asumió el cargo, 44 ​​personas han muerto en Rikers y persiste una cultura de disfunción y violencia. Tras el anuncio de mayo de 2023 de que el Departamento de Correcciones ya no notificaría al público cuando muriera una persona encarcelada, quedó más que claro que el Ayuntamiento debe seguir instalando barreras de protección e implementando leyes que impidan que el Departamento de Correccionales oculte información que pueda utilizarse para responsabilizarlos de su deber de cuidar a quienes se encuentran bajo su custodia”, agregó la concejal de Manhattan.

La organización Freedom Agenda recordó que el informe de octubre de 2023 del Monitor Federal de Rikers detalló la violencia que se campea en el penal, pues mostró que tan solo en un período de una semana en septiembre del año pasado “se informaron 145 usos de la fuerza, 12 apuñalamientos o cortes, 74 peleas entre personas encarceladas, 48 ​​personas con conductas autolesivas, 3 emergencias médicas, 5 personas que recibieron Narcan (contra sobredosis), 15 incendios, 34 agresiones al personal y 19 lesiones graves”.

“Cuando alguien resulta herido o fallece en Rikers, su familia merece saberlo de inmediato. Es profundamente impactante y decepcionante que tengamos que legislar sobre esto”, comentó la concejal Sandy Nurse, presidenta del Comité de Justicia penal. “Las propuestas de ley 423 y 412, presentadas por mis colegas, los concejales Rivera y Restler, garantizarán que las familias reciban notificaciones oportunas sobre incidentes graves. Estos proyectos de ley tratan sobre la dignidad humana básica y el respeto independientemente del estado de encarcelamiento”.

Linda Tigani, presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Equidad Racial de la Ciudad de Nueva York (CORE) afirmó que todos los internos deben ser tratados con dignidad y respeto, lo que no se estpa cumpliendo actualmente, según recalcó..

“El encarcelamiento aísla a las personas de sus seres queridos, empeora la salud mental y, en ocasiones, puede provocar lesiones y la muerte. Establecer acciones transparentes, responsables y mensurables para proteger y promover el bienestar de las personas encarceladas es fundamental para promover la equidad racial en nuestro sistema legal”, dijo la activista.

“El gobierno debe rendir cuentas y tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los contactos de emergencia, las agencias municipales pertinentes y las entidades de supervisión gubernamental pertinentes sean informados de una muerte bajo custodia. Estos proyectos 423 y 412 reflejan pasos clave en la rendición de cuentas del gobierno a las personas encarceladas y a sus seres queridos”, enfatizó la defensora.

La concejal Diana Ayala, quien aseguró que su “hermanito menor” también sufrió en Rikers apuñalamientos, y tras los hechos ellos como familia no fueron informados de manera adecuada, y el concejal Lincoln Restler, cuestionaron duramente a los delegados de la Administración Municipal y funcionarios del Departamento de Correccionales (DOC) por la falta de humanidad y comunicación directa y pronta y lamentaron que necesiten promover leyes para hacerlos cumplir con obligaciones de sentido común.

“Ustedes vienen a esta audiencia con cero datos, cero información de emergencias, cero información de contactos. No tienen datos ni ofrecen respuestas”, criticó Restler, luego de solicitar información a los representantes que no pudieron entregar.

A pesar de las denuncias, Francis Torres, vicecomisionada del DOC, aseguró en la audiencia que las autoridades carcelarias tienen protocolos de apoyo y ayuda a las familias que sufren las muertes de reclusos, y manifestó preocupación e incluso oposición a varias de las iniciativas propuestas.

“Sabemos que cualquier pérdida en nuestra cárcel es una tragedia y nuestras condolencias van para familias y sus seres queridos y cuando tenemos noticias terribles que informar, lo hacemos con compasión. Es imperativo hacer esas notificaciones en persona, primero, para que los familiares no escuchen sobre esas pérdidas en un boletín de prensa sin apoyo”, dijo la funcionaria, defendiendo la decisión del DOC de no hacer públicas informaciones sobre muertes y rechazando la propuesta que exigiría que se informe a la familia en un plazo máximo de una hora y luego se muestre al público.

Un proyecto de ley exige comunicar de inmediato a familiares sobre muertes de internos, intentos de suicidios y lesiones graves. Foto Edwin Martinez.

“Tenemos preocupaciones con esa ley creemos que viola el derecho a la privacidad”, agregó la representante de Correccionales, quien sobre el trato a personas transgénero y no binarias aseguró que cumplen con los protocolos de dignidad y quien mostró apoyo a una iniciativa para entrenar al personal carcelario para actuar en casos de sobredosis de internos.

Cambios que busca implementar el paquete de leyes en las cárceles

• El Departamento de Correccionales debe presentar un informe m[as detallado sobre abuso sexual exigiendo un número de identificación único para cada presunto incidente, víctima y datos
• Exigir al DOC que proporcione una justificación para no informar ninguna acusación fundamentada a la oficina del Fiscal de Distrito.
• Exigir que el DOC proporcione informes sobre las personas detenidas a las que se les haya ordenado someterse a un examen de salud mental
• Exigir que las personas bajo custodia carcelaria y el personal del DOC tengan acceso a artículos de afirmación de género y dispositivos médicos
• Presentar informes trimestrales sobre las visitas de personas encarceladas
• Exigir que el DOC grabe las interacciones en las que se informa a una persona sobre un visitante y éste se niega a recibir a la visita
• Exigir al DOC que establezca, opere y mantenga un sistema de programación en línea para facilitar las visitas a las personas encarceladas
• Establecer un programa para los niños que visitan a internos en las instalaciones de las cárceles
• Exigir al departamento de correccionales que informe sobre la violencia física y el acoso sexual contra el personal penitenciario
• Garantizar que el personal carcelario tenga acceso a recursos de tratamiento de salud mental
• Modificar los procedimientos posteriores a la muerte de un interno bajo custodia del DOC en un período de una hora y hacer público el deceso
• Notificar rápidamente a los contactos de emergencia y al abogado registrado cuando una persona bajo custodia intenta suicidarse, es hospitalizada o sufre lesiones graves
• Exigir a los funcionarios carcelarios que lleven y administren antídotos contra opioides mientras estén de servicio y que reciban la capacitación relacionada para usarlos
• Cambiar en el language carcelario los términos “recluso”, “prisionero” e “individuo encarcelado” por persona encarcelada.