Puerto Rico: Nydia Velázquez reitera pedido para observadores del Departamento de Justicia federal en elecciones
"Puerto Rico necesita elecciones justas y transparentes", planteó la representante demócrata de Nueva York
Esta semana, las congresistas demócratas de NY, Nydia M. Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, endosarom a los candidatos de la Alianza en Puerto Rico. Crédito: Thais Llora | EFE
La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, insistió en su pedido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) asigne monitores federales que vigilen las elecciones generales en Puerto Rico el próximo 5 de noviembre.
La insistencia de la legisladora fue en respuesta a la decisión de Stephen Muldrow, encargado de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, de designar un oficial de elecciones para Puerto Rico.
Muldrow nombró al fiscal Seth Erbe, de la División de Fraude Financiero y Corrupción, para que maneje potenciales querellas por alegaciones de violaciones electorales como fraude.
Un comunicado de la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico este miércoles señala que, en su función de DEO (Oficial de Distrito Electoral) para el Distrito de Puerto Rico, Erbe será el responsable de evaluar denuncias relacionadas con preocupación por derecho al voto, amenaza de violencia a oficiales electorales o personal, fraude electoral. Cualquier determinación relacionada con querellas se hará en consulta con personal en la sede del Departamento de Justicia en Washington.
Pero, para Velázquez, lo anterior no es suficiente.
“El nombramiento de un oficial de elecciones para atender alegaciones de fraude, discriminación e intimidación en Puerto Rico es bienvenido. Sin embargo, este paso no atiende los profundos asuntos estructurales electorales de la isla”, planteó la representante de origen boricua en un comunicado este viernes.
Velázquez argumentó que la designación no es una extraordinaria, ya que en cada estado se asigna un oficial de este tipo.
“Los puertorriqueños necesitan más de un simple anuncio protocolar. Ellos necesitan acción enfocada para atender las irregularidades que atentan contra el sistema democrático de la isla. Alegaciones de pobre administración del registro electoral y continua privación de derechos están minando la fe en la próxima elección”, señaló.
La demócrata, quien esta semana junto a su correligionaria Alexandria Ocasio Cortez, también boricua de NY, endosó a los candidatos de la Alianza en Puerto Rico, mencionó el caso de Ohio para reforzar su postura.
“El DOJ recientemente anunció que asignará monitores federales para observar la elección en el condado Portage en Ohio. No hay razón para que lo mismo no se haga en Puerto Rico. El DOJ tiene la autoridad y hay más que evidencia suficiente para intervenir”, expuso.
Añadió: “Faltan menos de 20 días para las elecciones. Puerto Rico necesita elecciones justas y transparentes, y yo estoy decidida en asegurar que estén disponibles todos los mecanismos de supervisión federal estén en su lugar. El Departamento de Justicia debe actuar ahora”.
¿Qué dice la carta de Velázquez al DOJ?
Hace unas tres semanas, Velázquez lideró una carta en la que se le solicitó al DOJ que envíe observadores de la División de Derechos Civiles para los comicios generales en la isla, por entender que es lo “apropiado y absolutamente necesario” para garantizar los derechos de los votantes.
“Los votantes en Puerto Rico enfrentan obstáculos sin precedents en el ejercicio de su derecho fundamental al voto, y ellos merecen todo el apoyo del gobierno federal para remediar esta situación insostenible. Nosotros reiteramos la necesidad de que el Departamento envíe observadores electorales federales para la próxima elección general en la isla y realizar una auditoría sobre el uso de fondos HAVA (The Help America Vote Act of 2002) por parte de la CEE. Haciendo lo correcto ahora necesariamente significará proteger su frágil democracia”, lee parte de la misiva con fecha del 25 de septiembre.
En el documento, los demócratas cuestionan el impacto del Código Electoral aprobado en el 2020 que supuestamente deja en poder de los partidos de mayoría, el Nuevo Progresista (PNP) y el Popular Demócrata, la última palabra en cuanto a las decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Los suscribientes además plantearon que esa Ley 58 que guía los procesos electorales en Puerto Rico, así como la gestión de la CEE incluye provisiones que han impactado severamente la participación y el registro de votantes.
En cuanto a la ley HAVA o “Ley Ayude a América a Votar”, se refieren al uso de los $6.9 millones en fondos federales asignados a las autoridades en Puerto Rico.
Además de Velázquez, la carta fue firmada por los demócratas Raúl Grijalva (Arizona), Grace Meng (Nueva York), Ocasio-Cortez, y Delia Ramírez (Illinois).
En entrevista exclusiva con El Diario a principios de este mes, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, le dio la bienvenida a posibles observadores estadounidenses del DOJ.
“Lo que pasa es que no tenemos nada que esconder. Aquí nosotros estamos trabajando con transparencia, con pulcritud. Cuando hemos tenido errores, hemos levantado la mano y los hemos aceptado. No hemos escondido nada. Hemos hecho públicas cada una de las situaciones que hemos enfrentado, así que cualquier fiscalización que venga o cualquier observador que venga a evaluar los procesos, pues bienvenido es. Sí, nosotros tenemos que proteger lo que es el evento electoral, y aquel observador que venga tiene que ampararse en unos protocolos, en unos sistemas de controles y seguridad internos de la Comisión, pero no porque tengamos algo que esconder. Nosotros siempre hemos sido honestos con los que está pasando en la CEE…”, declaró la presidenta de la CEE.
Sobre los fondos HAVA, la funcionaria dijo que, usualmente, se utilizan para responder a las necesidades electorales de poblaciones discapacitadas.
“Hay presupuesto federal que se establece para ciertas dependencias de lo que es el evento electoral. Principalmente, la ley HAVA protege el derecho de aquellas personas impedidas para poder votar. La CEE tiene un comité amplio HAVA que protege precisamente al elector ciego. Aquí se trabaja con plantilla Braille para aquel elector ciego que interese poder votar a través de la plantilla…Se trabaja también con el voto por teléfono…Por primera vez, en estas elecciones vamos a estar contando con la asistencia de la Oficina de la Defensoría de las Personas con Impedimentos donde vamos a tener intérpretes para aquella población que es audio impedida…”, expuso.
Referente al cierre del registro electoral el 21 de septiembre y no el 6 de octubre como solicitaban los comisionados electorales del MVC y del PIP y organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), Padilla Rivera recalcó que los boricuas tuvieron tiempo suficiente para realizar trámites como el de registro.
“Las Juntas de Inscripción Regionales están abiertas todo el tiempo, todo el año, lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m. Estas Juntas nunca se cerraron, siempre estuvieron abiertas…De hecho, se tuvo la oportunidad de hacer transacciones electorales 24 horas del día, los siete días de la semana a través del registro electrónico. Hay orientación de cómo utilizar el registro. Así que sí hubo tiempo suficiente. Hubo herramientas, tanto presenciales como electrónicas, para hacer las transacciones electorales…Así que no hay elementos para razonablemente decir que la CEE le cerró las puertas a los electores y no quiso brindarle servicios para hacer sus transacciones electorales”, sostuvo.
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