ACLU en Puerto Rico y CAAPR divulgan lista de irregularidades detectadas durante elecciones generales

El informe incluye falta de materiales electorales, máquinas de escrutinio defectuosas y violación a la garantía del voto secreto

Elecciones 2024 en Puerto Rico — Empleados electorales en un colegio en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Alejandro Granadillo | AP

08 Nov 2024, 14:41 PM EST

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Nueva York – Impedimentos para que los observadores electorales hicieran su trabajo, limitaciones de acceso de las personas con discapacidades y máquinas de escrutinio y computadoras defectuosas forman parte de la lista de irregularidades detectadas por voluntarios de la Unión Americana de Libertades Civiles, Capítulo de Puerto Rico (ACLU-PR) y el Colegio de Abogados y Abogadas de la isla (CAAPR) que vigilaron los recientes comicios generales en la isla.

Un informe preliminar de la jornada electoral del pasado martes 5 de noviembre divulgado este jueves por las organizaciones no partidistas confirma que los procesos no corrieron de la manera ágil y transparente que se supone.

El documento suministrado a El Diario, señala que, en múltiples colegios, las máquinas de escrutinio no funcionaron o no de la manera correcta. Esto se sumó a la falta de baterías para las mismas en caso de que se interrumpiera el servicio eléctrico, como en efecto ocurrió en algunos colegios; así como falta de equipos de reemplazo.

“Pudimos constatar que muchas máquinas devolvían la papeleta, las papeletas se quedaban atascadas, contaban las papeletas dos veces, no aceptaban las papeletas o no adjudicaban el voto”, especifica el texto de 7 páginas.

En los casos de falta de máquinas de reemplazo, el procedimiento era notificar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre la deficiencia y solicitar otra. “En un caso observado, la máquina de reemplazo llegó a las 4:16 p.m., a menos de una hora del cierre de la unidad electoral. En otro caso, hubo que pedir una tercera máquina de reemplazo, porque las primeras dos máquinas estaban defectuosas. Además, hubo colegios en los que no se solicitó nuevas máquinas y las papeletas eran colocadas en urnas aparte, y algunos en los que las máquinas de escrutinio no aceptaban papeletas protestadas ni aquellas marcadas con una “X”, expone el reporte.

Derecho al voto secreto fue violentado

Las autoridades además violentaron el derecho al voto secreto, de acuerdo con la evaluación de las organizaciones.

Los observadores detectaron casetas que llegaron sin cortinas, y, en muchos colegios, la fila de los electores estaba bien cerca, lo que permitía ver la papeleta mientras era votada. “Se reportó falta de directriz de parte de la CEE para buscar alternativas ante la falta de cortinas. Cada colegio decidía la forma de atenderlo. En algunos colegios las casetas se colocaron mirando hacia la pared; en otras se colocaron en la misma posición que cuando tienen las cortinas, eliminando la posibilidad de privacidad”, especifica el informe.

Los representantes de las organizaciones detectaron casos en los que personas de edad avanzada, algunas en sillas de ruedas, tuvieron que votar sin protección o en circunstancias en las que se veía el voto.

También hubo reportes de intervención indebida de funcionarios con los votantes, particularmente con los de mayor edad. “En algunos colegios de votación, se reportó que había funcionarios tomando las papeletas de los electores en sus casetas de votación para introducirlas ellos en las máquinas. Así como también se reportó que había funcionarios parados al lado de las máquinas sin que se hubiera solicitado asistencia. En la mayoría de los casos, este funcionario estaba identificado con camiseta de color azul”, abunda el documento.

Sobre la función de los observadores, en el informe se indica que la mayoría pudo hacer su trabajo sin problemas. “No obstante, en dos instancias, los observadores se enfrentaron a coordinadores y funcionarios que no quisieron permitir la entrada de observadores debidamente identificados y acreditados a los colegios electorales”, añaden desde la ACLU y CAAPR.

Por otro lado, hubo un incidente en el que se impidió a una observadora tomar fotografías, contrario a lo que establece el protocolo de la CEE. También se documentó un caso en el que los coordinadores de la unidad electoral le exigieron a una vigilante que saliera del colegio electoral una vez cerrado, no acorde con lo establecido en el protocolo.

En el caso de las limitaciones para las personas impedidas, la recopilación señala que, en varias unidades electorales, no había estacionamientos para estos electores; en otros, no había aceras.

“En estos casos, los electores se tenían que estacionar en la calle y lejos del centro de votación, por lo que tenían que caminar o trasladarse por la carretera. En varios centros de votación no había servicio de agua potable, por lo que se ubicaron baños portátiles, ninguno de los cuales era apto para personas con diversidad funcional”, añade el informe.

Los observadores también detectaron problemas en las rampas de fácil acceso a los colegios. En algunos de los espacios, las rampas eran angostas o demasiado inclinadas e incumplían con la función de acceso. Además, había otros colegios ubicados en segundos pisos e inaccesibles para muchas personas de esta población. Lo anterior implicaría una violación a la legislación federal “American with Disabilities Act” (ADA).

Falta de papeletas en el sistema braille

Otro inconveniente fue que algunos centros de votación no tenían disponibles las papeletas impresas en el sistema braille ni las lupas para los votantes con visión limitada. En otros, la cantidad era muy poca y solo estaban disponibles en la oficina de la Junta de coordinadores. Las papeletas preparadas en lenguaje braille no eran válidas pues no eran iguales a las papeletas impresas.

Otro hallazgo en los centros que se supone sean de fácil acceso fue la ausencia de casetas de votación.

“En al menos un caso, los funcionarios habilitaron una mesa y silla para electores con impedimentos, pero sin proveer cobertura, por lo que el voto no podía realizarse de manera secreta”, lee el documento.

Tardanza y falta de materiales electorales

La tardanza en los materiales y funcionarios insuficientes fueron otros de los problemas registrados en el curso de las elecciones generales en la isla.

La evaluación reveló que no habían materiales suficientes. En algunos colegios faltaban marcadores o estaban secos, así como papeletas y, máquinas, entre otros.

En otros casos, los materiales llegaron tarde.

“Esto atrasó el que los colegios estuvieran listos para abrir a las 9:00 a.m. Algunos llegaron a abrir pasadas las 10:30 a.m. En algunos tampoco había funcionarios de todos los partidos acreditados”, indica el informe. “También se identificaron colegios que no estaban debidamente rotulados. Se observó que no había rótulos con información visible que explicara cómo se vota en cada papeleta”, arroja la evaluación.

Adicional, se documentaron varias instancias en las que los funcionarios de colegio enfrentaron problemas para registrarse y para votar como consecuencia de la llegada tardía de los materiales.

“El atraso en la llegada de los materiales a los colegios provocó que a las 9:00 a.m. los colegios no estuvieran listos y se estuvieran aún preparando para poder ser abiertos sin mayores retrasos. Los funcionarios que estaban preparando los colegios pasadas las 9:00 a.m. no lograron registrarse a tiempo para votar luego de las 5:00 p.m.”, revela la compilación.

Por otro lado, los funcionarios que no son de la unidad ni son coordinadores no aparecían en el sistema y no pudieron registrarse.

La ACLU-PR y el CAAPR determinaron que el sistema electoral en Puerto Rico necesita fortalecerse para una mayor confianza y transparencia.

“El derecho fundamental a la representación política requiere de un sistema robusto, serio y competente que provea a todos los electores la seguridad de que su voluntad ha sido respetada. En este sentido, puntualizamos que la CEE nunca certificó, antes de las elecciones, haber depurado las listas de electores para eliminar personas fallecidas o declaradas incapaces judicialmente. Además, la restricción del registro electoral provocó que miles de puertorriqueños quedaran privados del derecho fundamental al voto, una mancha en la historia electoral de Puerto Rico. Todo ello fue producto de la implementación del Código Electoral del 2020”, añadieron.

Le pidieron autorización tres veces a la CEE para ser observadores

El informe señala que ambas entidades le solicitaron autorización en tres ocasiones, entre principios de septiembre y principios de octubre, a la CEE para ubicar observadores hasta que finalmente obtuvieron el permiso.

“Ante el silencio de la CEE, el 8 de octubre de 2024, ACLU de Puerto Rico envió una tercera carta a la CEE indicando que ninguna de nuestras solicitudes había sido atendida. Ese mismo día, en horas de la tarde, la CEE contestó nuestra solicitud de acreditación como entidad observadora del proceso electoral”, se indica en el documento.

Las organizaciones también tuvieron inconvenientes para recabar información sobre el presupuesto utilizado para la presencia de observadores.

Como resultado de un recurso de mandamus que la ACLU presentó al Tribunal de Primera Instancia, la CEE y el Contralor Electoral divulgaron sobre la asignación de cerca de $80,000 dólares de su presupuesto, aprobado por la Junta de Control Fiscal, para invitar observadores internacionales para labores de vigilancia. “Este presupuesto fue aprobado para cubrir transporte aéreo, alojamiento en hoteles, comidas y adiestramientos que nunca fueron ofrecidos ni puestos a la disposición de nuestros observadores locales”, especifica el informe.

¿Cuántos observadores locales fueron desplegados?

Los 31 voluntarios adiestrados por la ACLU-PR y el CAAPR para observar los procesos electorales se encontraban activos y elegibles para ejercer su derecho al voto para la fecha de los comicios.

En el grupo se hallaban abogados (as), personas retiradas, universitarios, ministros religiosos, y servidores públicos.

Los observadores se encontraban debidamente identificados con un chaleco e identificación provista por la ACLU-PR y el CAAPR.

La inspección se extendió a 40 unidades electorales de 20 precintos en 12 municipios que incluyeron San Juan, Bayamón, Toa Baja, Carolina, Caguas, Cayey, Rio Grande, Las Piedras, Cabo Rojo, Guaynabo, Guayanilla y Coamo.

El resumen además detalla que las organizaciones tuvieron observadores en la Junta administrativa de voto ausente y voto adelantado (JAVAA) desde el 1 de noviembre.

“Nuestros observadores fueron adiestrados sobre sus funciones mediante talleres educativos desarrollados por la ACLU–PR. Se preparó una hoja de cotejo con las incidencias a observar en los centros de votación asignados. Los puntos para cotejar se relacionaban con la observancia de requisitos estatutarios entre otros asuntos relevantes al ejercicio del voto en un sistema democrático. Los observadores tomaron fotos y documentaron tanto irregularidades, como toda incidencia relevante”, explicaron.