Jueza de NY que dirige caso por la quiebra de la AEE en Puerto Rico verá en febrero moción de bonistas disidentes
Rolando Emmanuelli, abogado en el litigio, dijo que la decisión del Primer Circuito de Boston sigue marcando los procesos en el tribunal federal de Puerto Rico
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, dirige los procesos relacionados con la quiebra de Puerto Rico bajo Título III. Crédito: Elizabeth Williams | AP
Nueva York – El abogado Rolando Emmanuelli confirmó a El Diario que la paralización del caso en el tribunal federal de Puerto Rico para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas continúa hasta el 31 de este mes y no será hasta febrero que la jueza se pronuncie al respecto.
Una orden del 30 de octubre firmada por la jueza Laura Taylor Swain, quien dirige los procesos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey bajo Título III, indica que la fecha de terminación de la pausa será el 31 de enero.
“La fecha de terminación podría ampliarse aún más solo después de la aprobación de esta Corte tras notificar de la propuesta adicional de extensión a las partes interesadas…”, lee el documento judicial en poder de El Diario.
La expectativa es que el 5 de febrero se realice una audiencia ante Taylor Swain, reveló Emmanuelli, quien representa a la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego) en el pleito.
La ultima audiencia del caso se efectuó el 11 de diciembre.
Alcance de la decisión del Primer Circuito de Boston
Emmanuelli explicó, en entrevista con este periódico, que la decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston continúa marcando los procesos a nivel local.
En junio pasado, el foro en Estados Unidos decidió que los tenedores de bonos de Puerto Rico tienen derecho a cobrar la totalidad de los mismos o unos $8,500 millones dólares, pero de los ingresos netos de la AEE.
Taylor Swain había determinado que los bonistas podrían recuperar unos $2,400 millones.
El fallo de Boston significó un revés, no solo para la jueza de distrito, sino para la Junta de Control Fiscal, que es el organismo que presenta el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la AEE que debe ser confirmado o rechazado por Taylor Swain.
A partir de ese momento, quedó en manos de la jueza de Nueva York, determinar el valor económico real en beneficio de los bonistas.
“Cuando ocurre eso, surge una gran controversia sobre lo que tiene que hacer la jueza de aquí en adelante. La Junta (de Control Fiscal) planteaba que era cuestión de abrir el récord un poquito para que entrara la información nueva; cerrarlo para que la jueza resolviera. Los bonistas y otros grupos, como los Sistemas de Retiro y la UTIER dijeron que no, que hace falta recalcularlo todo. Entonces, la jueza ante ese problema, que todo lo que ocurrió se perdió, ordenó que las partes negociaran y activó el comité de mediadores, que son jueces y exjueces. Desde ese momento, la jueza ha estado extendiendo la mediación”, contrastó.
“Para yo estar clara, básicamente, la determinación de Boston está incidiendo en todos los procesos ahora mismo que se están dando relacionados con el Plan de Ajuste de la Deuda”, indagó El Diario.
“Sí, como se dice por ahí, viró la mesa. Lo que se creía que estaba todo bien calculado y organizado, pues se echó a perder porque las premisas sobre las que estaba fundado el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) no son correctas”, respondió.
“La jueza los envía a negociar con el auxilio de los mediadores, y, recientemente, este mes pasado los mediadores radicaron una moción diciendo, ‘saben qué, nosotros no podemos llegar a un acuerdo. Aquí no hay manera de que estas dos partes se pongan de acuerdo, así que la jueza tiene que tomar las medidas que correspondan”, abundó el fundador de Bufete Emmanuelli, C.S.P.
El 5 de febrero se espera que la jueza decida sobre la moción presentada por los bonistas disidentes o inconformes con el PAD para que se suspenda la paralización automática de los litigios que radicaron.
A juicio de Emmanuelli, lo anterior es esencial en el pleito, ya que podría significar una desestimación del caso.
“Implica que ellos pueden ir al Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, y pedirle al juez que nombre un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica; un síndico que tomaría todo el control de lo que es la Autoridad y que tendría la función de solicitarle al Negociado de Energía (NEPR) los aumentos de la tarifa que sean necesarios para cubrir estas cosas que te mencioné, los gastos operacionales, lo que se le debe al Sistema de Retiro (de los Empleados de la AEEPR), las pensiones, y lo que sobre, entonces sería lo que se le pagaría a los bonistas”, explicó.
El licenciado argumentó que el pedido para levantar la paralización es un derecho que tienen los bonistas asegurados.
“No es necesario desestimar la quiebra para permitir que los bonistas vayan al tribunal de San Juan; solamente levantar la paralización automática, pero eso es como desestimar la quiebra, porque esos bonistas están haciendo un reclamo de $8,500 millones, y que el efecto es contundente en términos de la viabilidad de la AEE de poder restructurarse. Ese es el último remedio, el extremo. Pero la decisión del Primer Circuito apoya la moción de los bonistas, porque los acreedores asegurados tienen más derechos de que se levante la paralización automática que cualquier acreedor no asegurado”, puntualizó.
A preguntas sobre cuál es el factor que más incide en la falta de acuerdo entre los bonistas y la Junta, dijo que el debate sobre la cantidad específica de ingresos netos que se tendría que pagar o cuánto le sobra a la Autoridad.
“Lo que pesa más es la capacidad de pago que tiene Puerto Rico para cumplir con las exigencias de los bonistas. Durante el juicio de confirmación de marzo, quedó bien claro que la Junta estaba ofreciendo el máximo que Puerto Rico podría pagar, y eso era con base en unos cómputos de cuánto es la energía en el presupuesto familiar. Se supone que sea no más de 6%, y la Junta estaba ofreciendo el 6%. Los economistas de la Junta y de ASFAAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico) decían que si se ofrecía más dinero de eso, Puerto Rico iba a caer en una crisis económica que iba a causar un efecto en espiral, porque subes la tarifa y la gente no te paga o se va para la energía renovable, entonces nunca cubres tus expectativas de ingresos, y eso hace que la Autoridad se estrelle”, detalló Emmanuelli.
“Ahora mismo con esa decisión del Primer Circuito de Boston como no se sabe cuánto dinero realmente hay, porque no ha habido transparencia, los bonistas están jalando tanto que obligarían a la Junta de solicitar una cantidad de dinero que implicaría un aumento dramático y va a ocasionar todas esas consecuencias”, continuó el entrevistado.
Extensiones al proceso de mediación
Según Emmanuelli, las constantes extensiones al proceso de mediación por parte de la jueza para ver si las partes llegan a un acuerdo responde a que un plan de consenso es más fácil de confirmar.
“Ella envía a las partes a negociar por dos razones. Un plan que sea consensuado es más fácil de confirmar, porque no tiene los opositores de gran peso como son los bonistas que tienen cantidades de dinero infinitas para litigar, y es más fácil confirmarlo. El otro asunto es que en un plan consensuado, hay menos gente que quiera apelar al Primer Circuito, Tribunal Supremo, etc., así que el camino es mucho más cómodo. Pero, dentro de las circunstancias que hay actualmente donde ella sabe lo difícil que es la situación de la Autoridad, confirmar un plan donde haya que exigirle a Puerto Rico mayores sacrificios, después que ella escuchó todas esa gente explicándole cómo es que se vivía en Puerto Rico (en las vistas de confirmación de marzo), ella sabe que ese plan no sería viable…”, consideró.
Sin embargo, el litigante alertó que, independientemente de si se desestima o no la quiebra, los puertorriqueños experimentarán el impacto de nuevos aumentos en la tarifa por electricidad.
“Número uno, LUMA y Genera dicen que el dinero no les da, y ellos ya iniciaron un proceso con el Negociado para aumentar la tarifa para cubrir esos gastos. Número dos, no hay dinero para la pensión de los pensionados, hay que aumentar la tarifa, y eso se habla que son 2.4 centavos por kilovatio hora adicionales. Con lo que pide LUMA y con los 2.4, serían 30 centavos por kilovatio hora. O sea, que es un golpe fuertísimo. Eso está paralelo al caso, y ya el Negociado resolvió que para el 1 de julio de este año va a haber un primer aumento; para el próximo año, en julio, una revisión de ese aumento; y para el 2028, otra revisión de ese aumento. Esto con la expectativa de que para el 2027, 2028, ya se sepa cuánto hay que pagarles a los bonistas y se incluya en la tarifa. O sea, que el Negociado está tratando de resolver el issue de insuficiencia presupuestaria en etapas para insertar cada año las diferentes cosas que van surgiendo”, enumeró.
En vista de todas las controversias en curso, Emmanuelli no vislumbra que el caso culmine este año.
“Aún cuando los bonistas anunciaran un acuerdo en enero y se empiece un proceso, hay que someter un nuevo Plan de Ajuste de la Deuda con un nuevo plan fiscal que lo apoye, y entonces inicia el proceso de declaración de divulgación, de preparar el proceso de descubrimiento de prueba, juicio. Eso tomaría prácticamente todo el año. Tal vez el juicio se estaría viendo a finales de este año, y entonces en lo que la jueza resuelve y las apelaciones, vamos a entrar al 2026”, estimó.
En marzo pasado, decenas de ciudadanos y representantes de organizaciones presentaron ponencias en contra de la versión enmendada del PAD, que entre otras cosas, disponía para aumentos en la tarifa eléctrica que los abonados de la Autoridad tendrían que pagar por al menos tres décadas.
Los procesos estuvieron marcados por el campamento levantado por la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE en el exterior del tribunal en oposición a la confirmación del plan.
Puerto Rico se encuentra bajo los procedimientos de Título III de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) aprobada en el Congreso de Estados Unidos en el 2016.
El 18 de enero de 2022, Taylor Swain confirmó el Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno de Puerto Rico o del gobierno central.
La deuda alcanzó los $72,000 millones. El plan redujo la deuda en casi un 80 %, o de $35,000 millones a $7,400 millones.
El PAD, con el que se concluyó un capítulo importante de la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, entró en vigor el 15 de marzo de ese año.
