“Inaceptable” para gobernadora de Puerto Rico que la Junta no haya compartido Plan Fiscal de la AEE antes de certificarlo
La Junta de Control Fiscal no suministró el documento al gobierno de Puerto Rico a pesar de las múltiples solicitudes hechas, denunció Jenniffer González
Camino a La Fortaleza, residencia oficial de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en el Viejo San Juan. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y el jefe de gabinete de su administración Francisco Domenech, cuestionaron que la Junta de Control Fiscal certificó el Plan Fiscal 2024 para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin haberlo compartido antes con el gobierno local.
“El Gobierno está revisando el Plan Fiscal final certificado para la Autoridad de Energía Eléctrica, debido a que la Junta (FOMB) no compartió en ningún momento el documento con el Gobierno antes de su certificación o publicación, a pesar de las múltiples solicitudes hechas al director ejecutivo de la entidad (Robert Mujica) para que lo hiciera”, plantearon en declaraciones escritas enviadas a El Diario.
“Para la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, esta falta de comunicación de la Junta es completamente inaceptable”, añadieron los funcionarios.
Debido a lo anterior, las autoridades en la isla, incluyendo el nuevo zar de energía, Josúe Colón, se encuentran examinando el plan y las proyecciones financieras para determinar si la información provista es certera y si las metas son realmente alcanzables.
Según González y Domenech, por primera vez, el Plan Fiscal de la Junta se basa en proyecciones de costos que fueron solicitados directamente a los operadores del sistema, es decir LUMA Energy y Genera PR, “estimando lo que ellos deberían necesitar gastar en un escenario ideal para reparar el sistema eléctrico”.
“Estas proyecciones fueron aceptadas sin evaluar si los gastos son realistas y razonables y sin considerar las limitaciones de gastos que pueden ser impuestas por el Negociado de Energía (de Puerto Rico o NEPR)”, argumentaron.
“Con base en lo que hemos leído en la prensa, es solo después de la publicación del Plan Fiscal certificado que la Junta intenta validar la información provista y realizar modelos adicionales. Nosotros lo encontramos altamente muy poco professional emitir un Plan Certificado sin antes hacer un análisis”, consideraron desde La Fortaleza.
La gobernadora y el también secretario de la Gobernación, añadieron que están al tanto de que no van a haber incrementos en la tarifa eléctrica sin una revisión y la aprobación del Negociado de Energía tras una evaluación independiente a la de la Junta.
La Administración González además cuestionó que el documento aprobado por la Junta no considera las medidas que están implementando que incluyen cambios estructurales con el fin de mejorar la confiabilidad, asequibilidad y la eficiencia en las operaciones de la red eléctrica.
Para estabilizar el sistema eléctrico, González reafirmó su intención de extender el tiempo de vida de unidades de generación a bajo costo, incentivar el uso de gas natural (LNG) mediante la conversión de plantas ya existentes y desarrollar nuevas plantas de generación de energía.
Para grupos ambientalistas, el enfoque en este tipo de acciones retrasa la transición de Puerto Rico a fuentes renovables y sigue dejando a los residentes expuestos a la volatilidad del mercado. Para los sectores que apuestan a un uso mínimo de combustibles fósiles, la solución está, principalmente, en el impulso de sistemas de energía distribuida o paneles solares en techo.
En ese sentido, el comunicado del gobierno de Puerto Rico señala que fuentes de energía renovables serán integradas al sistema energético de Puerto Rico en la medida en que son económicas y operacionalmente eficientes.
Por otra parte, plantean que la rama ejecutiva y las autoridades regulatorias en la isla siguen examinando la gestión de los operadores, lo que podría traducirse en una restructuración de los contratos ya establecidos mediante alianzas público privadas.
La Junta es el organismo federal creado bajo la ley PROMESA (Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico) en el Congreso de Estados Unidos, en el 2016, para administrar las finanzas del territorio, pagar la deuda con los bonistas y reingresar a los mercados de capital.
El plan fiscal es el documento que establece las medidas que el Gobierno tomará para alcanzar responsabilidad fiscal e impulsar el crecimiento económico. La Junta es el ente encargado de aprobar esos planes.
Domenech es también el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), entidad creada mediante la Ley 2-2017 para asesorar al gobierno de Puerto Rico en los procesos para reestructurar la deuda pública.
La jueza que dirige el proceso de quiebra de la AEE, Laura Taylor Swain, le había solicitado al organismo federal que agilizara el paso para la presentación del más reciente Plan Fiscal debido a que estaban retrasados.
Qué dice el Plan Fiscal 2024 de la AEE
El nuevo plan, según Mujica, refleja que el sistema de energía en Puerto Rico se está deteriorando más rápido que la Autoridad, y que los operadores de la red (Luma Energy y Genera PR) y de las plantas pueden hacer más reparaciones.
“El sistema está fallando para responderle a familias y negocios, y el Plan Fiscal define el camino que va a llevar a más energía confiable”, planteó el director ejecutivo de la Junta en un comunicado el martes cuando se divulgó el plan.
Las nuevas proyecciones apuntan que, para el 2040, los gastos para que los operadores corran el sistema serán un 60% más altos que en el plan certificado de 2023, que tenía gastos limitados a los ingresos generados bajo las órdenes de tarifa del 2017.
Adicional, el plan especifica que LUMA Energy estimó que el sistema necesitará fondos federales hasta el año fiscal 2034 para reparar completamente la red, mantenerla y operarla de manera eficiente, lo que requeriría inversiones de hasta $24,000 millones.
“Nosotros debemos priorizar la necesidad de inversiones en la red eléctrica más que cualquier otra cosa, mientras se responsabiliza a las partes”, añadió Mujica.
“El despliegue coordinado de fondos federales es crucial para adecuadamente reparar y mantener el sistema, pero no será suficiente. El costo de sostener un sistema que apropiadamente sirva a la gente y a los negocios en Puerto Rico supera con creces las proyeccciones anteriores mientras el sistema continúa debilitándose y fallando”, expuso.
Décadas de negligencia, mantenimiento diferido, ausencia de actualizaciones, falta de planificación a largo plazo e interferencia del gobierno son algunas causas de la debacle del sistema, enumeró.
Mujica además resaltó la inacción de la AEE para evaluar las necesidades del sistema a largo plazo.
“Ha estado operando bajo un déficit financiero estructural desde el 2004, que se ha agravado con el tiempo”, afirmó Mujica.
Añadió: “El el nuevo Plan Fiscal, se proyecta que los gastos de mantenimiento necesarios se triplicarán en términos reales del año fiscal 2025 al año fiscal 2026, incrementando en un 43% para el año fiscal 2029. Este crecimiento está impulsado por los estimados actualizados de los operadores que más certeramente reflejan las necesidades del sistema deteriorado. Gastos de combustible y energía adquirida proyectan un incremento de 11% en comparación con el Plan Fiscal del 2023 Fiscal Plan”.
Debido al significativo incremento en costos y a la inhabilidad de la Autoridad para proveer un servicio eléctrico confiable sin abordar las necesidades del sistema diferido, la Junta concluyó que la AEE no podrá imponer cualquier aumento de tarifa adicional para el servicio de la deuda por encima de las tarifas necesarias para pagar los costos de operar el sistema eléctrico.
La Junta es el organismo que presenta a los bonistas el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad para tratar de salir de la bancarrota.
A finales de enero, Taylor Swain impuso una moratoria en el caso hasta el 24 de marzo con el fin de intentar lograr un convenio con los bonistas inconformes con lo presentado por la Junta.
Adicional, la jueza del distrito de Nueva York extendió los trabajos del Equipo de Mediación hasta el próximo 30 de abril.
Precisamente, uno de los inconvenientes para avanzar con un acuerdo es que la Junta no había certificado el plan fiscal de la AEE del 2024, lo que es requerido como parte de la restructuración.
Adicional, los procesos en el Tribunal Federal de Puerto Rico han estado marcados por la decisión del Tribunal del Primer Circuito de Boston de junio pasado que le dio la razón a los bonistas inconformes al determinar que estos tienen derecho a cobrar la totalidad de los mismos o unos $8,500 millones dólares, pero de los ingresos netos de la AEE.
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