LatinoJustice presenta solicitud de información para que ICE brinde datos de intervenciones con puertorriqueños en redadas antimigratorias
En el requerimiento bajo FOIA, plantean que las intervenciones se basan en perfil racial y atentan contra los derechos de estos ciudadanos estadounidenses
Foto de archivo de un arresto migratorio en Nueva York. Crédito: Richard Drew | AP
Nueva York – LatinoJustice PRLDEF presentó una solicitud de divulgación de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y al “zar de la frontera”, Tom Homan, sobre alegadas intervenciones ilegales con puertorriqueños en medio de las redadas antimigratorias de la Administración Trump.
La organización con sede en Nueva York sometió el requerimiento bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) que permite al público pedir información de las agencias federales. En este caso, LatinoJustice plantea que las intervenciones con boricuas se basan en perfil racial y atentan contra los derechos constitucionales de estos ciudadanos.
El comunicado de la entidad, publicado ayer, indica que buscan que las agencias divulguen todos los archivos relevantes y comunicaciones internas relacionadas con las políticas y procedimientos de ICE en las redadas y detenciones recientes.
“Estos incidentes son un claro patrón de perfil racial y acciones de ejecución inconstitucionales contra puertorriqueños bajo el pretexto de hacer cumplir la ley de inmigración, y levanta serias preocupaciones constitucionales relacionadas con el debido proceso de ley, igual protección de derechos y violaciones de derechos civiles”, dijo Roberto Cruz, abogado supervisor de la Oficina Regional Sureste.
“Las personas están siendo detenidas y cuestionadas con base en su raza, origen nacional, apariencia o por simplemente hablar español en público”, añadió Cruz.
Los puertorriqueños cuentan con la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Inicialmente, se concedió la ciudadanía colectiva a través de la Ley Jones de 1917. Posteriormente, por medio de la Ley de Nacionalidad de 1940, se estableció que nacer en el territorio era equivalente a nacer en Estados Unidos en términos de la ciudadanía. Lo anterior significa que los puertorriqueños no están sujetos a las leyes y a los procedimientos regulares migratorios del gobierno federal.
Tres casos han trascendido públicamente
El anuncio de LatinoJustice hace referencia a tres casos que han trascendido en medios dentro y fuera de Puerto Rico sobre supuestas intervenciones arbitrarias de personal de ICE con boricuas. Los tres se reportaron el mes pasado.
Una de estas se registró en un negocio en Newark, Nueva Jersey. En esa instancia, un exmilitar boricua que laboraba como administrador de Ocean Seafood Depot fue detenido junto a otros dos trabajadores.
“Me parece a mí que ellos estaban, específicamente, tras ciertos tipos de personas- no a todo tipo, porque ellos no me pidieron documentación ni a los trabajadores estadounidenses, portugueses o blancos”, relató Luis Janota, propietario del establecimiento mayorista de mariscos a PIX 11.
Este caso, llevó a que públicamente, el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, se enfrentara a las autoridades federales en defensa de los derechos constitucionales de los detenidos.
Baraka cuestionó la falta de una orden judicial por parte de los agentes en violación a la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. que protege a las personas de registros injustificados o irrazonables.
En otro caso, los dueños de “Boricua Restaurant” en Philadelphia, Pennsylvania, denunciaron mediante redes sociales que agentes federales pretendían inspeccionar el negocio sin contar con una orden judicial.
Alegadamente, los oficiales querían entrar a la cocina del lugar para averiguar si los empleados eran o no indocumentados.
los propietarios, Héctor Serrano y Roberto Acevedo, alegaron que los efectivos le faltaron el respeto y los trataron de intimidar cuando ingresaron al restaurante.
Los agentes tuvieron que abandonar el lugar al ser confrontados con el hecho de que no contaban con documentación judicial para allanar el local.
Un tercer incidente en Milwaukee, Wisconsin, fue denunciado en entrevista con Telemundo Puerto Rico.
Los hechos también se habrían reportado el mes pasado.
Un pariente de los afectados, que habló bajo condición de anonimato, alegó que la intervención inició en una tienda por departamento.
Presuntamente, los oficiales se llevaron a la hermana del denunciante, la suegra de esta y un menor en un vehículo oficial; no está claro a dónde. Los boricuas no fueron liberados hasta que presentaron documentación que confirmaba su origen.
Esta historia, ICE la tildó de falsa en declaraciones a Milwaukee Journal Sentinel sin brindar mayor información.
Seguimiento a carta de LatinoJustice a ICE y al “zar de la frontera”
La solicitud de FOIA es un seguimiento a la carta que enviaron activistas de LatinoJustice, hace dos semanas, al zar de la frontera; a Caleb Vitello, entonces director interino de ICE, y a la secretaria del DHS, Kristi Noem.
En el texto, exigieron a las agencias explicar las razones que han llevado a que ICE intervenga con puertorriqueños y en negocios de miembros de esta comunidad, así como una revisión exhaustiva de las prácticas de la agencia para asegurar que están en cumplimiento con las protecciones constitucionales contra la discriminación por origen racial y nacional.
“Como todos ustedes saben, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Cualquier operativo de ICE que presuma otra cosa y los someta a escrutinio sin orden judicial, detención o intimidación levanta serias violaciones constitucionales y de derechos civiles”, afirmaron los miembros de LatinoJustice PRLDEF.
“Urgimos a ICE a emitir inmediatamente una guía que clarifique que los ciudadanos estadounidenses puertorriqueños no deben estar sujetos a intervenciones migratorias e implementar salvaguardas para prevenir más violaciones de derechos civiles. Una guía clara también debe prevenir que los agentes de ICE y otros que aplican leyes migratorias federales intervengan con individuos con base en origen nacional, etnicidad o idioma real o percibido”, añadieron.
La carta culmina con una solicitud para que la agencia conteste en un periodo de 15 días laborables. De no hacerlo, anticiparon que recurrirían a otras vías, incluyendo las legales.
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