Exrepresentante PNP en Puerto Rico insiste en plebiscito “independencia, sí o no” tras divulgación de propuesta de orden ejecutiva
José Enrique “Quiquito” Meléndez argumentó que, en términos prácticos, el documento no tiene ningún efecto, ya que no adelanta la independencia para la isla
Estadistas miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – Aunque reconoció que la propuesta de orden ejecutiva que circularon activistas pro independencia para Puerto Rico pudo haber tenido un efecto en términos publicitarios, para el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, a nivel práctico, la iniciativa no tiene ninguno, ya que no adelanta esa opción de estatus.
En entrevista con El Diario, Meléndez argumentó que una orden ejecutiva no es la vía constitucional para avanzar en una discusión para resolver el estatus político de la isla, debido a que es el Congreso es el que gobierna a territorios como Puerto Rico en virtud de la Cláusula Territorial, y un decreto no supera a la máxima ley federal.
“Yo creo que no son serios, porque ellos saben que, jurídicamente, no es posible impulsar la independencia de la forma que proponen. Vamos a argumentar por un segundo que Donald Trump recoge la orden ejecutiva, y les dice que la va a firmar, y la firma; ¿cuál es el efecto práctico?, ninguno. Donald Trump no tiene poder constitucional; la Constitución no le concede al presidente poder para disponer por el mecanismo de orden ejecutiva de ningún territorio”, sostuvo Meléndez, quien fue uno de los primeros en reaccionar a la propuesta pro independencia en redes sociales, incluso con videos.
A preguntas sobre qué pasaría si Trump tomara una acción de ese tipo y la discusión llegara hasta el Tribunal Supremo, Meléndez anticipó: “El Tribunal Supremo, de corte conservador y originalista; personas que fueron designadas por Trump en su primer término y que se comprometieron a mantener la Constitución como al momento en que se escribió, por eso son originalistas; cuando vayan a leer la Cláusula Territorial que establece claramente que el poder para gobernar los territorios lo tiene el Congreso, no es más nadie, pues, obviamente, tienen que resolver que eso no tiene sentido”.
A juicio del líder estadista, la acción de los independentistas demuestra que no aceptan la voluntad de la mayoría de los puertorriqueños que han votado consecutivamente para ser parte de EE.UU., la más reciente en el plebiscito criollo del pasado 5 de noviembre.
“¿Qué es lo que pasa?, hay un grupo de independentistas que no aceptan la voluntad del pueblo y se comportan más a la izquierda. Critican a Donald Trump por sus políticas fuertes y lo acusan de dictador, pero, a la misma vez, se comportan como dictadores, porque un dictador no es otra cosa que una persona que llega al poder y busca imponer su criterio por encima de la gente”, planteó Meléndez, quien es republicano, aunque no milita en ese partido nacional en Puerto Rico.
“Estas personas no tienen el respaldo del pueblo de Puerto Rico”, afirmó.
El también analista político cuestionó que el borrador de orden ejecutiva que se popularizó en redes sociales hace una semana incluyera fecha de expiración para la ciudadanía por nacimiento de los boricuas, lo que provocó, según él, un choque en la isla.
“Le pusieron fecha de expiración a la ciudadanía americana; le pusieron fecha de expiración a la ciudadanía de los puertorriqueños, que es algo que el puertorriqueño, independientemente de si cree en la estadidad o el Estado Libre Asociado (ELA) o incluso la independencia, atesora. Y estas personas le pusieron fecha de expiración en el 2026 a la ciudadanía de los puertorriqueños”, expuso.
“Por eso es que el Partido Independentista en Puerto Rico (PIP) ha buscado que no lo relacionen con esa propuesta, porque saben que la reacción que ha causado esa propuesta en Puerto Rico ciertamente es bien negativa para el movimiento independentista”, señaló en referencia a las expresiones del excandidato independentista a la gobernación de Puerto Rico, Juan Dalmau.
Dalmau indicó que no tuvo intervención en el desarrollo del documento que simula ser un decreto de Trump y que lleva por título “Por la transición de Puerto Rico a la soberanía y la independencia”.
“Es una iniciativa que ha tomado un grupo de personas para impulsar la idea de un proceso de descolonización en soberanía o libre asociación con independencia. Ese proceso es un proceso que es iniciativa de ese grupo”, planteó Dalmau en un video desde sus redes sociales.
“Sin embargo, los mismos que estaban histéricos e histéricas con la noticia no tuvieron ningún problema cuando el PNP y su liderato se fue a gastar miles de dólares en fondos públicos para cabildear en Washington en momentos en que incluso lo que había era un mensaje especial del presidente de Estados Unidos y apenas había acceso al Congreso”, añadió Dalmau, quien se presentó como candidato de la Alianza con Victoria Ciudadana en las pasadas elecciones.
El documento, cuya discusión en el ciberespacio se incentivó pocos días después de la Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico, especifica que la ciudadana estadounidense por nacimiento de los puertorriqueños se daría por terminada para los individuos que nazcan después del 31 de diciembre de 2026.
“La doble ciudadanía debe ser reconocida, permitiendo que los individuos que son ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico también puedan ostentar la ciudadanía puertorriqueña”, añade el borrador que fue enviado a El Diario.
Cabe señalar que en la última versión del “Puerto Rico Status Act” o “Ley de Estatus de Puerto Rico” presentada en el Congreso se indica que, si el territorio opta por la independencia plena, no se preservaría la ciudadana estadounidense.
“Luego de la fecha efectiva de la independencia, los ciudadanos de Puerto Rico que quieran entrar a Estados Unidos u obtener la ciudadanía en EE.UU. estarán sujetos a las leyes de migración de EE.UU.”, lee el texto del H.R. 2757.
Otra razón por la que, para el entrevistado, la propuesta para una transición hacia la independencia no es viable responde a lo que catalogó como el ideario de “expansionismo” que permea actualmente en el Congreso y en la Casa Blanca. El presidente ha insistido en su intención de anexar a Canadá y a Groenlandia, por motivos, principalmente, económicos y de seguridad nacional.
Una de las partes centrales del borrador de orden ejecutiva es que EE.UU. se ahorraría cientos de miles de dólares en fondos federales si dispone de Puerto Rico.
“La estadidad para Puerto Rico le impondría una carga financiera mayor e insostenible a EE.UU. USAspending.gov reportó los gastos federales para 2024 en $40,360 millones al año, y proyecciones del 2024 de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) y The Wall Street Journal estiman $10,000 millones adicionales al año en gasto federal bajo la estadidad, lo que eleva el gasto total anual a $50,360 millones”, lee el borrador.
El documento plantea que la independencia del archipiélago es una de las alternativas que tiene el gobierno federal para evitar el malgasto público.
“Este plan terminaría con el malgasto al eliminar ayuda indefinida al territorio y la dependencia crónica, proporciona una estrategia de salida clara, y redirige los recursos federales para prioridades nacionales como defensa, infraestructura y programas domésticos”, señalan los impulsores de la medida.
“Bajo un gobierno de Trump con un enfoque de recortar gastos, ¿cómo es la estadidad viable para Puerto Rico?, ¿cómo se convencería a los republicanos de darle la estadidad a Puerto Rico si eso representa más fondos federales para la isla, y ellos, precisamente, quieren recortar los fondos?”, indagó El Diario.
“El elemento de si los republicanos nos dan o no la estadidad por el asunto de los fondos federales, cuando uno se sienta con los miembros del Congreso, incluso la Casa Blanca…, el peso que se le da a la seguridad nacional es sustancialmente mayor, porque la inversión en seguridad nacional siempre tiene un efecto multiplicador desde el punto de vista económico, porque, al final del día, si pierdes el control o influencia en el Caribe…, eso va a tener un efecto multiplicador sobre la economía de los EE.UU. La pregunta es: ¿están dispuestos a perderlos? Yo te contesto categóricamente, que en mis conversaciones con los miembros del Congreso, que no”, respondió.
Sobre la preferencia de Trump en cuanto a estatus, señaló que el funcionario corrió en su primera campaña bajo una plataforma que apoyaba la estadidad. Atribuyó a los errores de las autoridades locales tras el embate del huracán María el cambio de postura de Trump o su desasociación del tema. Sin embargo, aseguró que el republicano no ha descartado la estadidad para Puerto Rico.
Plebiscito en Puerto Rico “independencia, sí o no”
En esta coyuntura, Meléndez insistió en su idea de un plebiscito en Puerto Rico “independencia, sí o no”.
“Yo preferiría que se hicieran dos consultas; una, estadidad sí o no, y la segunda, independencia, sí o no. Yo no tengo problema con eso. Ahí, juntos, para que le gente diga si quiere ser independiente sí o no. Yo creo que eso sería fantástico”, propuso.
“Yo no tengo miedo y nunca he tenido miedo en enfrentar la voluntad del pueblo; por eso estuve cuatro veces corridas en papeletas. Pero, hay gente que prefieren trabajar por debajo y buscar la forma de minar los resultados del pueblo. Yo confío en la voluntad del pueblo puertorriqueño y acepto su voluntad”, continuó.
El exlegislador, quien en el pasado ciclo eleccionario se expresó interesado en competir para ser candidato a comisionado residente, pero finalmente desistió, explicó que bajo la Ley 165 del 2020, la gobernadora Jenniffer González podría convocar a otro plebiscito, tal como lo hizo su predecesor Pedro Pierluisi para el evento del 5 de noviembre.
“La gobernadora tiene autoridad, y nosotros en el 2020 aprobamos una legislación que permite que los gobernadores pueden hacer consultas. Esa ley la usó Pedro Pierluisi para convocar el plebiscito pasado, y esa ley no se ha derogado. Así que la gobernadora tiene la capacidad y la autoridad en ley para poder, mediante orden ejecutiva, convocar la elección sin tener que ir a la Asamblea Legislativa, pero no estoy seguro que eso vaya a ocurrir. Pero, conociendo tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara, yo estoy seguro que ellos preferirían que sea mediante legislación”, manifestó.
A preguntas sobre para qué realizar otra consulta criolla cuando aún están llevando al Congreso los resultados de la incluida en las pasadas elecciones, replicó: “No sé si esa va a ser la estrategia o no, pero he escuchado a algunos compañeros que están dispuestos a hacer una consulta adicional. Pero, yo creo que debe ser, independencia, sí o no, para estar claros de si el pueblo de Puerto Rico quiere la independencia”.
Añadió que no le consta que la gobernadora tenga ese plan en agenda.
Los impulsores de la propuesta pro independencia, entre los que se encuentran el abogado Rolando Emmanuelli, quien además representa a varios sindicatos en el caso federal por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Edil Sepúlveda, abogado y fundador de The Puerto Rican Alliance (PRÁ); el abogado y profesor Carlos Rivera Lugo; Christina Mojica, analista de política pública; y el escritor Javier A. Hernández, han reclamado como serios los esfuerzos para adelantar la discusión del tema en Washington D.C.
El pasado miércoles, algunos de ellos mantuvieron una reunión virtual con un ayudante del portavoz de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, que representa a South Dakota.
El grupo, sin embargo, aún no ha logrado reunirse con personal de Casa Blanca, aunque también le hicieron llegar al documento a personal en la mansión ejecutiva, así como a jefes de gabinete.
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