ACLU dice que gobierno de Puerto Rico no puede salir de la Reforma Policial amparándose en orden ejecutiva de Trump

Nueva York – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, consideró que la intención del gobierno de la isla de rescindir de la Reforma de la Policía en virtud de una orden ejecutiva de Donald Trump no es viable debido a que se trata de un caso en el que ya existe un acuerdo a través del tribunal federal.

“El caso de la reforma es un caso ya cerrado; es un caso firmado por todas las partes ante el tribunal en el 2013 y, en este sentido, no es un caso que esté en manos ni del presidente ni de la gobernadora de Puerto Rico para terminar. Aquí hay un acuerdo que está bajo la supervisión de un juez federal y está en manos del juez decidir el futuro de la reforma”, planteó a El Diario el director legal de la ACLU-PR, Fermín Arraiza Navas, mediante declaraciones escritas.

El licenciado argumentó que iniciar un proceso para desistir de la Reforma, con base en las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente, del 20 de enero justo después de asumir el cargo, sería contrario a derecho y podría conducir a cuestionamientos de inconstitucionalidad.

“Si el juez pretende o va a abdicar sus funciones judiciales a base de una orden ejecutiva, pues nos encontraríamos, nuevamente, ante otra crisis de la rama judicial, que es lo que Trump ha tratado de hacer a través de todas sus órdenes ejecutivas. Son órdenes ejecutivas que son contrarias a la Constitución, contrarias a derecho y al estado de derecho que existe o debe existir en Estados Unidos. En ese sentido, nosotros confiamos en que los tribunales y el tribunal federal en Puerto Rico hagan su trabajo y den cumplimiento estricto a lo que son las disposiciones del acuerdo de la Reforma de la Policía”, afirmó.

Una orden firmada por Trump básicamente revocó decenas de órdenes previas que, según la Administración, son “dañinas”.

Una de las órdenes de su predecesor Joe Biden que quedó sin efecto fue la de “Promover prácticas policiales y de justicia penal eficaces y responsables para incrementar la confianza pública y la seguridad pública”.

Parte del fin de la movida era dejar sin efecto reformas policiales que buscaban impedir el uso excesivo de fuerza, inmovilizaciones por estrangulamiento y órdenes de allanamiento sin previo aviso.

A la luz de la acción del presidente de EE.UU., la gobernadora Jenniffer González, y funcionarios como Joseph González Falcón, nuevo comisionado de la Policía de Puerto Rico, manifestaron su intención de salir de la Reforma Policial.

“Una de las órdenes ejecutivas del presidente (Donald) Trump deja sin efecto muchas de estas consideraciones y estaremos entablando comunicaciones con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal para ver cómo podemos cerrar este caso del monitor de la Policía en Puerto Rico, y darle las herramientas a esta oficina”, declaró la gobernadora según citada por El Nuevo Día.

La primera ejecutiva añadió que el Departamento de Justicia local y el de Seguridad Pública estarían pidiéndole a la referida división del Departamento de Justicia de EE.UU. una revisión a estos fines.

Por su parte, González Falcón, en la vista de nominación en el Senado, dijo que este tema era uno de los prioritarios en su agenda.

“Sobre el asunto del ‘federal monitor’ (monitor federal), de una manera u otra la prioridad para mí y para nuestro equipo es salirnos de ese proceso, cumpliendo con todos los reglamentos, y esa va a ser una de las primeras prioridades”, señaló el nominado a preguntas de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxana Soto Aguilú.

¿Qué es la Reforma Policial?

En julio de 2008, el Departamento de Justicia federal notificó a la policía de Puerto Rico y al gobierno de la isla sobre el inicio de una investigación sobre un patrón de prácticas que violaban los derechos civiles de los ciudadanos.

En septiembre de 2011, el Departamento de Justicia federal divulgó los hallazgos de su “Investigación de la Policía de Puerto Rico” que estableció que agentes en el territorio incurrían en prácticas de uso de fuerza excesiva en violación de la Cuarta Enmienda (de la Constitución); uso de fuerza irrazonable y otra mala conducta dirigida a suprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda; y registros e incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda. Adicional a estos hallazgos, la pesquisa arrojó evidencia “alarmante” de que la Policía fallaba frecuentemente en atender crímenes sexuales e incidentes de violencia doméstica, y que ejercía prácticas policiacas discriminatorias contra personas de origen dominicano en violación de la Decimocuarta Enmienda, la Ley de Calles Seguras, y el Titulo VI.

En el 2012, se creó la Oficina de Reforma. La oficina está encargada de coordinar la implementación de las reformas en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

Uno de los fines principales de la Reforma de la Policía es garantizar la protección de los derechos civiles de los ciudadanos y evitar la brutalidad policiaca. También busca fortalecer las relaciones entre los oficiales y las comunidades, y proveerle a los policías las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera eficiente.

El 17 de julio de 2013, el gobierno de Puerto Rico, la Policía y Justicia federal firmaron un acuerdo que se supone que tuviera una duración 10 años que incluía unos 301 requerimientos en 11 áreas con los que la agencia local debía cumplir para completar la reforma. El acuerdo fue aprobado por el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico.

El Departamento de Justifica federal asigna $20 millones anuales para financiar la Reforma.

El papel de la ACLU y de las comunidades en la Reforma

La ACLU ha desempeñado un papel esencial en la reforma policial. Su trabajo incluye documentar casos de brutalidad policial y exigir rendición de cuentas; así como la publicación de informes investigativos como “Isla de Impunidad”.

“La ACLU ha ofrecido recomendaciones concretas para la reforma policial, incluyendo la creación de un cuerpo de supervisión independiente, la implementación de políticas claras sobre el uso de la fuerza y la mejora de los procesos de investigación y disciplina policial”, detallan desde su página web.

Activistas de la comunidad dominicana en la isla también fueron cruciales para que la reforma avanzara.

El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez, confirmó a El Diario que el Departamento de Justicia de EE.UU. se basó en información que la entidad les proveyó sobre intervenciones policiales que acabaron en la muerte, no solo de puertorriqueños, sino de migrantes dominicanos como Franklin Cáceres, en el 2009.

“El Comité y otras organizaciones convocamos a una marcha contra la brutalidad policiaca (en el 2008). Salimos de la Plaza Colón hacia La Fortaleza (en el Viejo San Juan). Cuando termina la marcha, se me acercaron dos abogadas del Departamento de Justicia de EE.UU. (para decirme) que ellas iban a investigar los que estábamos denunciando en esa marcha. El Comité Dominicano empieza a llevarle a las comunidades afectadas, la comunidad LGBTQ, las de residenciales públicos, la comunidad negra, y la comunidad migrante”, recordó el portavoz en entrevista con este rotativo.

A juicio de Rodríguez, aunque ha habido un freno en la brutalidad policiaca, sigue siendo un fallo “garrafal” que la Policía se investigue a sí misma sin intervención de la la sociedad civil.

“La Reforma le ha suplido a la Policía todo el equipo que necesita, incluyendo patrullas, cámaras corporales que se le están dando ahora; primeramente, a los de tránsito… Hace falta que se atiendan unos asuntos puntuales como la brutalidad de agentes contra sus parejas. La Policía, de acuerdo con la organización ‘Kilómetro 0’, ha asesinado a más mujeres que miembros de la sociedad civil. Eso no se ha atendido. Por ejemplo, la Policía se investiga a sí misma, y hemos sugerido varias veces que se cree, como en Nueva Orleans, un monitor de la policía que era la sociedad civil, y aquí eso no ha sucedido”, insistió Rodríguez.

El entrevistado añadió que le envió una carta al juez de distrito Francisco Besosa, que ve el caso de la Reforma, para pedir que no rescinda de los procesos.

“Esto no es un caso cualquiera. Esto es una demanda de clase, y aquí hay un juez federal, muy responsable, que es Francisco Besosa, en el que yo tengo mucha confianza. Es una persona que tiene mucho respeto por el trabajo de nosotros. Ya yo he depuesto varias veces; me han dado la oportunidad de expresarme. De hecho, hice que le llamara la atención a un expolicía, a Gregorio Matías, que ahora es senador (del Partido Nuevo Progresista / PNP), que está mencionado en la Reforma (por manejos violentos y discriminatorios mientras era miembro de la Uniformada)”, señaló.

Sobre la postura de González Falcón, se expresó confiado en que entenderá la importancia de mantener viva la Reforma.

“El es un funcionario muy ético; lo conozco. Es una persona muy bien dirigida en sus quehaceres”, describió al tiempo que indicó que tiene una reunión pendiente con él.

“De eso va la reunión, de saber hasta dónde va a llegar su toma de decisión…Y eso es lo que estamos procurando, comunicación, porque los funcionarios no son dioses del Olimpo. Aquí se sacó a un gobernador, Ricardo Rosselló, con marchas. Ya los puertorriqueños saben dónde está el camino (Calle) de la Resistencia, que está en el Viejo San Juan. Así que yo espero que a ella (gobernadora), sus asesores, no la asesoren mal”, puntualizó el portavoz de los dominicanos.

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