Puerto Rico: Hispanic Federation teme impacto de pausa del DOE a fondos federales para placas solares bajo programa “Comunidades Resilientes”
La organización cuestionó el cambio de postura de la gobernadora Jenniffer González para alinearse a la de la Administración Trump
Placas solares instaladas en el tejado de una casa en Guaynabo, Puerto Rico. Crédito: Marina Villén | EFE
Nueva York – Charlotte Gossett Navarro, directora de la organización Hispanic Federation en Puerto Rico, dijo que el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) aún no libera los fondos para el programa “Comunidades Resilientes”, para proveer con placas solares a centros de salud y áreas comunes en propiedades de vivienda pública, que se encuentran bajo revisión.
“No se ha resuelto. Ese proyecto estaba bajo lo que se le llama un acuerdo condicionado, que faltaba (completar) un proceso de negociación”, especificó Gossett Navarro en entrevista con El Diario.
Según la activista, parte de lo que complica el escenario es que el DOE no ha explicado claramente las razones para el freno del dinero.
“Sabemos que están bajo revisión, pero no queda claro por qué, y, de hecho, no nos han comunicado por qué están detenidos de nuevo. Entendíamos que iba a empezar la negociación de nuevo, pero no hemos recibido más noticias”, confirmó la portavoz de Hispanic Federation.
“Estamos preocupados de que no hemos recibido más notificación, más noticias sobre el estatus de estos fondos. Estábamos esperanzados de terminar ese proceso de negociación y poder estar implementando el proyecto. Basado en el plan y el timeline original, ya para mayo hubiéramos terminado este proceso (de negociación), y estaríamos empezando todo lo que es la planificación del proyecto para poder implementarlo, pero, lamentablemente, todo eso se ha parado”, continuó.
El año pasado, el DOE, bajo la Administración Biden, anunció $365 millones de dólares para la instalación de sistemas de energía solar en techos y baterías de almacenamiento.
El dinero fue asignado para el programa Comunidades Resilientes, uno de los que se nutre del llamado Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF), aprobado en el Congreso como parte de la Ley Consolidada de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 2023.
El pote de $1,000 millones de PR-ERF asignado al territorio por la Legislatura en Washington D.C. también se usaría para financiar el programa “Acceso Solar”.
Ambas iniciativas iban dirigidas a beneficiar con energía solar distribuida a poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.
En el caso de Acceso Solar, la expectativa del Gobierno era alcanzar a 30,000 familias en la isla con sistemas fotovoltaicos. Este dinero, Gossett Navarro indicó que también había sido frenado, pero se empezó a liberar en febrero.
En cuanto a “Comunidades Resilientes”, los equipos armarían con estos sistemas a instalaciones de salud comunitarias, así como áreas comunes ubicadas en propiedades de vivienda pública y privadas multifamiliares subsidiadas.
Baja este último esfuerzo, se habían separado unos $58.3 millones para Hispanic Federation, luego de que la organización hiciera una solicitud para el proyecto “Enhancing Energy Resilience in Puerto Rico’s Community Healthcare Infrastructure”.
La entidad forma parte de uno de los equipos seleccionados para las negociaciones de adjudicación para la ejecución del programa que ascendía a $175 millones.
En específico, Hispanic Federation participaba de la negociación para la instalación de estos sistemas en clínicas de salud comunitarias, como los llamados Centros de Salud Primario 330.
Los centros 330 son entidades sin fines de lucro y de base comunitaria que proveen cuidado de salud primaria y preventiva a poblaciones de bajos ingresos. Estos centros atienden a individuos sin importar su capacidad de pago. El equipo en el que Hispanic Federation figura como solicitante principal del proyecto lo completan la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., Consejo Renal de Puerto Rico, SolarTek, y la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y Universidad de Puerto Rico – Sustainable Energy Center.
El 28 de agosto del año pasado, la Oficina de Desarrollo del Sistema Eléctrico (Grid Deployment Office, GDO) del DOE publicó un Anuncio de oportunidad de financiamiento (FOA) para el Programa de Comunidades Resilientes.
El 12 de diciembre, GDO notificó los equipos seleccionados para comenzar las negociaciones de adjudicación para la FOA.
Hispanic Federation y las demás entidades mencionadas trabajarían bajo el Área temática 2, y estaban llamadas a coordinar la instalación de sistemas solares y de almacenamiento con baterías en los espacios de salud comunitarios, específicamente, en centros de salud calificados por el gobierno federal, centros de diálisis y centros de diagnóstico y tratamiento.
Se suponía que los grupos tenían hasta el 29 de abril pasado para completar el proceso de negociación sobre los términos del contrato. Sin embargo, el trámite se ha retrasado debido a la pausa impuesta por el DOE bajo la nueva administración de Donald Trump, y su curso final se desconoe.
“Cuando se firma el acuerdo condicionado (conditional agreement) se da un periodo de 120 días para terminar ese proceso de negociación. Eso, mirando el calendario, terminaba a finales de abril…Entendemos que para esa fecha es cuando culminan esos 120 días. Pero, igual, no hemos recibido información y hemos preguntado, pero no hemos recibido respuesta”, explicó Gossett Navarro sobre el estancamiento de la discusión al momento.
Tras la firma del acuerdo condicionado, el proceso de negociación no llegó a iniciar con el Departamento de Energía para poder proceder con el diseño de los sistemas, selección de los centros en los que serían ubicados los equipos y la instalación en sí.
“Así que no queda claro qué eso significa en relación con los 120 días”, precisó.
“En el plan original, íbamos a usar esos 120 días o menos para llegar a acuerdos con el Departamento de Energía sobre todos los detalles, porque uno somete una propuesta, y esto es una subvención que se trabaja mano a mano con la agencia. El plan era terminar ese proceso, firmar el contrato con los acuerdos finales, y con base en esos acuerdos finales con el Departamento de Energía…, nosotros empezar el proceso de planificación”, añadió la representante de la organización.
La entrevistada estimó que, si se hubiera completado la negociación bajo la línea de tiempo inicial, habría tomado más o menos un año empezar la primera instalación.
Sobre la última comunicación con el gobierno local que encabeza Jenniffer González, dijo que el intercambio fue hace más de un mes, y que se les indicó que estaban tratando de proteger los fondos federales para los programas.
Cabe señalar que entidades del gobierno como el Departamento de Vivienda Pública también se encontraban entre los equipos seleccionados pero encaminar las instalaciones, pero en el Área temática 1 para propiedades de viviendas multifamiliares. Para ese fin, se habían otorgado hasta $190 millones.
Gossett Navarro dijo que, del desembolso de los fondos, dependen ciudadanos en las comunidades más necesitadas o que el gobierno federal identificó como de “última milla”.
“Estos fondos desde su inicio, desde que salen del Congreso, fueron creados específicamente para atender a las comunidades más vulnerables. El mismo Congreso determinó que había un problema para las personas en las áreas que ellos le llaman ‘ultima milla’, las personas más pobres en Puerto Rico que no tenían alternativa, y, especialmente, esas personas que dependen de energía para sobrevivir”, destacó la portavoz.
Cuando el DOE diseñó estos programas estableció un mapa digital en el que identificaba cuáles serían las comunidades elegibles y se guió por la herramienta conocida como “Comunidades de Última Milla en Puerto Rico”. “Una Comunidad de Última Milla es un bloque censal que tiene un porcentaje alto de hogares de muy bajos ingresos y sufre cortes de energía frecuentes y prolongados”, detalló la entidad en su página web.
En esa dirección y para el programa Acceso Solar la oficina federal priorizó a los hogares en los que un residente con una condición médica o discapacidad depende de un dispositivo que trabaja con electricidad o baterías.
Para Gossett Navarro, el hecho de que el archipiélago está continuamente expuesto a huracanes y otros fenómenos meteorológicos por su ubicación geográfica hace esencial que se impulsen iniciativas de energía renovable.
“Sabemos el rol que estos centros juegan en las comunidades donde las personas más pobres, que no tienen seguro, que viven lejos de hospitales; ese es el propósito de esos centros 330, y ellos salvan vidas. Son los que aseguran que esas personas puedan mantener sus tratamientos médicos, y por eso para nosotros ha sido una prioridad”, destacó la activista cuya organización ha trabajado en más de 250 proyectos de instalaciones de sistemas solares en Puerto Rico, incluyendo en dichos espacios.
Para insistir en la necesidad de que se liberen los fondos, Gossett Navarro mencionó el caso de una paciente en Cabo Rojo, pueblo al oeste de Puerto Rico, que tuvo que llegar hasta un supermercado Econo para conectar su máquina de terapia respiratoria durante el más reciente apagón masivo en Semana Santa.
“Este programa del Fondo de Resiliencia Energética fue creado para atender eso, para asegurar que (tengan luz) quienes depende de energía para su vida, para sus tratamientos médicos. Esas personas más vulnerables, de bajos ingresos, que no tienen otra manera de pagar eso, esa fue la razón por la que decidimos competir, en particular, para los centros de salud, que era algo que nosotros, desde nuestra experiencia que ya tenemos, instalando esos sistemas en los centros, vimos que funcionan”, insistió sobre la pertinencia de los programas.
Para la boricua, aunque instalar un equipo bajo los programas financiados por DOE puede tardar un año, sigue siendo más rápido que depender enteramente de una red centralizada bajo la que la caída de una línea de transmisión puede dejar a todo el país a oscuras.
“Nosotros (Hispanic Federation) no hemos cambiado de postura, un sistema centralizado deja a Puerto Rico en una posición bien precaria. Nuestra postura no es que no debe haber una red fuerte; en Puerto Rico debe haber una red fuerte. Sin embargo, también debemos tener unos sistemas y una infraestructura más distribuida donde se puede producir esa energía más cerca de donde se usa para que, si se apaga una zona, no se apague todo Puerto Rico, por si se apaga la red, todavía hay otras fuentes de energía”, emplazó la directora de Hispanic Federation en la isla.
“Tú tienes un problema en una línea de transmisión y se apaga Puerto Rico. Si fuera distribuida, eso no ocurre de esa forma. Dentro de eso, hay algunas comunidades que siguen pagando ese precio más que otros en el sentido de que siempre son los últimos en que reconectan. Hay personas dentro de Puerto Rico que pagan eso más que otros, porque hay gente que no es solo que no tengan luz, es que, ‘ya no tengo luz y ahora mi máquina que mantiene mi vida, no funciona’; ‘ahora, las medicinas en mi nevera ya se perdieron’”, puntualizó Gossett Navarro.
El Diario ha intentado comunicarse en varias ocasiones con el DOE para recabar información sobre el tema energético y la crisis en Puerto Rico en general, pero no hemos recibido respuesta.
En declaraciones reseñadas por El Nuevo Día hace casi dos semanas, un portavoz de la agencia confirmó que estaban llevando a cabo una revisión a nivel departamental de todos los procesos de subvenciones para garantizar el pleno cumplimiento de la ley, las órdenes judiciales aplicables y las prioridades de la administración Trump.
Este lunes, en una entrevista con la estación Radio Isla 1320, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Hiram Torres Montalvo, dijo que el gobierno local, a través del Departamento de Justicia, decidió retirar una demanda por $1,000 millones que presentó la pasada administración en contra de empresas petroleras por daños ambientales para alinearse a la política de Trump en pro de los combustibles fósiles.
En ese contexto, el funcionario señaló que el Gobierno no estará abogando por los $365 millones asignados por el Congreso a través del Fondo de Resiliencia Energética.
“La política pública del actual presidente Donald Trump es a favor de la quema de combustibles fósiles, la protección de las petroleras, el regreso a lo que es el ‘fracking’…cónsonos con esa política pública el gobierno de Puerto Rico, en lugar de buscar entrar en controversia con la actual Administración del presidente Donald Trump que como saben tiene una política de recorte de fondos, particularmente con los estados que no se alinean con su política pública, pues la gobernadora tomo esta decisión de que Puerto Rico tenía que estar más alineado con las políticas del presidente para poder asegurarnos que no recibiéramos ningún tipo de recorte o impacto en los fondos de energía”, afirmó Torres Montalvo.
En un comunicado este martes, Hispanic Federation catalogó de preocupante y alarmante la nueva postura de la gobernadora, quien como comisionada residente en Washington D.C. defendió e impulsó el Fondo de Resiliencia Energética.
“Es profundamente preocupante que la gobernadora esté siquiera considerando una posible reasignación de fondos con el Departamento de Energía (DOE), especialmente cuando miles de personas en Puerto Rico están a un apagón de sufrir una situación que les cambiará la vida. Es aún más alarmante que estemos presenciando tal cambio de postura, dado que la gobernadora defendió este programa cuando era comisionada residente y al inicio de su administración este año. Debemos garantizar que las comunidades vulnerables tengan acceso a energía confiable ahora. No hay tiempo que perder”, dijo Frankie Miranda, presidente de la organización.
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