Letitia James obtiene $150 millones de Mercedes-Benz por falsificar estándares de emisiones y engañar a consumidores
La Fiscal General de Nueva York y la coalición bipartidista, empezaron con las averiguaciones en 2020 tras la conclusión de una investigación federal similar
Las pesquisas descubrieron que Mercedes engañó a los consumidores al anunciar los vehículos diésel como "limpios" y "ecológicos" con emisiones ultrabajas. Crédito: Yuki Iwamura | AP
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y una coalición bipartidista de otros 50 fiscales generales anunciaron este lunes un acuerdo de casi $150 millones de dólares con Mercedes-Benz USA, que resuelve las violaciones de las leyes ambientales y de protección al consumidor obtenido del uso por parte de la empresa de un software ilegal para falsificar estándares de emisiones.
Una investigación de varios de estados encabezada por James y otros ocho fiscales generales descubrió que Mercedes equipó cientos de miles de vehículos diésel con software que no se ha dado a conocer, hecho para consumidores y contaminar ilegalmente comunidades en todo Estados Unidos.
El acuerdo dice que Mercedes pagará $149,673,750 de dólares a la coalición, incluyendo más $13.5 millones a Nueva York para combatir la contaminación de la atmósfera terrestre, y dará pagos de $2,000 dólares a propietarios y arrendatarios elegibles cuyos automóviles reciban las reparaciones de emisiones que se necesitan.
Asimismo, la compañía deberá implementar extensas medidas correctivas para prevenir futuras faltas de conducta y cumplir con los estrictos requisitos de supervisión.
“Mercedes prometió a los neoyorquinos autos limpios y ecológicos, pero, en cambio, vendió vehículos que contaminaron nuestro aire y pusieron en riesgo la salud pública”, declaró James.
“Durante casi una década, Mercedes engañó a los reguladores y consumidores mientras sus vehículos emitían emisiones tóxicas a nuestras comunidades. El acuerdo de hoy responsabiliza a Mercedes, destina millones de dólares a proteger el medio ambiente de Nueva York y garantiza que esta compañía nunca más engañe al público sobre sus emisiones”.
La Fiscal General de Nueva York y la coalición mencionada, empezaron con las averiguaciones en 2020 tras la conclusión de una investigación federal similar. Como parte de un comité ejecutivo de nueve estados, la Fiscalía General (OAG) verificó más de 350,000 documentos y entrevistó a múltiples testigos.
La coalición descubrió que Mercedes instaló un software no revelado en sus vehículos diésel que escondía el verdadero nivel de contaminación que producían. Los dispositivos reducían de manera artificial las emisiones en medio de las pruebas gubernamentales, pero en condiciones normales de conducción, los automóviles emitían niveles mucho más altos de contaminantes nocivos, a veces hasta 30 o 40 veces más del límite legal.
Este software ilegal permitió a Mercedes obtener certificaciones de emisiones para los vehículos que no cumplían con los requisitos.
Las pesquisas descubrieron que Mercedes engañó a los consumidores al anunciar los vehículos diésel como “limpios” y “ecológicos” con emisiones ultrabajas. Mercedes aseguraba brindar “los automóviles diésel más limpios del mundo” y promocionaba la capacidad de sus productos para convertir los contaminantes en “nitrógeno y agua puros y ecológicos”. Pero la realidad, era diferente, los vehículos emitían mucha más contaminación de la permitida y no funcionaban como se anunció y se certificó. Entre 2008 y 2017, Mercedes vendió más de 20,000 vehículos diésel equipados con dicho software, incluyendo más de 19,000 vehículos matriculados en Nueva York.
Como parte del acuerdo, Mercedes pagara inmediatamente $120 millones de dólares a los estados de la coalición, incluyendo $13,530,088 dólares para Nueva York para respaldar las iniciativas de prevención, reducción y mitigación de la contaminación atmosférica. También se suspende temporalmente una multa adicional de $29,673,750 dólares, que se reducirán a $750 dólares por cada vehículo afectado que Mercedes repare, retire del mercado o recompre.
Para fomentar las reparaciones, Mercedes debe dar pagos de $2,000 dólares a los dueños y arrendatarios elegibles, cuyos vehículos reciban una Modificación de Emisiones Aprobada (AEM). Para obtener el pago, los propietarios y arrendatarios de los vehículos afectados deberán presentar un reclamo válido hasta del 30 de septiembre de 2026.
En este sentido, Mercedes debe implementar reformas radicales para evitar futuras infracciones y cumplir con los nuevos requisitos de presentación de informes. La empresa tiene prohibido vender o arrendar vehículos diésel equipados con los dispositivos ilegales para manipular las emisiones, hacer declaraciones engañosas sobre el rendimiento de las emisiones de un vehículo y asegurar que un automóvil diésel es limpio o de baja contaminación a menos que la afirmación sea precisa y esté fundamentada.
Mercedes debe cumplir además con los requisitos impuestos anteriormente en tribunales federales. La compañía debe informar periódicamente a los reguladores estatales qué vehículos han sido reparados o retirados de la circulación y podría enfrentar sanciones adicionales de acuerdo con su cumplimiento.
A James se le unen en este acuerdo, codirigido con los fiscales generales de Alabama, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur y Texas, los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Colorado, Florida, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
El asunto fue operado por la Fiscal General Adjunta Ashley M. Gregor, el ex Fiscal General Adjunto Gavin McCabe y la Subdirectora de la Oficina de Protección Ambiental, Lisa M. Burianek, así como por el Fiscal General Adjunto Noah H. Popp, de la Oficina de Protección y Fraude al Consumidor.
La Oficina de Protección Ambiental está dirigida por el Jefe de la Oficina, Lemuel Srolovic, y forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Principal, Meghan Faux. La Oficina de Protección contra Fraudes al Consumidor está dirigida por la Jefa de la Oficina, Jane M. Azia, y la Subjefa de la Oficina, Laura J. Levine, y forma parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Fiscal General Adjunto Principal, Chris D’Angelo. Tanto la División de Justicia Económica como la División de Justicia Social están supervisadas por la Fiscal General Adjunta Primera, Jennifer Levy.
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