Corte Suprema mantiene el bloqueo del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
El máximo tribunal desestimó una solicitud de emergencia presentada por la administración republicana para anular el fallo de la jueza April Perry
La Corte Suprema tardó más de dos meses en pronunciarse sobre el pedido del gobierno. Crédito: Erin Hooley | AP
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes permitir que el gobierno del presidente Donald Trump despliegue tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su ofensiva contra la migración.
Con esta decisión, se mantiene en vigor una orden judicial que frenó la medida.
El máximo tribunal desestimó una solicitud de emergencia presentada por la administración republicana para anular el fallo de la jueza federal de distrito April Perry, quien había bloqueado el uso de fuerzas de la Guardia Nacional en la ciudad.
Previamente, un tribunal de apelaciones también se negó a intervenir en el caso.
La Corte Suprema tardó más de dos meses en pronunciarse sobre el pedido del gobierno de Donald Trump.
Aunque la decisión no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del litigio, sí podría tener impacto en otras demandas que cuestionan los intentos de Trump de recurrir a fuerzas militares para respaldar operativos migratorios en ciudades gobernadas por demócratas, señaló AP.
El resultado representa un revés para Trump ante la Corte Suprema, un tribunal que le había concedido múltiples victorias en apelaciones de emergencia desde que regresó a la presidencia en enero.
La Casa Blanca había pedido originalmente autorización judicial para movilizar efectivos de la Guardia Nacional tanto de Illinois como de Texas. Sin embargo, el contingente texano —conformado por unos 200 soldados— fue retirado posteriormente de Chicago y enviado de regreso a su estado de origen, incluso antes de que el litigio quedara resuelto.
El gobierno defendió la iniciativa al sostener que la presencia militar era indispensable para resguardar instalaciones y empleados federales frente a lo que describió como una resistencia violenta a la aplicación de las leyes migratorias.
No obstante, reseñó la agencia de noticias, la jueza federal April Perry concluyó que el Ejecutivo no presentó pruebas convincentes de que existiera una amenaza real de insurrección en Illinois ni indicios de que las manifestaciones hubieran interferido de manera significativa con las operaciones migratorias impulsadas por la administración.
Perry, indicó la agencia de noticias, había impuesto en un primer momento una suspensión temporal del despliegue por dos semanas, pero en octubre decidió prorrogar la medida de forma indefinida mientras el caso era examinado por la Corte Suprema.
Las protestas más tensas se han concentrado en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ubicadas en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago. En casos anteriores, agentes federales recurrieron al uso de gases lacrimógenos y otros químicos para dispersar tanto a manifestantes como a periodistas.
La semana pasada, las autoridades locales detuvieron a 21 personas durante nuevas protestas frente al complejo de Broadview y reportaron que cuatro agentes resultaron heridos en los incidentes.
Una batalla legal en casi todo el país
El litigio en Illinois forma parte de una serie de disputas judiciales que se desarrollan en distintos puntos del país por el uso de la Guardia Nacional en tareas de seguridad interna.
En Washington, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó una demanda para frenar el despliegue de más de 2,000 efectivos. En ese proceso, 45 estados se han pronunciado ante un tribunal federal: 23 apoyan la posición del gobierno y 22 respaldan la acción legal del fiscal capitalino.
Pese a que la emergencia criminal declarada por Trump en agosto expiró un mes después, más de 2,200 soldados provenientes de estados gobernados por republicanos continúan desplegados en la capital federal.
En la costa oeste, un juez federal de Oregón ordenó el bloqueo permanente del envío de tropas de la Guardia Nacional, lo que derivó en el retiro de unos 200 soldados de California que se encontraban en ese estado, según informó un funcionario citado por AP.
En Tennessee, un tribunal estatal falló a favor de autoridades demócratas que demandaron para frenar el despliegue en Memphis, una ciudad que Trump presentó como parte de una estrategia similar a la aplicada en Washington.
California también registró un revés para el gobierno federal, cuando en septiembre un juez determinó que el despliegue en el área de Los Ángeles era ilegal. Para ese momento, solo permanecían unos 300 soldados de los miles que habían sido enviados inicialmente, y la orden judicial no exigió su retiro inmediato.
La administración Trump ha recurrido los fallos adversos de California y Oregón ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
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