¿Qué pasó con la investigación de la CPI por los crímenes de lesa humanidad en la Venezuela de Maduro?
Desde hace más de una década se documentan patrones de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y persecución política
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero. Crédito: Cristian Hernández | AP
Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero por presunto narcoterrorismo, enfrentaba ya una compleja investigación en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad ocurridos mientras gobernó en Venezuela. Durante años La Haya avanzó, aunque muy lentamente, en un expediente que recoge miles de denuncias sobre un patrón sistemático de abusos desde el poder.
Desde hace más de una década, organizaciones nacionales e internacionales como provea, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y misiones de las Naciones Unidas documentaron patrones reiterados de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y persecución política contra opositores y manifestantes.
Y desde febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar para determinar si existían bases razonables para creer que esos hechos constituían crímenes de lesa humanidad, una categoría jurídica que no se refiere a abusos aislados, sino a ataques generalizados o sistemáticos contra civiles.
Ese proceso dio un paso decisivo en noviembre de 2021, cuando el entonces nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció desde Caracas que el tribunal pasaba a una investigación formal. Eso significó que La Haya consideró que ya había suficiente material para buscar responsabilidades penales individuales, aunque todavía sin emitir cargos.
El caso venezolano no surgió solo por denuncias de organizaciones no gubernamentales. En septiembre de 2018, seis países —Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— pidieron formalmente a la corte que investigara a Venezuela, algo poco común en el sistema internacional.
A esto se sumaron informes de la ONU que describieron el funcionamiento de cadenas de mando, centros de tortura y estructuras represivas, y más de 2,000 testimonios de víctimas y familiares que fueron entregados directamente a la Fiscalía de la CPI como parte del proceso de evaluación.
El volumen de documentación llevó al tribunal a concluir que no se trataba de excesos individuales, sino de una política de Estado.
Fatou Bensouda, la base del expediente
Antes de Karim Khan, la fiscal Fatou Bensouda condujo durante años el examen preliminar y su oficina concluyó que había una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017 el Estado venezolano había cometido crímenes de lesa humanidad.
Bensouda no identificó aún a los responsables concretos, pero dejó un expediente técnico sólido que permitió a su sucesor avanzar hacia la investigación formal.
Cuando Karim Khan asumió como fiscal en 2021, decidió avanzar en el caso y para ello viajó a Caracas, donde se reunió con Nicolás Maduro y firmó un memorando de entendimiento con el régimen socialista, que prometía cooperación.
Tras esa visita, anunció la apertura de la investigación formal, conocida como Venezuela I. Sin embargo, desde el inicio el régimen buscó usar el diálogo para frenar el proceso, mientras la Corte Penal Internacional insistía en que la justicia venezolana no estaba procesando los crímenes estructurales.
En 2023, Venezuela pidió que la CPI suspendiera la investigación, alegando que su sistema judicial estaba actuando. Pero los jueces del tribunal concluyeron que los procesos internos eran limitados, selectivos y centrados en funcionarios de bajo nivel, sin tocar la estructura criminal que podría implicar a la cúpula del poder.
El régimen respondió con una ofensiva política y jurídica, negando la existencia de crímenes de lesa humanidad y acusando a la CPI de injerencia. Pero el tribunal internacional sostuvo que el patrón de abusos documentado justificaba plenamente su competencia.
En agosto del año pasado, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ordenó que Karim Khan se apartara del expediente de Venezuela tras revelarse que su cuñada trabajaba con el equipo legal del régimen de Maduro. Además, contra el fiscal surgió una denuncia por presunto acoso sexual que agravó su situación.
Aunque Khan negó conflicto alguno, el tribunal concluyó que la apariencia de parcialidad era suficiente para comprometer la integridad del proceso. Desde entonces, la investigación pasó a manos del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.
La CPI aclaró que esto no paralizó ni anuló la investigación, que continuó con la recolección de pruebas y análisis de responsabilidades.
Como parte del intento de cooperación, la CPI abrió una oficina del fiscal en Caracas, pero a finales de 2025 fue cerrada por falta de avances reales y por la ausencia de colaboración efectiva del Estado venezolano.
Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia interpretaron el cierre como una confirmación de que el régimen no tenía voluntad de investigar a los responsables.
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