(Entrevista en video) Autor de propuesta proindependencia de Puerto Rico sometida a Tom McClintock: “EE.UU. tiene una obligación”

NUEVA YORK – Manuel Rivera, el abogado que redactó un borrador de proyecto de ley proindependencia de Puerto Rico y lo refirió a la oficina del congresista republicano Tom McClintock para evaluación, defendió el contenido del mismo bajo el argumento de que el Congreso, por tener control sobre el territorio, debe proveer y transferir los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico.

“Cuando tuve la reunión con el congresista, él me dijo que iba a preparar un proyecto de ley y me lo iba a entregar para ver lo que yo pensaba.Yo decidí adelantarme. En estas Navidades decidí preparar el proyecto para hacérselo más fácil, y ahí él decide si quiere presentar el proyecto tal como se lo entregué o quiere hacerle algún tipo de modificaciones, porque él tiene que hablar con otras personas. Básicamente, es un proyecto proindependencia. Recientemente,la oficina del congresista reveló que están estudiando el proyecto que se le presentó y está bajo revisión”, confirmó Rivera a El Diario, al tiempo que destacó que viene estudiando el tema desde el 1989, aproximadamente.

En entrevista exclusiva con este periódico, el también presidente de Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), organización de la diáspora con sede en Washington D.C., explicó que la potencial medida dispone para una transición en Puerto Rico en un periodo máximo de 60 días luego de que el territorio obtenga su soberanía.

“Es una cuestión simple; no es complicada como lo quieren hacer ver los políticos. Es simple: tú haces una ley que transfiere esos poderes soberanos a Puerto Rico. Dentro del proyecto de ley hay una sección…para que haya un periodo de transición de 30 a 60 días para presentar una Constitución que va a regir el país soberano. Lo que pasa es que nosotros ya hemos estado en un proceso de transición por 127 años. No necesitamos ni cinco, ni 10, ni 15 años. Entre 30 a 60 días, tenemos ya la Constitución, tenemos las instituciones del Gobierno, tenemos una Asamblea Legislativa, o sea, que no estamos empezando desde cero”, destacó Rivera.

Rivera reveló que, como parte del seguimiento que hace del asunto, mantiene reuniones esta semana en Puerto Rico con partes interesadas.

A pesar de que la oficina del representante de California no ha hablado de fechas para la introducción de la medida, el activista dijo que espera que ocurra antes de que acabe este mes en vista de la amenaza de que republicanos y demócratas no lleguen a un acuerdo sobre una medida para financiar el Gobierno o una nueva resolución provisional que evite un nuevo cierre federal.

“Yo espero que la presente antes del 30 de enero, porque van a tratar de cerrar el Gobierno. Entonces, no queremos caer en lo que nos pasó la última vez, que cerraron el Gobierno, los congresistas se fueron y no pudimos hacer nuestro trabajo. Pero, si logramos presentar un proyecto de ley antes del 30, antes que los demócratas vayan a cerrar el Gobierno y empiece esa pelea, pues ya ahí nosotros tenemos la oportunidad de ir con el proyecto de ley. Eso lo estamos trabajando” argumentó.

A preguntas de qué otros legisladores están apoyando la propuesta al momento, dijo que se reservaría los nombres, “porque si no consigo esos votos, entonces voy a quedar mal”.

“Pero, sí, estamos trabajando para incluir personas adicionales, congresistas adicionales que pudieran apoyar el proyecto de ley que pudiera presentar el congresista McClintock, que se expresó con gran interés de que quería hacer eso. También vamos a hablar con los demócratas”, aseguró.

El entrevistado reconoció que la cercanía de las elecciones de medio término en noviembre próximo podría complicar el panorama y estancar los esfuerzos en pro de la legislación.

“Eso pudiera complicar el panorama, pero si podemos conseguir congresistas que tengan consciencia, entonces podemos avanzar este proyecto, y yo espero que congresistas como Nydia Velázquez, (Alexandria) Ocasio Cortez que apoyen el proyecto sin enmiendas…”, emplazó.

Al profundizar en el alcance de la propuesta, Rivera sostuvo que no es viable una consulta plebiscitaria como las varias realizadas en la isla y en las que en la mayoría ha prevalecido la estadidad, ya que bajo el Tratado de París, en el que España cedió a Puerto Rico a Estados Unidos en el 1898, es el Congreso el ente que tiene la potestad de disponer de la isla como territorio.

“No es una consulta, porque ese es el problema, la obligación que tienen los EE.UU. y el Congreso, porque bajo el Tratado de París el Congreso de EE.UU. tiene la potestad de disponer de sus territorios en ultramar, y la obligación de ellos, de acuerdo con la ley internacional, es transferirle los poderes al pueblo de Puerto Rico para que nosotros nos podamos expresar libremente”, recalcó.

En cuanto al manejo de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en caso de que se le dé paso a la propuesta proindependencia, dijo que se continuarían las conversaciones con bonistas y se le pagaría el monto acordado de deuda en coordinación con organismos como el Banco Mundial.

“Una de las cuestiones que se va a hacer es que vamos a hablar con los bonistas, le vamos a garantizar que se va a pagar la deuda completa de lo que se haya transado y acordado. Vamos a tener una reunión con representantes del Banco Mundial y de otras organizaciones que puedan facilitar ese financiamiento en términos razonables para cubrir la deuda y empezar de ahí”, indicó sobre el organismo creado por el Congreso en el 2016 para administrar las finanzas del territorio y liderar los procesos de restructuración de deuda del gobierno de Puerto Rico.

“También hay un proceso de transición de los programas federales existentes. Las personas no van a perder los derechos, que son el Seguro Social, (pagos de la Administración de) veteranos”, continuó.

“Pero eso es para los que ya lo tienen, bajo un Puerto Rico soberano, no”, replicó El Diario.

“Bueno si hay alguien que trabaja para alguna empresa norteamericana que paga Seguro Social, esas personas pueden coger el Seguro Social, porque hay personas en el exterior que no son ni ciudadanos norteamericanos y podrían obtener un beneficio de Seguro Social si se lo cobran, porque no se lo pueden cobrar y no dárselo”, respondió.

“¿Quiénes participaron directamente en la creación de ese borrador de proyecto de ley y hasta qué punto ustedes recabaron el apoyo o la orientación de ciudadanos comunes y corrientes en Puerto Rico que quizás no estén tan familiarizados con el tema?, ¿qué usted hizo en esa dirección?”, indagó este medio.

“Yo redacté el proyecto. Ahora, no lo redacté a ciegas. Yo tomé en consideración diferentes propuestas de organizaciones puertorriqueñas, obviamente de organizaciones que creen en la soberanía, en términos de lo económico, procesal, etc. Revisé todos los proyectos proindependencia que se presentaron antes de 1952 y los proyectos de ley que se presentaron después del 1952 que no fueron proindependencia, excepto un proyecto que presentó en su último término justo antes que se retirara el congresista Luis Gutiérrez. De todos esos proyectos, yo tomé las cuestiones que yo entendía que eran las más apropiadas para estar en un proyecto de ley proindependencia”, mencionó.

La estadidad y los plebiscitos criollos

“Un puertorriqueño estadista que simplemente no crea en la independencia, ¿cómo estaría representado en la iniciativa que usted está impulsando?, ¿cómo se garantiza la inclusión de esas personas en el proyecto?”, cuestionó este rotativo.

 “Esta es la cuestión: todo el mundo va a tener participación, estadistas, libre asocianistas. Todo el mundo en Puerto Rico tiene que tener participación en este proceso de transición o en este cuerpo de transición. Lo que sí es que el proceso no se puede parar, porque, número uno, EE.UU. tiene una obligación, y eso lo tienen que empezar a entender los puertorriqueños, de entregarle los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico; nosotros no tenemos derecho a una estadidad; nosotros no tenemos un derecho a una libre asociación. El único derecho que los puertorriqueños tienen es la independencia”, expuso.

“Pero hay muchos que creen en la estadidad y el argumento de muchos del Partido Nuevo Progresista (PNP)…es que la mayoría de los puertorriqueños están a favor de la estadidad y que ha sido probado en cuatro plebiscitos en 12 años”, planteó este medio.

“La estadidad ha ganado hasta con el 95% de los votos en Puerto Rico…No es porque lo digo yo, eso lo dicen los estadistas, y ellos han venido a Washington a reclamar la estadidad con el 95% del voto en plebiscitos que han creado ellos mismos allí y no se la han concedido ni ha avanzado un proyecto de estadidad en el Congreso en absoluto, así que, cuánto más claro pueden hablar los norteamericanos que no quieren concederle la estadidad a los puertorriqueños”, sostuvo el líder independentista.

Rivera argumentó que el apoyo de algunos líderes del Partido Demócrata a la estadidad se debe a la posibilidad de que la colectividad aumente sus escaños en el Congreso si la isla fuera anexada.

“Ahora el Partido Demócrata se ha aliado con los estadistas, no porque nos quieren a nosotros, sino porque es una oportunidad que le ofrece a ellos de acaparar cuatro (escaños), dos en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes, y en su plataforma política aceptaron la estadidad. Recientemente, el presidente del Partido Demócrata (Ken Martin) dijo lo mismo”, afirmó.

“Eso no retrasa, por ejemplo, lo que ustedes quieren hacer (con el proyecto proindependencia)?, porque si vemos un Partido Demócrata en el que su presidente está diciendo que apoya la estadidad. ¿Eso no les complica a ustedes el panorama?”, preguntó este medio.

“Ellos dicen eso, pero ellos nunca han presentado un proyecto estadidad en sí. Ahora, yo creo que si los demócratas ganan van a tratar de impulsar la estadidad porque les conviene en este momento a ellos y Puerto Rico sería un estado demócrata como Nueva York…Pero la estadidad no es un derecho, ni la libre asociación, ni el Estado Libre Asociado (ELA). El único derecho que nosotros tenemos es a la independencia y es lo que estamos reclamando. Ahora, hay que estar claro, una vez que nosotros obtengamos esos poderes soberanos, los puertorriqueños se pueden convocar, y, una vez que se convoquen, decir, (que quieren) la estadidad, se la pueden presentar al Congreso, y ahí el Congreso decide si le quieren conceder la estadidad o si se quieren sentar 20 a 25 años para decidir si le van a conceder la estadidad a Puerto Rico o no, pero no vamos a estar bajo una colonia, vamos a ser independientes”, reflexionó.

Previo a las elecciones generales del 2025,el Partido Demócrata aprobó en su plataforma de gobierno un lenguaje en respaldo al “Puerto Rico Status Act” (Ley de Estatus de Puerto Rico), medida que dispone para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación. La primera versión del proyecto fue aprobada en el pleno de la Cámara de Representantes federal en diciembre de 2022.  En octubre pasado, Ken Martin, presidente de DNC, se pronunció a favor de la anexión de Puerto Rico en el podcast “At Our Table” cuando manifestó que el Senado de EE.UU. debe acabar con la regla del filibusterismo que requiere de 60 votos para adelantar medidas.

Con respecto a la segunda edición en marzo de la cumbre proestadidad en la Capital federal anunciada la semana pasada por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, Rivera dijo que no le quita el sueño.

“Yo le digo a la gobernadora que se tire de cabeza que el río está llanito; que se tire y haga lo que ella tenga que hacer. Eso ningún independentista, ni yo ni nadie, puede parar lo que ellos quieren hacer en Washington. Ellos pueden venir a Washington todas las veces que ellos quieran, que lo han hecho. Yo me pongo contento cuando ellos vienen a Washington, porque de esa forma los congresistas se dan cuenta de cómo es Puerto Rico y cómo son los puertorriqueños, y ellos pueden ver que nosotros somos una nación. Así que a mí no me molesta en nada; me pongo contento cuando ellos vienen a Washington a reclamar la estadidad. Que se tiren que el río está llanito”, repitió.

Transición y fondos federales

“Aquí hay una realidad y es que, cuando los puertorriqueños piensan en la reducción de fondos federales en tal agencia, gritan, hay temor, y el temor es válido, en el sentido de que Puerto Rico tiene una dependencia tremenda de fondos federales, y, para poder avanzar en esta coyuntura en la que nos encontramos, necesita fondos federales. ¿Cómo ustedes van a convencer a personas que están dependiendo de programas federales para subsistir en Puerto Rico de que este tipo de ‘proyecto’ los va a beneficiar?”, cuestionamos.

“Hay una dependencia de los fondos federales en Puerto Rico, y, obviamente, en ese proceso de transición tienen que haber unas ayudas federales, pero no es un periodo de transición que nos quedemos 10 años, cinco años con eso, eso hay que reemplazarlo, y reemplazarlo con algo mejor que los fondos federales. En términos de lo que los puertorriqueños decidan, los puertorriqueños tienen que entender que no es lo que ellos decidan, es lo que decida el Congreso acá, porque ellos son los que tienen el poder. Nosotros no tenemos el poder…Cuando los norteamericanos llegaron a la isla en el 1898 ellos no le preguntaron a nadie que hicieran un plebiscito para ver si se quedaban o no; ellos se quedaron y cambiaron todo. Desde ese momento, hubo una transición y nosotros hemos estado en un periodo de transición de 127 años…”, manifestó.

A juicio de Rivera, con soberanía, aumentaría la inversión en la isla, lo que ayudaría al crecimiento económico a largo plazo.

“Obviamente, bajo la independencia, la calidad de vida de los puertorriqueños podría mejorar, porque vamos a traer no solamente puertorriqueños que viven en la diáspora que pueden invertir en Puerto Rico, que tienen mucho dinero, porque tenemos puertorriqueños en EE.UU. que tienen mucho dinero… Y eso es lo que necesitamos, tener inversiones de diferentes sectores, incluyendo de otros países, que puedan llegar a Puerto Rico, crear empleos y que la población crezca, porque actualmente lo que tenemos son $30,000 millones en ingresos. Eso hay que aumentarlo paulatinamente a $35, a $40, a $50,000 millones de ingresos al país. Eso sería suficiente para cubrir los gastos y proveer y reemplazar los programas federales que entran a Puerto Rico”, apostó.

A la pregunta sobre por qué no optar por una Asamblea de Estatus, como apoyan incluso varios líderes independentistas y el partido como institución, para resolver el dilema colonia, contestó: “Esos procesos se hacen. Lo que pasa es que la gente está buscando aquí que sea el Congreso que apruebe esos procedimientos para atar al Congreso a los resultados, y el Congreso no se quiere atar a los resultados, porque la mayoría del Congreso piensa que van a votar por la estadidad. Así que tenemos que salirnos de ese marco territorial en el que vivimos; esa es la colonia. Una vez que tengamos los poderes soberanos o seamos independientes, nos podemos autodeterminar y hacer todos esos procesos”.

Por otro lado, Rivera dijo que no ve impedimento en que, bajo un Puerto Rico independiente, la isla continúe sirviendo de activo militar estratégico de EE.UU. como está ocurriendo al momento en medio del conflicto entre el país norteamericano y Venezuela.

“Con la relación que hemos tenido con EE.UU. por los últimos 127 años, si ellos necesitan una base militar, se la van a conceder. Eso no cabe en mi mente de que va a haber un presidente en Puerto Rico que le va a decir a EE.UU., ‘no, ustedes no pueden aquí poner bases militares’. A diferencia de ahora, que ellos no le piden permiso a nadie, ellos entran allí como si fuera a su casa. Obviamente, si ellos necesitan una base, yo no sé si necesitarán una base en el futuro o no, pero, si necesitan una base, pues van a haber unas concesiones y nos vamos a beneficiar de eso, como lo ha hecho República Dominicana, Granada y muchas de esas islitas…Porque sería una relación de amistad y esa relación hay que conservarla”, estimó.

Este lunes, el excandidato a la gobernación por la “Alianza de País” en las pasadas elecciones y líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, se desvinculó de los esfuerzos para impulsar la legislación, a pesar de que el presidente del PIP en la diáspora participó en una reunión con McClintock en la que estaban Rivera y otros activistas.

En el intercambio con este medio, el presidente de PUA dijo que artífices de la iniciativa llamada “Plan B”, que impulsa la independencia por decreto, le proveyeron “mucha información” que pudo utilizar para redactar el proyecto. También mantuvo comunicación con integrantes del MINH (Movimiento Independentista Nacional Hostosiano).

“Nosotros tenemos el respaldo rotundo y contundente del movimiento independentista, y por lo tanto, nosotros no le vamos a denegar a ninguna otra persona que no haya sido independentista a que sea parte del proceso de transición…eso es lo que garantizamos”,

Qué dice el borrador de proyecto de ley proindependencia

El borrador indica que la “Ley de Independencia de Puerto Rico” busca “poner fin al estatus territorial de Puerto Rico, reconocer la independencia y soberanía de Puerto Rico, y establecer una transición ordenada hacia la independencia”.

Según el texto de la propuesta suministrada a El Diario, el Congreso posee autoridad constitucional, en virtud del Artículo IV, sección 3, cláusula 2 de la Constitución, para “poner fin al estatus territorial y transferir los poderes soberanos sobre Puerto Rico a su pueblo mediante un acto legislativo”.

“Una transición a la independencia definida, ordenada y con un plazo determinado, acompañada de acuerdos económicos e institucionales, es necesaria para completar la descolonización de Puerto Rico de manera coherente con los principios democráticos, la autoridad constitucional y el derecho internacional”, lee otra parte.

En el escrito se argumenta que el Congreso ejerció sus facultades en virtud de la Cláusula Territorial, a partir de 1917, para otorgar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico.

Sin embargo, a nivel cultural y social, Puerto Rico posee los atributos que se asocian con una nación, “incluyendo un pueblo distintivo, una experiencia histórica compartida, idioma, cultura, símbolos nacionales y una identidad nacional bien desarrollada que existe independientemente de su estatus territorial”.

El escrito resalta que esa identidad nacional que se extiende a la diáspora se refleja en eventos como el desfile puertorriqueño en Nueva York.

En el borrador, también se menciona que Puerto Rico mantiene representación nacional independiente en competiciones internacionales, incluyendo los concursos de belleza y eventos olímpicos. Lo anterior, demuestra, según exponen los independentistas en su propuesta de ley, que “Puerto Rico posee la cohesión social, la capacidad institucional y la identidad nacional necesarias para ejercer la autodeterminación soberana como nación independiente”.

El texto contrasta lo anterior con el hecho de que varias decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. confirman que Puerto Rico sigue siendo un territorio no soberano sujeto al control del Congreso.

En el caso Estados Unidos vs. Vaello-Madero, de 2022, por ejemplo, el máximo foro dictaminó que el Congreso no está constitucionalmente obligado a proporcionar beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los residentes de Puerto Rico, especifica el documento.

El borrador también menciona que, en el caso del 2023 de la Junta de Control Fiscal vs. Centro de Periodismo Investigativo, la referida corte confirmó el control de Congreso sobre las finanzas de Puerto Rico a través de la imposición del ente federal.

El texto afirma que la anexión de Puerto Rico a EE.UU. es incompatible con el Tratado de París de 1898, bajo el que España cedió a la isla al país norteamericano, y que la Constitución federal le confiere al presidente la autoridad para rescindir tratados.

“El Congreso constata que, mediante la rescisión del Tratado de París o una acción legislativa, podría iniciar un proceso de autodeterminación, que permitiría al pueblo de Puerto Rico determinar su futuro político”, detalla la propuesta de proyecto de ley.

Añade el documento que, tras la rescisión, el Congreso renunciaría a su autoridad sobre Puerto Rico, “lo que permitiría a Puerto Rico negociar acuerdos con EE.UU., incluidos tratados o asociaciones financieras, sin depender de fondos federales”.

Bajo la sección titulada “Conclusiones constitucionales relacionadas con la ciudadanía”, se plantea que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico la mantendrían a menos que, voluntariamente, renuncien a la misma.

“La preservación de la ciudadanía estadounidense para las personas que adquirieron dicha ciudadanía por ley, y la protección contra la pérdida involuntaria de la nacionalidad, son compatibles con las garantías constitucionales, los principios del derecho internacional y la práctica legislativa de larga data del Congreso en transiciones anteriores a la independencia”, expone el encasillado.

Tras la fecha de entrada en vigor de la independencia, “la condición de ciudadanía de cada persona nacida en Puerto Rico será la de ciudadano de Puerto Rico, según lo determine la Constitución y las leyes de la nación de Puerto Rico”.

“El Congreso constata y declara que nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará en el sentido de prohibir, restringir o desalentar la posesión de doble ciudadanía o doble nacionalidad por parte de cualquier persona que sea ciudadana de Puerto Rico y ciudadana o nacional de los EE.UU., en la medida en que lo permitan las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos”, lee otra sección.

En cuanto al proceso de transición, se establece que, “tras la aprobación del Congreso, Puerto Rico iniciará un período de transición de treinta (30) días, que no podrá exceder de sesenta (60) días”.

“El período de transición tendrá como único propósito preparar a Puerto Rico para la plena independencia y no constituirá un arreglo territorial permanente”, señala la propuesta que examina la oficina de McClintock.

Durante ese periodo, los programas federales aplicables a Puerto Rico en la fecha de entrada en vigor de la ley continuarán, o según lo extienda el Congreso después de dicho período, y se eliminarán gradualmente de acuerdo con un calendario negociado.

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