¿Qué dice el memo “secreto” de ICE para que agentes entren a la fuerza y sin orden judicial a viviendas privadas?
El proceder de las autoridades estaría en violación de la Constitución federal que protege a las personas de registros e incautaciones injustificadas
Agentes federales de inmigración miran a través de la ventana de una casa en Maplewood, Minnesota. Crédito: Yuki Iwamura | AP
NUEVA YORK – Un memo “secreto” que recientemente fue divulgado por un informante reveló la política del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que ordena a sus agentes a entrar a la fuerza a domicilios privados con órdenes administrativas y no judiciales.
De acuerdo con el documento que congresistas le suministraron al delator y que fue revisado por Associated Press, los oficiales de ICE están procediendo de manera discrecional, lo que pone en cuestionamiento los límites constitucionales en las intervenciones migratorias.
La Constitución de Estados Unidos protege a las personas de registros e incautaciones injustificadas.
Además, establece que debe existir causa probable en los operativos de las fuerzas del orden, incluidos los que realizan agencias como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La causa probable exige a los agentes identificar hechos y circunstancias objetivas, no simples sospechas, de que se pudo haber cometido un delito o que existen pruebas en un lugar antes de realizar registros, incautaciones y arrestos.
Para entrar legalmente a una vivienda privada, agentes deben presentar una orden de cateo o registro firmada por un juez, salvo en mínimas excepciones. Lo anterior está amparado en el derecho a la intimidad
La nueva política estaría atentando contra ese marco legal. La información que maneja la agencia de noticias apunta a que los efectivos de ICE podrían utilizar la fuerza para entrar en una residencia con base únicamente en una orden administrativa en casos de personas con orden final de expulsión o deportación.
El memo surge en medio de cuestionamientos sobre el proceder abusivo de agentes migratorios en ciudades como Minneapolis, Minnesota.
El informe aclara que no hay datos de hasta qué punto ha sido ejecutada la directriz como parte de operativos para aplicar la ley migratoria. Tampoco hay datos disponibles sobre cómo la decisión fue tomada ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.
Dos clientes anónimos de WhistleblowerAid.org fueron los que inicialmente se presentaron ante el Senado de Estados Unidos con pruebas de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había autorizado y capacitado, a agentes de ICE para que entraran por la fuerza en domicilios sin orden judicial ni el consentimiento de sus habitantes.
Según un comunicado en la página web de la organización, que brinda asistencia legal gratuita tanto a empleados del sector público como del privado que denuncian conductas ilícitas, el memorando confidencial fue emitido por el director interino de ICE, Todd Lyons, el 12 de mayo de 2025.
El texto faculta a los agentes de ICE a entrar de manera forzada a viviendas para arrestar a inmigrantes con base en una orden administrativa conocida como I-205 si los objetivos tienen una orden definitiva de expulsión emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un juez de distrito o magistrado.
El memo especifica que los agentes deben llamar primero a la puerta, identificarse e informar la razón por la que están en la residencia. El documento establece que los oficiales pueden entrar después de las 6 a. m. y antes de las 10 p.m. La directriz señala que las personas en el interior de la vivienda deben tener una “oportunidad razonable de actuar legalmente”, pero en caso de que no accedan al llamado de las autoridades, los oficiales pueden usar la fuerza para ingresar.
“Si el extranjero se niega a permitir la entrada, los agentes y oficiales de ICE solo deben usar la fuerza necesaria y razonable para entrar en la residencia del extranjero, tras notificar debidamente la autoridad del agente o oficial y su intención de entrar”, lee el memorando, de acuerdo con el reporte de AP.
La reseña de la agencia de noticias añade que, aunque el documento está dirigido a todo el personal de ICE, solo ha sido mostrado a “determinados funcionarios del DHS”, los que lo compartieron con algunos empleados a los que se les pidió que lo leyeran y lo devolvieran.
Uno de los informantes pudo ver el memorando en presencia de un supervisor antes de devolverlo. Posteriormente, la fuente pudo acceder nuevamente al documento y pasárselo legalmente a funcionarios del Congreso.
La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró a AP que en estos casos en los que el departamento procede con orden administrativa, las personas ya han tenido todas las garantías procesales y una orden definitiva de expulsión.
La portavoz del DHS argumentó que, en estas instancias, los agentes también han encontrado motivos fundados para la detención.
Sin abundar, McLaughlin planteó que la Corte Suprema y el Congreso han “reconocido la idoneidad de las órdenes administrativas en los casos de aplicación de la ley de inmigración”.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y el debido proceso de ley han tronado contra la nueva norma del DHS.
Por ejemplo, FWD.us indicó, mediante un comunicado, que se trata de una “política flagrantemente ilegal e inconstitucional”.
“Hoy (miércoles), un memorando secreto de ICE, filtrado por un informante, reveló una política flagrantemente ilegal e inconstitucional que ordena a los agentes de ICE entrar en domicilios privados sin una orden judicial. Esto constituye una violación masiva del debido proceso, la privacidad y los derechos constitucionales por parte de las fuerzas del orden”, consideró el presidente de FWD.us, Todd Schulte.
Schutle argumentó que la Constitución aplica tanto a inmigrantes como a ciudadanos.
“Lo primero que hay que hacer cuando uno está en un aprieto es dejar de empeorar la situación. En este caso, eso significa no votar a favor de aumentar aún más la financiación para más camas en los centros de detención de ICE, que albergarán precisamente a las personas arrestadas en estas redadas domiciliarias claramente ilegales e inconstitucionales, realizadas sin orden judicial”, puntualizó el portavoz de la entidad enfocada en justicia penal e inmigración.
El arresto, el 11 de enero, de Garrison Gibson en Minneapolis es un claro reflejo de detenciones como las que se hace referencia en el memo.
Un juez federal en Minnesota ordenó la liberación del hombre, de origen liberiano y de 37 años, cuatro días después de que agentes de inmigración fuertemente armados irrumpieran en su casa con una ariete y lo arrestaran.
El juez Jeffrey Bryan determinó que los agentes violaron los derechos constitucionales de Gibson contra registros e incautaciones ilegales
Contra Gibson, que huyó de la guerra civil liberiana cuando era niño, pesaba una orden de expulsión debido a una condena por drogas de 2008 que posteriormente fue desestimada por los tribunales. El hombre permaneció legalmente en el país bajo lo que se conoce como una orden de supervisión y debía cumplir con el requisito de presentarse periódicamente ante las autoridades migratorias.
En otro caso reportado el pasado domingo, ChongLy Scott Thao fue sacado a la fuerza de su casa en St. Paul en medio de temperaturas congelantes y sin camisa, a pesar de su pedido a los agentes para que le permitieran cubrirse.
Los agentes prácticamente derribaron la puerta principal de su casa con sus armas desenfundadas. Thao, de 56 años, cuenta con ciudadanía estadounidense. Al hombre, originario de Hmong, lo arrestaron sin orden judicial porque su perfil coincidía con la descripción de uno de los objetivos de los agentes. Luego de interrogarlo por una hora, lo liberaron, según relató a Sahan Journal.
En ambas instancias, habían menores en las residencias al momento de las intervenciones.
Diferencias entre orden judicial y administrativa
De acuerdo con Inmigration National Law Center (NILC), existen dos tipos de órdenes, que son documentos oficiales emitidos por un tribunal o una agencia gubernamental para que agentes de las fuerzas del orden realicen ciertas acciones, como registrar un espacio privado o arrestar a una persona.
Una es la orden judicial. Este documento debe ser emitido por un tribunal y firmado por un juez (no uno de migración) o un magistrado. Una orden judicial le permite agentes arrestar a una persona, tomar posesión de algo o registrar algo o a alguien. “Para obtener este tipo de orden, dichos agentes deben demostrarle al juez que tienen una ‘causa probable’, es decir, una creencia razonable, de que ocurrió un delito”, detalla la información.
La orden administrativa o de inmigración es un documento emitido por una agencia federal, que puede ser ICE o CBP.
Estas órdenes son firmadas por un oficial de inmigración u otro funcionario federal.
“Una orden administrativa no permite a los oficiales entrar a lugares privados, como una vivienda. Sin embargo, les puede permitir arrestar a una persona en lugares públicos o privados si se les da permiso para entrar”, especifican desde NILC.
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