Jueces amenazan al Departamento de Justicia por desacato en casos migratorios

Cerca de dos docenas de casos derivados de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota, los jueces federales designados por demócratas y republicanos tuvieron que utilizar términos como “desacato” e “incumplimiento” para llamar la atención del gobierno para que responda a las órdenes judiciales.

Hasta el momento, ningún juez del Distrito de Minnesota parece haber declarado a ningún funcionario de la agencia ni a ningún jurista del Departamento de Justicia (DOJ) por desacato civil, ni haber impuesto sanciones en casos vinculados con la Operación Metro Surge. No obstante, la cantidad de amenazas es considerable.

Gran parte de las amenazas de castigo han surgido en casos en los que los jueces concluyeron que un inmigrante fue detenido de manera ilegal y debería ser liberado.

Otros problemas de cumplimiento surgieron cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) libera a un extranjero con ciertas condiciones a las que no estaba sujeto antes de su captura, lo que enfurece a un juez que no autorizó la imposición de tales restricciones.

“Esto claramente es insostenible”, declaró la jueza Laura Provinzino, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, a un alto fiscal del gobierno a finales de enero. “No puedo seguir permitiendo que (los fiscales federales) violen órdenes tan importantes… Si alguien debe ser liberado, tiene que serlo”.

Los probables castigos resaltan la tensión latente entre el poder judicial federal, que ha tenido que manejar decenas de casos presentados por inmigrantes que afirman haber sido detenidos ilegalmente en las últimas semanas, y los abogados defensores de la operación de la administración republicana, que por lo general tienen poca comprensión de las acciones de sus clientes de la agencia o la capacidad de mantenerse suficientemente al día con el ritmo acelerado de los litigios.

Habitualmente, un juez es quien ordena al gobierno que “demuestre causa”, o explique, por qué el tribunal no debería declarar en desacato a abogados o funcionarios de la agencia. No obstante, en diferentes casos, los abogados que representan a inmigrantes afectados por la ofensiva policial pidieron al juez que imponga sanciones cuando se han presentado problemas de cumplimiento.

“Es muy poco común que funcionarios del gobierno federal se enfrenten a sanciones por desacato en los tribunales”, dijo David Cole, profesor de Derecho de Georgetown y director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Sin embargo, se ha vuelto casi rutinario bajo esta administración”.

Las amenazas de desacato buscan “presionar al gobierno para que cumpla la orden judicial”, explicó Cole. “Una vez que la cumplan, el propósito de esas sanciones se desvanece”.

Por otro lado, aunque algunas de las amenazas de castigo todavía se ciernen sobre el gobierno, caso tras caso, el tema se ha diluido luego de que los abogados del DOJ en la primera línea de la Operación Metro Surge de Trump rectificaran los problemas identificados por el tribunal.

Natalie Baldassarre, vocera del DOJ, insistió en que la administración “está cumpliendo con las órdenes judiciales” y atacó a los jueces que cuestionaron las acciones del gobierno republicano en Minnesota, informó CNN.

“Si los jueces corruptos cumplieran la ley al resolver los casos y respetaran la obligación del gobierno de prepararlos adecuadamente, no habría una carga abrumadora de casos de habeas corpus ni preocupación por el cumplimiento de las órdenes por parte del DHS”, señaló. “El nivel de inmigrantes ilegales actualmente detenidos es resultado directo de las sólidas políticas de seguridad fronteriza de este gobierno para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

Amenazar para corregir errores

En enero, más de 400 casos fueron presentados en Minnesota por inmigrantes detenidos durante la Operación Metro Surge. Los casos destacados por el juez principal del tribunal federal estatal, quien recriminó al gobierno por violar casi 100 edictos judiciales.

“Es casi seguro que el alcance del incumplimiento del ICE se subestima considerablemente”, escribió recientemente el juez Patrick Schiltz en una orden desdeñosa que incluía una lista de 74 casos en los que sus colegas en el tribunal habían descubierto violaciones. “Es probable que el ICE haya violado más órdenes judiciales en enero de 2026 que algunas agencias federales en toda su existencia“.

El problema quedó evidenciado la semana pasada cuando Julie Le, una de las abogadas a cargo de la ascendente carga de casos de la administración, se desahogó con un juez federal en St. Paul afirmando que es como sacarse los dientes para que las agencias corrijan los errores cometidos en algunos casos.

“Para arreglar un sistema, un sistema roto, no tengo un botón mágico para hacerlo. No tengo el poder ni la voz para hacerlo”, manifestó Le. “Solo puedo hacerlo con la habilidad y la capacidad que tengo”.

El juez federal de distrito Jerry Blackwell, designado por Biden, llevó a Le y a uno de sus colegas a los tribunales para explicar por qué no deberían ser declarados culpables de desacato por repetidas violaciones de órdenes judiciales en un puñado de casos.

“La detención continua no es legal simplemente porque el cumplimiento de las órdenes de liberación es administrativamente difícil o porque una operación se ha expandido más allá de la capacidad del gobierno para ejecutarla legalmente“, indicó Blackwell a los dos abogados.

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