10 organizaciones de NYC piden desestimar demanda de Administración Trump contra ciudades santuario
Presentaron un escrito en apoyo a moción para desestimar recurso incoado por el Departamento de Justicia (DOJ) por violaciones a la Constitución
Vista de Manhattan, en NYC. Crédito: Julia Nikhinson | AP
NUEVA YORK – Diez organizaciones presentaron un escrito en apoyo a la moción de la Ciudad de Nueva York que busca desestimar una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para impugnar las políticas de ciudad santuario, que prohíben a las autoridades locales cooperar con las federales en las acciones de control migratorio.
“La ciudad de Nueva York tiene tres millones de residentes inmigrantes. Mediante esta demanda, el gobierno federal busca reducir una estructura municipal diseñada para beneficiar a toda la población de la ciudad, incluidos estos tres millones, a un simple engranaje de su maquinaria de deportación. Los amigos de la corte se oponen a este intento. Por las razones expuestas en este escrito y las razones expuestas en la moción de desestimación de la ciudad, el tribunal debería conceder la moción de desestimación y desestimar la demanda”, lee el escrito sometido esta semana ante la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Un escrito de amicus curiae (amigo de la corte) es un documento legal que presentan a una corte personas u organizaciones que no están directamente involucradas en un caso, pero que quieren brindar información relacionada con el mismo o su postura al respecto.
En este caso se unieron al amicus Legal Aid Society, The Bronx Defenders, New York Legal Assistance Group (NYLAG), UnLocal Inc., LatinoJustice PRLDEF, Immigrant Defense Project, New York County Defender Services, Brooklyn Defender Services, Neighborhood Defender Services of Harlem y Make The Road New York.
El centro del argumento de los grupos es que la Administración Trump forzaría a oficiales de la ciudad a violar la Constitución, convertiría los servicios municipales en un mecanismo de recopilación de información con fines de control migratorio e impediría el acceso de millones de neoyorquinos a servicios municipales críticos.
“Dado que la Décima Enmienda protege el derecho de la Ciudad de Nueva York a garantizar que sus recursos limitados no se utilicen para estos fines, la faculta para decidir la mejor manera de servir a sus residentes e impide que el gobierno federal obligue a la ciudad a actuar como su instrumento, este tribunal debería rechazar las reclamaciones del gobierno federal”, emplaza el texto que fue enviado a El Diario.
Eliminar dichas protecciones, plantean las organizaciones, disuadiría a los inmigrantes de interactuar con funcionarios y agencias de la ciudad por temor a que su estatus migratorio sea compartido con las autoridades federales de inmigración.
Las entidades recordaron que las leyes santuario que aplican en la ciudad de NY buscan garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, tengan acceso a servicios gubernamentales esenciales.
Estas medidas también persiguen mejorar la seguridad pública al garantizar que las personas participen activamente en el proceso penal sin medio a represalias de las autoridades locales o a ser expuesto a la detención y a la deportación.
El recurso judicial afirma que la Décima Enmienda de la Constitución protege el derecho de la ciudad de NY a promulgar leyes santuario y a negarse a participar en la agenda de deportación del gobierno federal.
“En virtud de su ‘soberanía inviolable’, el gobierno local de la ciudad de Nueva York se reserva el derecho de promulgar sus leyes y políticas de santuario en ejercicio de su ‘poder de policía’, ‘el derecho soberano del gobierno a proteger la vida, la salud, la moral, la comodidad y el bienestar general del pueblo… (‘El poder de policía tradicional de los estados se define como la autoridad para velar por la salud, la seguridad y la moral públicas’). Para lograr su objetivo de promover el acceso a los servicios e instituciones locales, la Ciudad ha promulgado una política general que impide el uso de sus recursos para la aplicación de las leyes de inmigración”, especifica el amicus.
Los grupos indican además que el gobierno de la ciudad también ha delineado cuidadosamente las condiciones bajo las que sus agencias y oficiales de aplicación de la ley, correccionales y de libertad condicional pueden honrar las detenciones federales migratorias al requerir, “en consonancia con la Cuarta Enmienda y la ley del estado de Nueva York, una orden judicial para arrestar o retener a alguien más allá de su fecha de liberación e impedir la divulgación de información no pública sobre la liberación de un individuo a menos que el individuo haya sido previamente condenado por un delito violento o grave o aparezca en la base de datos federal de detección de terroristas”.
Los opositores a la demanda de la Administración Trump resaltan que gracias a las leyes santuario, los migrantes pueden ejercer su derecho a la liberación previa al juicio y beneficiarse de alternativas a las sentencias de cárcel sin temor a ser transferidos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según el documento judicial, las autoridades municipales tienen el derecho de negarse a colaborar con las acciones “ilegales” de control migratorio federal.
“La queja del gobierno federal se basa en una concepción vacía de los derechos de los estados, que contradice fundamentalmente las garantías de la Décima Enmienda. En su opinión, se exige un cumplimiento absoluto de las medidas de control migratorio. Esta perspectiva es errónea. La ciudad de Nueva York tiene derecho a negarse a colaborar con las medidas de control migratorio. Las leyes de santuario expresan la negativa legítima de la Ciudad a ayudar con la aplicación de las leyes de inmigración”, insisten las entidades.
A juicio de los activistas, la postura de las autoridades NYC resulta aún más pertinente, ya que la Administración ha aplicado medidas de control migratorio a gran escala, “a menudo de forma ilegal, violenta e injustificadamente cruel”.
“Tribunales federales de todo el país han reprendido a la Administración Trump por ignorar la Cuarta Enmienda y los requisitos legales que limitan la capacidad de las autoridades de inmigración para realizar arrestos sin orden judicial”, señala el escrito de amigo de la corte.
El texto además hace referencia a las limitaciones que impone la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).
“El gobierno federal no puede obligar a la policía local, ni a las agencias penitenciarias y de libertad condicional a cumplir sus órdenes. Las disposiciones de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) sobre colaboración no autorizan a las entidades o funcionarios locales a tomar medidas que la ley estatal prohíbe”, precisa el escrito.
Los amigos de la corte además señalaron que la constante violación del debido proceso de ley por parte de oficiales federales, a pesar de la jurisprudencia de la Corte Suprema, también demuestra la necesidad de mantener políticas de este tipo.
En esa dirección, mencionaron la deportación masiva de migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. “La Administración Trump ha reivindicado su derecho a ‘encarcelar a residentes de este país en prisiones extranjeras sin el debido proceso que constituye el fundamento de nuestro orden constitucional’y ha afirmado que no puede hacer nada para lograr el retorno de los residentes”, cuestiona el documento de 37 páginas.
Paula García Salazar, abogada de la Unidad de Litigios Especiales de The Legal Aid Society, consideró que el intento del presidente Donald Trump y su equipo de invalidar las políticas santuario para favorecer la agenda de deportación masiva de la Administración es una “peligrosa” extralimitación.
“Las leyes santuario de la ciudad son el resultado de décadas de toma de decisiones democráticas, e instamos al tribunal a que conceda la moción de la ciudad para desestimar esta demanda infundada. Seguiremos apoyando a las diversas comunidades inmigrantes de la ciudad de Nueva York y luchando para garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder de forma segura a las agencias y servicios a los que tienen derecho por ley”, indicó García Salazar a través del comunicado en el que se anunció el amicus.
Para Rex Chen, asesor supervisor para los derechos de los inmigrantes de LatinoJustice PRLDEF, la demanda del Departamento de Justicia pone en peligro la seguridad pública de todos los neoyorquinos.
“Intenta obligar a las ciudades a asumir la labor de control migratorio del gobierno federal. Intenta invalidar nuestra conclusión local experta de que las leyes santuario nos brindan mayor seguridad al permitir que las personas visiten al médico, obtengan vivienda, envíen a sus hijos a la escuela y denuncien abusos sin temor a la deportación. El tribunal debería rechazar esta demanda y proteger el derecho de la ciudad a mantener seguros a todos los neoyorquinos”, afirmó Chen.
Por su parte, Yasmine Farhang, directora ejecutiva del Proyecto de Defensa del Inmigrante, expuso que las leyes santuario son necesarias para garantizar la protección de los derechos de todos los neoyorquinos y la asignación equitativa de recursos.
“Al igual que miles de neoyorquinos defienden a sus vecinos a diario, nos enorgullece apoyar a nuestros aliados en la lucha en los tribunales para exigir la desestimación de esta demanda infundada. Es hora de que nuestra ciudad y todas las ciudades se comprometan aún más a defender firmemente las leyes santuario y a negarse a permitir la agenda de deportación masiva del gobierno federal”, emplazó la portavoz.
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