Presentan proyecto de ley en el Congreso para acabar con la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico
El representante demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi, y el de Florida, Darren Soto, introdujeron ‘‘Puerto Rican People’s Power Restoration Act’’
El representante demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi, presentó una medida para la terminación de la Junta en Puerto Rico. Crédito: AP y PRCC | Cortesía
NUEVA YORK – A prácticamente 10 años de la imposición por parte del gobierno de Estados Unidos de la Junta de Supervisión y Administración Financiera en Puerto Rico (FOMBPR), representantes demócratas presentaron una legislación para la salida de ese organismo del territorio.
La entidad, conocida popularmente como la Junta, fue creada de manera bipartidista en el Congreso a través de la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) que promulgó el expresidente Barack Obama.
Este jueves, el representante demócrata de Illinois, Raja Krishnamoorthi, y el de Florida, Darren Soto, introdujeron ‘‘Puerto Rican People’s Power Restoration Act of 2026’’ o “Ley de Restauración de los Poderes del Pueblo Puertorriqueño de 2026”.
La medida enmienda la ley PROMESA para la terminación de las operaciones de la Junta en Puerto Rico o para ponerle fecha a su salida.
El organismo federal administra las finanzas del territorio desde el 2016, luego de que el gobierno de Puerto Rico entrara en quiebra. Algunas de sus funciones son renegociar la deuda pública y certificar los planes fiscales y presupuestos gubernamentales. Según la disposiciones vigentes de la ley, para que la Junta deje de operar en Puerto Rico, se debe reestructurar la totalidad de su deuda pública, confirmar cuatro presupuestos balanceados consecutivos y reinsertar a la isla a los mercados de capital.
Varios sectores opuestos a la presencia de la Junta en Puerto Rico llevan años pidiendo que sea abolida, por los planes de austeridad que ha impuesto y que afectan a poblaciones vulnerables, y por ser reflejo del poder colonial en el territorio. Contra la Junta también ha habido cuestionamientos por el exorbitante gasto en firmas de consultorías que ascienden a $2,000 millones en estos casi 10 años de funcionamiento, según un análisis de la organización Espacios Abiertos.
De acuerdo con los impulsores de la pieza legislativa, con el pretexto de permitir que Puerto Rico redujera su deuda, el Congreso “exacerbó la dominación colonial estadounidense sobre Puerto Rico al imponer una Junta de Control Fiscal no electa que ha impuesto severas medidas de austeridad, incluyendo un recorte del 50% al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y ha anulado leyes aprobadas por los funcionarios electos de la isla”.
Las partes interesadas argumentaron que la medida garantizaría que el proceso de reestructuración de la deuda en el que todavía se encuentra inmerso Puerto Rico con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúe en un tribunal federal, al tiempo que se elimina la entidad.
La legislación dispone para la finalización de las labores de la Junta después de que la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico promulguen una ley para recuperar los poderes que la entidad fiscal básicamente le arrebató al gobierno local.
Para Krishnamoorthi, la Junta debe dejar de operar en Puerto Rico para restaurar el poder de los boricuas.
“Luego de casi una década, es tiempo de movernos de la supervisión impuesta a un autogobierno responsable. Puerto Rico merece responsabilidad fiscal y merece democracia. Esta legislación restaura el poder a donde pertenece con la gente”, declaró el legislador en la conferencia de prensa para anunciar el proyecto.
“Puerto Rico sigue siendo gobernado críticamente en asuntos fiscales por oficiales que no le responden a la gente”, añadió desde el Capitolio federal.
El demócrata relató que se involucró en los esfuerzos para ponerle freno a la Junta, luego de mantener conversaciones con miembros de la diáspora puertorriqueña en Chicago.
“Yo me involucré en este esfuerzo luego de conversaciones con líderes de la comunidad puertorriqueña en Chicago, incluyendo mi amigo y excolega, el congresista Luis Gutiérrez que ha batallado largamente por dignidad y representación para la gente de Puerto Rico y la urgencia de este asunto solo aumentó el año pasado cuando el presidente Trump abruptamente despidió a cinco miembros de la Junta de Supervisión levantando serias preocupaciones de que la Junta podría ser remodelada para responder a sus intereses políticos y para recompensar a miembros de Wall Street”, expuso el congresista.
En el intercambio con los medios ayer se encontraban representantes de la coalición Power 4 Puerto Rico; Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores; Fidel Cordovés, presidente de la Federación de Trabajadores de la Empresa Privada; Juan Calderón, subdirector ejecutivo de “Juan Antonio Corretjer Puerto Rican Cultural Center” (PRCC); la concejal de St. Louis, Missouri, Daniela Velázquez; el director ejecutivo de Alianza for Progress, Marcos Vilar y Gutiérrez.
Erica González, directora ejecutiva de Power 4 Puerto Rico, organización que cabildeó a favor del proyecto, cuestionó los gastos de los miembros del organismo para consultoría a costa del bolsillo de los boricuas.
“La Junta ha gastado $2,000 millones de dólares por consultores en unos 8 años cuando el Congreso proyectó $380 millones en 10 años. Esto lo paga nuestra gente y se hace a espaldas de ellos. Este es el nivel de audacia de una Junta no transparente que no debería estar recibiendo ningún apoyo. Y por eso es que la introducción de esta medida es profundamente importante”, señaló la activista.
Velázquez destacó la necesidad de que, tanto republicanos como demócratas, se movilicen para aprobar el proyecto.
“Para muchos en la isla, esa Junta representa una de las más claras expresiones de poder colonial en nuestro tiempo. Esto no es sobre demócratas o republicanos, esto se trata de democracia. Es tiempo para que el Congreso acabe con la Junta de Control Fiscal y le devuelva el poder a la gente de Puerto Rico”, emplazó.
Nieves y Cordovés argumentaron que la mayoría de las uniones de Puerto Rico rechazan a la Junta y las medidas que ha tomado en contra de los trabajadores.
“La Junta ha negado los derechos laborales a empleados tanto del sector privado como del público. Incluso ha anulado leyes aprobadas por nuestra legislatura electa y firmadas por el gobernador para restaurar las protecciones y beneficios laborales que se lograron con esfuerzo durante años de organización laboral en Puerto Rico. Vinimos aquí con el congresista Gutiérrez para exigir el fin de la junta fiscal. Gracias a todos por dar este importante paso para asegurarnos de que lo logremos”, mencionaron los líderes sindicales.
Gutiérrez catalogó al organismo como un “trágico capítulo” en la relación entre EE.UU. y Puerto Rico.
“Hoy les decimos a los buitres, a los bonistas, a los consultores sobrevalorados y a quienes creen saber gobernar nuestra isla mejor que sus funcionarios electos: ¡Basta ya! ¡Ya basta! Me enorgulleció votar en contra de PROMESA y, 10 años después de ese triste día, me enorgullece unirme a mis antiguos colegas para dar este enorme paso y poner fin a este trágico capítulo en la relación colonial de Puerto Rico con EE.UU.”, afirmó.
Calderón destacó que las acciones del organismo en el archipiélago han llevado a mayor migración de boricuas a ciudades como Chicago.
“Tras 10 años de esta junta fiscal impuesta colonialmente, tenemos menos democracia, menos desarrollo económico y menos derechos laborales gracias a esta junta de Wall Street que ha agravado la emigración, incluso aquí en Chicago”, declaró el portavoz de PRCC.
El texto del H.R.7833 establece que la Junta “se extinguirá al día siguiente de la fecha de promulgación de la legislación por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en o después de la fecha de la promulgación de este inciso, que designe o establezca una entidad sucesora para dicha Junta”.
Bajo la sección titulada “Sustitución del representante del deudor”, se especifica que, “a partir de la fecha de promulgación de la legislación aplicable por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que designe o establezca una entidad según se describe en la sección 209(b), la AEE de Puerto Rico, su junta directiva u otra entidad sucesora, según se especifique en dicha legislación, será el representante de la deuda o para todos los casos iniciados bajo este título en o después de dicha fecha de promulgación”.
La legislación además señala que “profesionales, asesores y abogados contratados por la Junta de Supervisión antes de la fecha de promulgación de dicha legislación serán contratados por el representante sustituido”.
Actualmente, la Junta está operando con cuatro miembros, luego de que Trump en agosto pasado despidiera a seis de los integrantes bajo alegatos de despilfarro de dinero y poca efectividad.
Tres de estos tuvieron que ser restituidos en sus puestos a raíz de una decisión del tribunal federal en Puerto Rico que declaró ilegal e injustificados los despidos.
Arthur J. González, presidente; Andrew G. Biggs, John E. Nixon y Betty A. Rosa componen la Junta al momento.
La miembro ex officio es la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón.
El equipo ejecutivo lo conforman Robert F. Mujica Jr., Jaime A. El Koury y José R. Pérez-Riera.
Parte de la discusión que rodeó la destitución de los integrantes de la Junta se centró en la supuesta intención de la Administración Trump de ubicar como sustitutos a financieros vinculados a los intereses de Wall Street o a los bonistas “buitres” en el caso por la deuda de la AEE.
En una entrevista el mes pasado con El Diario, González confirmó que su organización había mantenido reuniones con varios congresistas, incluyendo Soto.
La nuyorican añadió que parte central de la discusión fue la necesidad de que la Junta fuera abolida.
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