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EE.UU. amplía restricciones a créditos para pequeñas empresas y limita acceso a migrantes

Con el nuevo aviso de política, la restricción también se aplicará a los programas de microcréditos y de fianzas para pequeñas empresas

EE.UU. amplía restricciones a créditos para pequeñas empresas y limita acceso a migrantes

SBA dijo que priorizará a los ciudadanos estadounidenses. Crédito: Shutterstock

La Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) anunció este lunes la ampliación de las restricciones para acceder a sus programas de financiamiento, con una nueva política que garantizará préstamos solo a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que vivan en el país, limitando así a los migrantes.

Kelly Loeffler, administradora de la SBA, indicó que la medida extiende una decisión adoptada el mes pasado que ya había excluido a empresas con propietarios extranjeros de los principales programas de crédito de la agencia, conocidos como 7(a) y 504.

“El mes pasado, dejamos claro que la SBA no permitiría a los extranjeros acceder a nuestros programas principales de préstamos para pequeñas empresas, y hoy ampliamos esa política para incluir todos los préstamos garantizados por la SBA”, declaró la funcionaria citada en un comunicado de prensa.

Con el nuevo aviso de política, la restricción también se aplicará a los programas de microcréditos y de fianzas para pequeñas empresas.

“Con nuestra autoridad crediticia limitada por el Congreso y ante una demanda récord de capital, el financiamiento de la SBA debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses que están creando empresas y generando empleos en el país”, señaló Loeffler.

¿Cuáles son las nuevas normas de la SBA?

Según la agencia, la nueva norma establece que los propietarios que soliciten préstamos respaldados por la SBA deberán ser ciudadanos estadounidenses, nacionales del país o residentes permanentes legales (titulares de green card) cuya residencia principal esté en Estados Unidos.

Un aviso procedimental de la SBA que actualiza sus reglas internas de financiamiento indica que todos los propietarios directos o indirectos de una empresa solicitante deben cumplir con esos requisitos migratorios y de residencia, además de que las entidades empresariales deben estar constituidas dentro de Estados Unidos o sus territorios.

Las normas también obligan a los prestamistas a certificar que ninguno de los propietarios o garantes del préstamo es considerado una “persona no elegible”, categoría que incluye, entre otros casos, a migrantes indocumentados, solicitantes de asilo, refugiados, personas con visas temporales o beneficiarios del programa DACA.

Asimismo, las empresas creadas fuera de Estados Unidos o aquellas vinculadas a individuos incluidos en listas de sanciones federales tampoco podrán recibir financiamiento de la agencia.

 No obstante, la normativa contempla una excepción limitada: los extranjeros que residan fuera de Estados Unidos podrán tener hasta un 5% de participación en una empresa solicitante, siempre que el resto de los propietarios cumpla con los requisitos de ciudadanía o residencia permanente.

La política entrará en vigor 30 días después de su publicación.

La SBA argumentó que la decisión busca garantizar que los recursos disponibles beneficien principalmente a empresas estadounidenses en un contexto de alta demanda de capital.

Según datos de la agencia, en el año fiscal 2025 se aprobaron 3,358 préstamos para pequeñas empresas con participación de residentes permanentes legales, lo que representó cerca del 4% de los aproximadamente 85,000 créditos concedidos ese año.

La administración Trump sostiene que las nuevas restricciones forman parte de su agenda económica orientada a impulsar la creación de empleo en Estados Unidos y fortalecer a las empresas locales.

El año pasado, la SBA comenzó a aplicar verificaciones de ciudadanía en todos sus programas de préstamos para impedir que migrantes indocumentados accedieran a financiamiento respaldado por el gobierno federal.

Además, la institución anunció iniciativas para reubicar algunas oficinas locales fuera de ciudades consideradas “santuario”, que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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