Administración Trump planea ordenar exención a la Ley Jones de transporte marítimo para reducir costos del petróleo
La ley de 1920 determina la manera en que se transportan la mercancías entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico
Foto de archivo de una lancha cerca del buque Jones Act Enforcer, en New Bedford, Massachusetts. Crédito: Charles Krupa | AP
NUEVA YORK – La Administración Trump contempla ordenar una exención a la “Ley Jones” o Ley de la Marina Mercante como medida para atajar temporalmente el aumento en el costo del petróleo y sus derivados, así como de otros productos, como resultado del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
“En aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando suspender la Ley Jones por un periodo limitado de tiempo para garantizar que los productos energéticos vitales y los suministros agrícolas esenciales fluyan libremente hacia los puertos de EE. UU.”, dijo a CBS Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ayer. La portavoz añadió que la medida aún no se había concretado.
Con la acción, el gobierno federal busca flexibilizar las normas de transporte marítimo.
La Ley Jones de 1920 estableció que el transporte de mercancías que se envían entre puertos estadounidenses y territorios como Puerto Rico debe hacerse en buques construidos, abanderados y tripulados en EE.UU. La ley se aprobó inicialmente para reforzar la seguridad nacional y proteger la industria marítima tras la Primera Guerra Mundial.
Los opositores a la Ley de la Marina Mercante sostienen que la misma tiene el efecto de aumentar los costos por transporte y operaciones.
En Puerto Rico, donde se importa más del 80% de los productos, varios sectores han planteado que el estatuto tiene un efecto negativo en cadena que se traduce en aumentos en los costos a los consumidores.
Según el informe de la cadena, la suspensión de la norma o la dispensa haría más fácil que embarcaciones extranjeras transporten combustible entre puertos estadounidenses, lo que contribuiría a menos interrupciones en el suministro, y, por ende, a costos menos elevados.
La última vez que el gobierno de EE.UU. autorizó una exención en la aplicación de la ley fue en el 2022, precisamente, en el contexto del huracán Fiona en Puerto Rico bajo la Administración Biden.
En ese momento, Alejandro N. Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional (DHS), aprobó la exención temporal a solicitud del gobernador de la isla, Pedro Pierluisi.
El fin de la medida era que buques de bandera extranjera provenientes de EE.UU. pudieran transportar combustible al territorio para responder más efectiva y oportunamente a la emergencia y a la falta de electricidad.
“En respuesta a las necesidades urgentes e inmediatas del pueblo puertorriqueño tras el huracán Fiona, he aprobado una exención temporal y específica de la Ley Jones para garantizar que los habitantes de Puerto Rico cuenten con suficiente diésel para el funcionamiento de los generadores necesarios para la electricidad y las instalaciones críticas durante su recuperación. La decisión de aprobar la exención se tomó en consulta con los Departamentos de Transporte, Energía y Defensa para evaluar la justificación de la solicitud y con base en las aportaciones del Gobernador de Puerto Rico y otras personas que apoyan las labores de recuperación sobre el terreno”, lee un comunicado del DHS del 28 de septiembre del referido año.
Mayorkas añadió que la Ley Jones era “fundamental para mantener la fortaleza de la industria naval y marítima estadounidense”.
“Cuando no se dispone de buques con bandera estadounidense para satisfacer las necesidades de defensa nacional, el Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar una exención de la Ley Jones si los envíos propuestos son de interés para la defensa nacional y tras una evaluación exhaustiva del asunto”, argumentó el entonces secretario.
El parte de prensa además recordó que, en el 2020, el Congreso eliminó la facultad del gobierno federal para emitir exenciones del estatuto a largo plazo, excepto en los casos en los que se requiera una exención para “abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares”.
Partes interesadas, incluyendo líderes del Congreso, han cuestionado la aplicación de la ley bajo argumentos de que no se ajusta a los tiempos y pone en riesgo la vida de ciudadanos en territorios como Puerto Rico en escenarios de eventos naturales.
La congresista de origen boricua Nydia Velázquez llegó a presentar, el 30 de septiembre de 2022, la Ley de Recuperación de Puerto Rico (Puerto Rico Recovery Act), para exigirle al DHS eximir del estatuto a las embarcaciones u operadores que demuestren su intención de brindar ayuda humanitaria a Puerto Rico. Las exenciones habrían sido válidas por un año o hasta que finalice la Declaración de Desastre Mayor para Puerto Rico, lo que ocurra primero. El proyecto hermano en el Senado fue introducido por Mike Lee, republicano de Utah.
“En demasiadas ocasiones, la Ley Jones ha obstaculizado los esfuerzos de recuperación en ciertas zonas de EE.UU. devastadas por desastres naturales”, declaró la representante de Nueva York en aquel entonces.
“Tras el huracán María, vimos las consecuencias que la Ley Jones tuvo en Puerto Rico, por lo que presenté un proyecto de ley que le impondría una moratoria de cinco años. Lamentablemente, estamos presenciando otro doloroso recordatorio de cómo obstaculiza una pronta recuperación, luego de que el huracán Fiona devastara la isla la semana pasada. Por ello, me uno al senador Mike Lee para presentar la Ley de Recuperación de Puerto Rico, que otorgará una exención de un año de ciertas restricciones de la Ley Jones a los buques que transporten ayuda humanitaria a Puerto Rico para las zonas afectadas por el huracán Fiona”, añadió.
En respuesta al inminente plan de Trump para una nueva dispensa, la Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que se mantenían atentos.
“El gobierno de Puerto Rico se mantiene atento a cualquier determinación que pueda tomar el gobierno federal en relación con la Ley Jones”, declaró el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jean Peña Payano, a EL VOCERO.
El funcionario añadió que la prioridad del Gobierno es monitorear el funcionamiento de los mercados energéticos “para proteger a los consumidores y asegurar la estabilidad en el suministro de bienes esenciales”.
En un comunicado este jueves, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), informó que los precios del petróleo crudo habían superado la barrera de los $100 dólares por barril en múltiples ocasiones durante los últimos días. “Para ayudar a contrarrestar el alza de los precios, Estados Unidos anunció que liberará 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas a lo largo de cuatro meses. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Agencia Internacional de la Energía para liberar un total de 400 millones de barriles de petróleo, lo que constituye la mayor liberación de emergencia de su historia”, indicaron desde la AAA.
El Departamento del Tesoro federal anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, hasta el 11 de abril, como medida para atajar el aumento en costos.
El secretario del Teosoro, Scott Bessent, indicó por la red social X que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.
