Casi 200 organizaciones en Puerto Rico y EE.UU. piden al DOE restituir $350 millones en fondos federales para placas solares

NUEVA YORK – Casi 200 organizaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos enviaron esta semana una carta al Departamento de Energía federal (DOE) para pedir la restitución inmediata de las partidas del Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) para paneles solares en hogares de personas con discapacidades y/o bajos ingresos en el archipiélago.

La misiva, encabezada por Hispanic Federation, también fue remitida a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aliada de la Administración Trump.

El escrito con fecha del 14 de abril inicia con la mención a una carta previa (2022) que firmaron más de 100 organizaciones para solicitarle al Congreso la aprobación de los fondos para sistemas solares con baterías de almacenamiento.

“Las personas con discapacidad se ven desproporcionadamente afectadas por la pérdida de energía causada por desastres recurrentes. Personas con discapacidad resultaron heridas y posiblemente fallecieron porque no contaban con electricidad para mantener medicamentos refrigerados o electricidad para mantener ventiladores y otros equipos vitales operando, esto se ha observado recientemente durante y después de los huracanes Fiona y María”, señalan los suscribientes en referencia a los esfuerzos en Washington D.C. liderados por representantes como el fallecido demócrata Raúl Grijalva.

Como resultado de los trámites, el Congreso autorizó y asignó $1,000 millones de dólares al PR-ERF mediante la Ley de Asignaciones Consolidadas del Año Fiscal 2023. Los activistas argumentan en el documento que el lenguaje final de la ley dejó claro que el dinero debía “priorizar las necesidades únicas de resiliencia energética de las personas de bajos ingresos, particularmente aquellas con impedimentos”.

“Por esta razón, muchas organizaciones locales dirigidas por personas con impedimentos y organizaciones de apoyo participaron en el proceso comunitario del Departamento de Energía (DOE) para diseñar la implementación del PR-ERF y asegurar que el plan respondiera a las necesidades de la comunidad con discapacidades. Algunas de estas organizaciones también sirvieron como Embajadoras Solares para ayudar a inscribir a los hogares elegibles para recibir sistemas solares y de baterías”, continúan.

Las organizaciones plantean que redirigir los fondos del PR-ERF para la red eléctrica centralizada no atiende las necesidades de resiliencia energética de dichas comunidades.

“Han pasado más de ocho años desde el huracán María y la recuperación de la red eléctrica de Puerto Rico aún está a años de completarse. Las personas electrodependientes no pueden esperar años. Puerto Rico continúa experimentando más interrupciones eléctricas que cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Según la Administración de Información Energética de EE.UU., ‘en promedio, en 2024, los clientes en Puerto Rico estuvieron sin servicio eléctrico por más de 73 horas, de las cuales 43 horas se atribuyeron a eventos mayores como huracanes’. Aun bajo las mejores circunstancias, ninguna red eléctrica puede prevenir todas las interrupciones futuras, especialmente en una zona propensa a huracanes”, exponen sobre las condiciones de la red.

Los líderes alertan que un solo apagón puede representar una amenaza para las vidas de estas personas, muchas de ellas de edad avanzada.

“Se pierden medicamentos, los respiradores se apagan, se interrumpe la diálisis y fallan los dispositivos de comunicación. Proveer sistemas de energía solar en techos y almacenamiento en baterías, junto con una capacitación adecuada sobre su uso, es una solución comprobada para reducir ese riesgo” afirman.

En más de 6,000 hogares se han instalados sistemas fotovoltaicos con las partidas de los programas del PR-ERF. Sin embargo, bajo la Administración del presidente Donald Trump se canceló parte del financiamiento para destinarlo a la red eléctrica.

En otros 12,000 hogares no se completó la instalación de los sistemas bajo el Programa Acceso Solar con el que se buscaba impactar a 30,000.Como parte de la evaluación de elegibilidad para Acceso Solar, el DOE se guió por la herramienta conocida como “Comunidades de Última Milla en Puerto Rico”. Una Comunidad de Última Milla es un bloque censal que tiene un porcentaje alto de hogares de muy bajos ingresos y sufre cortes de energía frecuentes y prolongados.

Además, la oficina federal, bajo la Administración Biden, decidió priorizar a hogares en los que un residente con una condición médica o discapacidad dependía de un dispositivo que trabaja con electricidad o baterías.

La carta concluye con un llamado para que el DOE libere los $350 millones de dólares cancelados en enero pasado.

“Respetuosamente solicitamos que el Departamento de Energía restituya de inmediato los fondos asignados bajo el Programa de Resiliencia Energética de Puerto Rico y permita que los programas continúen según lo previsto”, piden. “También solicitamos que el Gobierno de Puerto Rico se una a nosotros para abogar por la restauración total de las asignaciones del PR-ERF, en defensa de la vida y el bienestar de las miles de familias beneficiarias”, puntualizan.

El llamado de las organizaciones se reporta a dos meses de que inicie la temporada de huracanes en Puerto Rico.

En septiembre pasado, el DOE anunció que reasignaría hasta $365 millones del fondo para abordar la crisis de la red eléctrica de Puerto Rico.

“Estos fondos respaldarán reparaciones sensatas y medidas de emergencia destinadas a reforzar la estabilidad de la red y fortalecer la infraestructura crítica. La Oficina de Despliegue de la Red (GDO) del DOE administrará estos fondos a través de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) para llevar a cabo estas mejoras fundamentales”, indicaron desde el DOE mediante un comunicado en aquel entonces.

“La red eléctrica de Puerto Rico ha padecido años de mantenimiento postergado, mala gestión y tormentas devastadoras, lo que ha dejado a familias y empresas vulnerables ante frecuentes interrupciones del servicio y costos más elevados. En virtud de la Orden Ejecutiva 14156 del presidente Trump, el DOE está redirigiendo recursos para fortalecer la infraestructura crítica y suministrar energía confiable y asequible a las comunidades de todo Puerto Rico”, añadió el parte de prensa de la agencia que dirige Chris Wright.

El Diario ha contactado en varias ocasiones a la oficina de prensa del DOE para indagar sobre este tema, pero no han respondido a la solicitud.

Gabriela Joglar Burrowes, directora ejecutiva del CEVI (Consejo Estatal de Vida Independiente), una de las entidades firmantes, alertó sobre el riesgo de morir que corren varias de las personas cuyos sistemas fueron cancelados.

“Para las personas con discapacidades que dependen de un ventilador, una máquina de diálisis o medicamentos que necesitan refrigeración, los apagones constantes que enfrentamos en Puerto Rico son una amenaza para sus vidas. No tener electricidad no debería significar que puedes morir. Las personas con discapacidades y sus familias viven en un estado constante de preocupación, y el PR-ERF era una oportunidad para que tuvieran energía solar y baterías que les brindará una estabilidad necesaria. Con la cancelación inesperada del programa, ahora 12,000 familias no tendrán acceso a sistemas solares que podrían darles una mejor calidad de vida e independencia. Estas familias han estado esperando estos sistemas y no deben ser olvidadas”, expuso.

Ángel Ortiz, director ejecutivo del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), resaltó que con los programas se buscaba evitar otra tragedia como la del huracán María en el 2017.

“Tras el paso del huracán María, se estimaron aproximadamente 4,645 muertes, muchas asociadas a la falta de servicios esenciales como la electricidad necesaria para operar equipos médicos. Las familias que atendemos describen cómo, ante desastres y emergencias, la falta de electricidad limita incluso la capacidad de desalojar de manera segura a una persona con discapacidad, particularmente cuando sus condiciones físicas han cambiado con el tiempo. De igual forma, reportan situaciones en las que la falta de energía pone en riesgo tratamientos médicos esenciales, como la necesidad de refrigeración de insulina o el manejo continuo de condiciones de salud”, explicó.

“Para las personas que dependen de la electricidad para sobrevivir, la energía no es un lujo, es una necesidad médica esencial. El no tener acceso a una fuente de energía fiable incrementa significativamente el riesgo de consecuencias graves e irreversibles para las personas con discapacidades”, añadió Ortiz quien fungió como Embajador Solar del DOE.

Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation, pidió a las autoridades dejar la política a un lado y poner a las personas primero.

“Las familias que están perjudicando son en su mayoría residentes de zonas rurales, de edad avanzada, enfrentan apagones constantes y viven con discapacidades y condiciones médicas que requieren electricidad para su manejo. Todavía hay tiempo para que el DOE haga lo correcto y cumpla su compromiso con estas familias, para que ya no tengan que preocuparse de que ellas o un ser querido puedan sufrir o perder la vida durante el próximo apagón. Sabemos que estos sistemas de energía solar y baterías pueden ayudar a brindar seguridad y tranquilidad. El PR-ERF fue creado para salvar vidas, haciendo accesible energía resiliente para quienes más la necesitan”, señaló.

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